De esta forma se agudizan las diferencias entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, luego de que el máximo tribunal decidió reponer en los cargos a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, en una decisión que cayó muy mal tanto en la Casa Rosada como en el bloque oficialista del Senado que había decidido que los magistrados abandonaran los cargo y esperaban que la Corte no tratara el tema.
Ahora la pulseada tiende agravarse, cuando el máximo tribunal deberá tratar temas clave como el recién sancionado impuesto a la riqueza que desde diversos sectores empresarios anunciaron que judicializarán y la disputa por la coparticipación entre el Gobierno nacional y la capital federal.
De este modo, todo indica que los jueces permanecerán en los cargos cuestionados al que fueron trasladado durante el gobierno de Mauricio Macri hasta que se nombre a nuevos jueces titulares.
Por su parte, el juez Daniel Obligado, quien define las condiciones de la detención de Amado Boudou, dio por confirmada la condena de cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone tras el fallo de la Corte Suprema pero, por ahora, el exvicepresidente seguirá en prisión domiciliaria.
El juez Obligado certificó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que desestimó planteos de Boudou, con lo cual su condena por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho quedó firme.
Sin embargo, sobre su arresto, el juez no se expidió y, por el momento, Boudou seguirá preso en su domicilio, tal cual lo decidió meses atrás el mismo magistrado. El juez Obligado recordó que la condena sobre Boudou se agota el 1° de junio de 2024. En medio de la crisis por la pandemia de Covid-19, el ex vicepresidente salió del penal de Ezeiza en abril pasado y desde entonces permanece con prisión domiciliaria. Ahora está en manos de Obligado la suerte del extitular del Senado.
Por el caso Ciccone, Boudou recibió 5 años y 10 meses; José María Núñez Carmona fue condenado a 5 años y 6 meses, en tanto que el empresario Nicolás Ciccone a 4 años y 6 meses por el delito de cohecho activo. Además, Alejandro Vandenbroele fue condenado a 2 años de cárcel; Rafael Resnick Brenner (ex funcionario de la Afip) a 3 años, y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri a 2 años y seis meses.
Pero el fallo de la Corte generó indignación en el oficialismo, en especial en los sectores más vinculados al kirchnerismo. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el titular de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), Hugo Yasky; y el ministro de Desarrollo de Buenos Aires, Andrés Larroque, entre otros, rechazaron el fallo de la Corte Suprema con declaraciones públicas y pronunciamientos en las redes sociales.
«Amado Boudou, como cualquier otro ciudadano, merece que sus derechos no sean pisoteados. La Corte debía hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades», dijo el jefe de Gabinete a través de su cuenta en la red social Twitter.
De Pedro apuntó a «algunos actores que son públicos y conocidos, que tienen que ver con una mesa judicial» y les pidió que «dejen de presionar» al Poder Judicial.
Por su parte, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió en defensa del exvicepresidente Amado Boudou y reclamó que la Justicia para la «persecución política» a través de sus fallos.
«Causas armadas, sentencias truchas, testigos falsos. Nada justo puede resultar de eso. Necesitamos justicia. Basta de persecución política. Se tiene que acabar el lawfare», afirmó Kicillof en su cuenta de Twitter, donde se sumó al pedido «#ConAmadoNo», que se lanzó en apoyo al exvicepresidente en redes sociales.
Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires, Andrés Larroque, también rechazó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena de Boudou por el caso Ciccone y lo consideró «inaudito».
«LA CAUSA ESTA PLAGADA DE IRREGULARIDADES»
«El fallo de la Corte contra Boudou es inaudito» y «evidentemente político», resaltó el funcionario provincial. Según dijo, «la causa contra Boudou está plagada de irregularidades que son públicas y notorias».
«A toda la sociedad y a la Corte le hubiera venido bien revisar todo ese proceso judicial», evaluó el ministro de Axel Kicillof en declaraciones radiales. Y expresó: «A Amado no le perdonan que haya recuperado los fondos de los trabajadores y terminado con un gran negocio».
«Me sumo a las expresiones del gobernador de Buenos Aires (Axel Kicillof), a las del jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) y a un montón de sectores de la sociedad que le ha perdido confianza a un sector del Poder Judicial que parece que usa el Código Procesal en el marco de las cuestiones políticas», señaló De Pedro en declaraciones a la prensa, tras la firma del Consenso Fiscal en el Museo del Bicentenario.
«Nosotros entendemos que los códigos, la Constitución, son para respetar y queremos pedir a algunos actores que son públicos y conocidos, que tienen que ver con una mesa judicial, que dejen de presionar a la Corte Suprema y que dejen de presionar al Poder Judicial», aseveró el funcionario.
El jueves, el máximo tribunal declaró «inadmisible» el recurso presentado por exministro de Economía y dejó así firme su condena por la apropiación de la calcográfica Ciccone, sin considerar el fondo de la cuestión.
La Corte, por unanimidad, desestimó el recurso de queja que presentó la defensa del exvicepresidente, planteando la potestad que otorga el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial para que la Corte pueda rechazar pedidos sin explicación.
La condena de Boudou a 5 años y 10 meses de prisión fue confirmada en septiembre del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal y fue entonces que el exvicepresidente presentó un recurso para que la Corte revocara su condena.
El propio Boudou cuestionó el fallo y consideró que con esa medida el tribunal «se mete en política», al tiempo que apuntó al presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz.
«No hay duda de que la Corte se mete en política con este fallo», afirmó Boudou, que de todas maneras dijo que «lo que se resolvió era algo que podía suponerse». Sostuvo, en tanto, que «es una Corte cuyo presidente ha sido empleado de las grandes corporaciones y aceptó integrarla por decreto».
«Seguramente muchos clientes de Rosenkrantz perdieron plata por mi culpa», subrayó el extitular del Senado. Al cuestionar el proceso judicial que terminó con una condena a 5 años y 10 meses de prisión, Boudou resaltó: «El presidente del tribunal que me condenó fue (Pablo) Bertuzzi, que no siguió el Código Penal sino el Código Electoral. Los tiempos de mi juicio fueron los de las elecciones». «El mismo día que me dictaron sentencia me dieron encarcelamiento inmediato, cosa que no se hacía en juicios similares», recordó el exvicepresidente.
A su entender, «Bertuzzi hizo todo eso» en su contra «y le cobró a (Mauricio) Macri con el cargo de camarista federal». «Lo que me hicieron ya está, pero lo que me preocupa es el ataque feroz contra Cristina», advirtió Boudou en declaraciones radiales.
Al respecto, aseguró que «es un disparate que siga adelante la causa armada de los cuadernos», y consideró que «es gravísimo, pero es una anécdota al lado de los aprietes que hicieron sobre los que iban a declarar», a quienes «les decían que se arrepentían o iban a la cárcel».
También desde sectores sindicales como CTA, se cuestionó el fallo y Hugo Yasky evaluó que «el fallo es aberrante desde el punto de vista jurídico, pero demuestra que el gobierno de los ricos y para los ricos dejó el huevo de la serpiente».
También el Frente de Todos expresó su «preocupación» ante la resolución de la Corte Suprema y dijo que «este fallo de la Corte, sumado a otras graves actuaciones judiciales, como la reciente aceptación de testimonios recogidos bajo presión, pone de manifiesto el sostenimiento del lawfare como instrumento de disciplinamiento y persecución hacia un proyecto político de ampliación de derechos para las mayorías y Ios más vulnerabilizadxs».
«Este fallo de la Corte, sumado a otras graves actuaciones judiciales, como la reciente aceptación de testimonios recogidos bajo presión, pone de manifiesto el sostenimiento del lawfare como instrumento de disciplinamiento y persecución»
Desde las redes sociales, se pronunciaron, además, legisladores como la diputada Cristina Alvarez Rodríguez, dijo que era «preocupante que la Corte Suprema convalide el lawfare y la persecución a Boudou en un fallo sin argumentos, que confirma la injusticia», y le deseó «fuerza» al exvicepresidente.
MARCHA AL PALACIO DE JUSTICIA
En reclamo de esos argumentos que no se brindaron, organismos encabezados por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, ATE Capital y Curas en Opción por los Pobres, que encabeza el padre Francisco «Paco» Oliveira, marcharon pasado el mediodía al Palacio de Justicia para rechazar la decisión con un abrazo simbólico al edificio ubicado a trescientos metros del obelisco.
«No esperaremos que el juez le revoque o no la prisión domiciliaria. La mejor manera de apoyar a nuestro Gobierno nacional y popular es combatiendo el lawfare que tanto daña la democracia», indicaron los organizadores en un comunicado que explicó la iniciativa. Además de las organizaciones mencionadas, adhirieron al abrazo Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, entre otras.
Por su parte, el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli declaró que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a Boudou «priva a los argentinos de saber la verdad».
«Esta actitud de la Corte nos priva, a todos los argentinos, de saber si un exvicepresidente, que fue además ministro de Economía, estuvo bien o mal condenado en esta causa, sobre todo porque es una causa que venía con muchas intromisiones desde el punto de vista mediático, con denuncias de lawfare que involucran al ex ministro de Justicia, con testigos sobornados», sostuvo Parrilli en declaraciones a la prensa.
