Con un nivel de pobreza que en promedio alcanza el 60 por ciento, falta de oportunidades laborales –excepto empleos precarios-, élites que dominan la economía desde el siglo XIX, índices de desarrollo humano similares a los de aquellos países africanos más postergados, y un nivel de violencia cotidiana que recuerda a la Colombia dominada por los cárteles de Medellín y Cali, los países del triángulo norte de Centroamérica, es decir, Honduras, El Salvador y Guatemala, hoy en día se debaten entre rebeliones populares, como la guatemalteca, masivos pedidos de asilo político (hondureños y salvadoreños están en el top 10, según la ONU) y, como si fuese poco, terriblemente castigados por la Covid-19 y por dos huracanes que arrasaron la zona con 15 días de diferencia.
Motivos no faltan para que familias, hombres, mujeres y hasta adolescentes y niños se pongan en manos de traficantes de personas con el objetivo de atravesar México y entrar a los Estados Unidos, donde a los más chicos –no obstante- les esperan la escuela de día y duras jornadas laborales de noche, un fenómeno que está convirtiendo el sueño americano en una suerte de continuidad de la pesadilla de la que intentan escapar (ver la nota ¿El nuevo sueño americano?).
Un informe reciente del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) indica que en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, antes de la pandemia de Covid-19 había casi 4,5 millones de personas que sufrían inseguridad alimentaria y nutricional, cifra que a causa del coronavirus se estima que se duplicó.
Como se dijo, Guatemala está experimentando una rebelión popular al estilo de la chilena -prepandemia-, aunque en este caso se exige la renuncia del presidente, Alejandro Giammattei. La protesta se nutre principalmente de jóvenes y universitarios, y hace poco tuvo un pico de tensión con el incendio de parte del Parlamento. Como botón de muestra de la tragedia del triángulo, desde ese país habló para el sitio Nodal la joven activista indígena, feminista y periodista comunitaria Lucía Ixchiu (de ascendencia quiché-maya): “Somos actualmente uno de los países más pobres y desiguales a nivel mundial. Más del 80 por ciento de la población vive en la pobreza extrema, la pandemia y las consecuencias de los huracanes acrecentaron la violencia. Todo esto tiene que ver, por un lado, con que hay una concentración de la riqueza en una élite económica oligárquica colonial que se mantiene vigente y, por el otro, con que las relaciones en Guatemala son a partir de un estado-finca, es decir, una élite ordena y manda absolutamente en todo y no hay una real democracia, no hay un Estado independiente ni un estado de derecho que defender, sino al contrario: todavía hay relaciones de esclavitud, violencia sexual y niñas que son madres”.
LAS MARAS
Pero es imposible poner en contexto la pesadilla del triángulo centroamericano sin hablar de las Maras, pandillas que nacieron en Estados Unidos y que ahora dominan la vida de millones y millones de habitantes de los tres países en cuestión.
El periodista Carlos Martínez, del periódico El Faro de El Salvador, explica que mara es un término coloquial en América Central; significa grupo de amigos.
En el extenso trabajo titulado “El salario del miedo: maras, violencia y extorsión en Centroamérica”, el International Crisis Group, una ONG que “trabaja para prevenir, gestionar y resolver conflictos mortales” (según la definición institucional), se explica que “nacidas tras la guerra civil (en los años ‘80) e impulsadas por las deportaciones masivas desde Estados Unidos (a los países de origen), las Maras centroamericanas son responsables de “actos de violencia brutal, abusos crónicos de mujeres y, más recientemente, del desplazamiento forzado de niños y familias”.
Con un número estimado de 70.000 miembros sólo en El Salvador –más que toda la policía y el ejército juntos-, sus integrantes, jóvenes tatuados según el estereotipo popular, representan una de las principales fuentes de ansiedad pública en la región.
“Si bien no son los únicos grupos que se dedican a la violencia criminal, las Maras han contribuido a elevar las tasas de homicidio en Centroamérica hasta niveles sin igual en el mundo: cuando las pandillas declararon una tregua en El Salvador (a través de un supuesto acuerdo con el actual presidente, Nayib Bukele, hecho muy criticado por la mayoría de la población), el número de homicidios se redujo a la mitad de la noche a la mañana. Pero lo que constituye el sustento criminal de las Maras, y su negocio ilegal más extendido, es la extorsión. Mediante el acoso a los negocios locales a cambio de protección, estos grupos reafirman su control sobre los enclaves urbanos más pobres, pagando sueldos miserables a sus miembros”, detalla el informe.
El periodista de El Faro, Carlos Martínez, asegura que “un pandillero obtiene menos ganancia económica que si trabajara en un Mc Donald’s”. ¿Entonces por qué lo hace? Por un lado, la búsqueda de los jóvenes de sentido de pertenencia, identidad y “prestigio” en países donde las expectativas de futuro no superan el día de mañana. Pero además, no ser de una mara implica estar en contra de ella, con el riesgo que ello significa para la propia vida y la de los familiares.
Sobre el origen estadounidense de las maras, Martínez explica que “durante la década del ‘90, los presidentes George Bush y Bill Clinton emprendieron una serie de deportaciones masivas de migrantes centroamericanos acusados de delinquir en los Estados Unidos. En esas oleadas de deportados llegaron a Centroamérica los primeros pandilleros angelinos (de Los Angeles), particularmente los miembros de la Mara Salvatrucha y de otra antigua pandilla que fue la primera en admitir a centroamericanos en sus filas: la Eigtheen Street Gang o Barrio 18. Ambas organizaciones encontraron una región muy fértil para prosperar. Los tres países que componen el triángulo norte del subcontinente, caracterizados históricamente por una estructura social profundamente desigual, recién salían de sangrientas guerras civiles que dejaron a los estados y al tejido social en los huesos”.
“La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 se expandieron en Guatemala, Honduras y El Salvador en los años siguientes. Consiguieron reclutar a decenas de miles de jóvenes y adolescentes marginados, a quienes ofrecieron un sentido de pertenencia, un modo de vida, una identidad y la posibilidad de probar su valía en una guerra para lo que no hacía falta creer en nada”, a diferencia de los grupos guerrilleros que habían protagonizado la guerra civil, como el Frente Farabundo Martí de El Salvador, originalmente marxista-leninista y hoy reconvertido en un partido político de tendencia nacionalista de izquierda.
El redactor de El Faro añade que “en la actualidad, ambas pandillas controlan gran parte del territorio de estos países a través del uso de la violencia y la intimidación, y sus filas siguen nutriéndose cada día de nuevos aspirantes, en su mayoría niños de entre 12 y 16 años”, o sea, la misma franja etaria de quienes huyen a EEUU a buscar un sueño, para encontrarse con trabajos de hasta 12 horas de noche y madrugada en fábricas de todos los rubros.
Ni el Barrio 18 ni la Mara Salvatrucha son cárteles de la droga, aclara el especialista. “Algunos medios de comunicación encienden alarmas sobre la posible vinculación de las pandillas con los grandes cárteles mexicanos, pero no existe ningún indicio sólido hasta la fecha de que haya alguna relación orgánica con ninguna organización de tráfico de drogas”, apunta. “Su principal actividad económica es la extorsión. En un principio extorsionaban a pequeños comercios, pero al día de hoy este delito afecta a empresas de todos los niveles: a los autobuses del transporte público, a los distribuidores de Coca Cola, a los restaurantes y discotecas de los barrios exclusivos y a un casi total etcétera”, afirma Martínez.
La investigación de Crisis Group señala que un posible camino hacia la pacificación “requiere de un marcado cambio en las actuales políticas. Desde que la inseguridad relacionada con las Maras se hizo visible a principios de la década del 2000, los gobiernos de la región han respondido con medidas punitivas que reproducen los populares estigmas y prejuicios del conflicto armado interno. En programas como Mano Dura en El Salvador, el Plan Escoba en Guatemala o Tolerancia Cero en Honduras, el encarcelamiento masivo, el endurecimiento de las condiciones en los penales, y el recurrir a ejecuciones extrajudiciales proporcionaron una variada gama de castigos. Los efectos, no obstante, distan mucho de las expectativas. Y es que las diversas formas de represión no han tenido en cuenta las profundas raíces sociales de las maras, que brindan identidad y estatus a jóvenes que se sienten fuera de lugar en sus propias sociedades y que ‘nacen muertos’”. Es más, en las cárceles, las Maras mandan y operan los negocios externos con total impunidad.
“Capturar a todos los mareros, o invitar a las Maras a una negociación abierta, representan un par de extremos que han demostrado ser infructuosos en el triángulo norte. Estos grupos están arraigados en la sociedad, y a la vez son sus depredadores, víctimas y perpetradores. Las políticas para lidiar con las Maras deben reconocer su capacidad de adaptación social y encontrar formas de reducir los daños que sin duda causan, teniendo cuidado de no tacharlas como enemigas del pueblo”, añade el trabajo.
¿Una salida a la colombiana como el acuerdo de paz con las FARC? Tres especialistas salvadoreños consultados al respecto –un pastor evangélico, un ex jefe de Policía y actual diputado opositor a Bukele y un académico- opinaron que si bien hoy en día es imposible gobernar cualquiera de estos países sin dialogar con las maras, “la población no quiere negociar; no cambia inseguridad por una salida negociada. La mayoría de la gente quiere castigar a las maras”.
