El concepto de “Lawfare” utilizado por Cristina Fernández de Kirchner en castellano significa “guerra jurídica”, parecería que el término en sí mismo es una contradicción, ya que alguno pensará que si es guerra no puede ser jurídica, pero no, el término no es una contradicción sino más una descripción de un concepto, o mejor dicho, de una nueva forma de hacer política en América Latina. La guerra jurídica podríamos decir, parafraseando aquella famosa frase, que es la continuidad de la política por otros medios. Es cierto también que no es una práctica reciente, pero lo novedoso es que en los últimos años tuvo una sistematización y una intensidad que merece nuestra atención.
El término en inglés fue usado por el ejército de EE.UU que lo conceptualizó como una herramienta de táctica político-militar. El término “Lawfare” aparece en un libro del año 1999 sobre estrategia militar y se lo denomina como un método de guerra no convencional en donde la ley es usada como medio para conseguir un objetivo militar. Primera conclusión: la guerra jurídica es una herramienta política.
En la práctica funciona básicamente como una forma de excluir de la arena política, o como condicionante de Gobiernos populares elegidos democráticamente, a dirigentes, candidatos políticos, militantes sociales o funcionarios que puedan implementar políticas que vayan en disputa contra intereses económicos financieros de los grandes centros de las finanzas internacionales.
El capital financiero internacional para poder implementar esta persecución política necesita necesariamente alinear a sus intereses a dos factores de poder local: sectores de la justicia y de la clase política que estén dispuestos a llevar a cabo en nuestros países Latinoamericanos esta “guerra jurídica”. Tenemos entonces una segunda conclusión; es una herramienta política del capital financiero mundial contra determinados opositores políticos que aplican políticas populares y de ampliación de derechos para las mayorías.
Ya sabemos lo que significa y cuáles son sus objetivos, lo que falta saber es cómo funciona en concreto, en la realidad propiamente dicha y cuáles son sus métodos. Veamos.
Para excluir a dirigentes politicos de la participación política nada mejor que aplicar eso que el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva recientemente definió como la “muerte política y jurídica”. Consiste esencialmente en desprestigiarlos ante la sociedad mediante el armado de causas judiciales iniciadas con denuncias de delitos inexistentes o forzando hechos que puedan encuadrar en algunos de los delitos establecidos en nuestro Código Penal. Cómo es una herramienta política sus objetivos no tienen que ver con la búsqueda de la verdad mediante un proceso penal, por lo tanto no interesa si las denuncias son reales, inventadas o dudosas.
Cuando me refiero a “armado” de causas judiciales es debido al hecho que el “lawfare” para poder funcionar y cumplir con sus objetivos debe ir contra las garantías constitucionales, el debido proceso penal y en definitiva el propio estado de derecho. Esta “demolición” de la legalidad se expresa en: pruebas falsas, testigos encubiertos de dudosa procedencia, arrepentidos que fueron obligados a arrepentirse y que luego se arrepintieron de haberse arrepentido (el absurdo es real), condenas sin fundamentos, espionajes ilegales contra los enemigos políticos, llamados múltiples a indagatorias en el mismo momento para entorpecer el derecho de defensa, y otras tantas formas de ir demoliendo la legalidad.
El lawfare funciona necesariamente “llevándose puesto” el estado de derecho.
Pero todo este andamiaje llevado a cabo por los dos actores principales que aplican la demolición que son, como ya dijimos, ciertos sectores del poder judicial y de la clase política, necesita de una tercera “pata” fundamental para el desprestigio social del enemigo: los medios de comunicación.
Sabemos que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad y que la realidad que construyen ciertos medios de comunicación es una ficción que siempre responde a intereses económicos y políticos que son invisibles al resto de la sociedad.
Para la “muerte política” se necesitan montar grandes shows mediáticos y publicitarios donde el enemigo político objeto del lawfare quede sin posibilidad alguna de defensa. Para esto la desinformación constante sobre aquellos procesos judiciales “armados”, negar la vulneración al estado de derecho y condenar mediáticamente antes de una condena formal se torna indispensable. Sin el poder de fuego de los aparatos mediáticos la guerra jurídica sería imposible de llevarse a cabo. Como tercera y última conclusión tenemos que: los sectores hegémonicos del aparato mediático son una parte fundamental del lawfare.
Lo que debe quedar en claro es que la aplicación de esta guerra juridica en America Latina en definitiva daña el estado de derecho y con ello los procesos democráticos y la participación popular que tanto le han costado a nuestros pueblos recuperar, mantener y fortalecer.
