Jair Messias Bolsonaro podría convertirse en el primer jefe de Estado llevado a juicio por crímenes de lesa humanidad a raíz del manejo de la pandemia en la República Federativa de Brasil. Un exhaustivo estudio realizado por académicos y juristas sobre 3.049 “normas federales creadas en 2020” por el mandatario -publicado hace horas y en exclusiva por el periódico español El País- concluye que el gobierno de ese país no sólo no hizo nada por combatir el coronavirus sino que favoreció su propagación obstaculizando medidas de cuidado por parte de gobernadores y alcaldes, con el objetivo de que la economía siga su curso sí o sí.
Hoy por hoy, Brasil supera las 212.000 muertes a causa de la Covid-19, con una situación de desmadre absoluto en Manaus (o Manaos), capital del Estado de Amazonas, así como hospitales colapsados en decenas de ciudades, sin normas restrictivas claras y con un plan de vacunación errático, sin siquiera fechas precisas.
En uno de los párrafos más impactantes del informe que realizaron la Universidad de San Pablo y la organización de juristas Conectas Derechos Humanos -una de las más prestigiosas de Latinoamérica- se asegura que “existe intención, existe un plan y existe una acción sistemática en las regulaciones gubernamentales y en las declaraciones de Bolsonaro (…) Los resultados disipan la persistente interpretación de que parte del Gobierno federal es incompetente y negligente a la hora de gestionar la pandemia. Muy al contrario, la sistematización de los datos, aunque incompletos por la falta de espacio en la publicación para tantos eventos, revela el compromiso y la eficacia de la acción del Gobierno federal para difundir ampliamente el virus en el territorio nacional, declaradamente con el objetivo de reanudar la actividad económica lo antes posible y a cualquier precio”.
La espeluznante afirmación se basa en el estudio, como se dijo, de más de 3.000 decretos, resoluciones y otras medidas que adoptó el gobierno del ultraderechista presidente de Brasil desde el momento en que comenzó la pandemia.
“Esperamos que esta línea del tiempo ofrezca una visión global de un proceso que vivimos de forma fragmentada y a menudo confusa”, indica el estudio.
Esa “línea del tiempo” realizada por los académicos y juristas tiene como sustento “las normas creadas por el Gobierno de Jair Messias Bolsonaro con relación a la pandemia de Covid-19 desde marzo de 2020” hasta el 16 de enero último.
“El Centro de Investigaciones y Estudios de Derecho Sanitario de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo (USP) y Conectas Derechos Humanos, una de las más respetadas organizaciones de justicia de Latinoamérica”, publicó hoy el diario El País de España, “han recopilado y desmenuzado las normas federales y estatales referentes al coronavirus y han producido un boletín llamado ‘Derechos en la pandemia: mapeo y análisis de las normas jurídicas que dan respuesta a la Covid-19 en Brasil’. Y aseguran: “nuestro estudio ha revelado la existencia de una estrategia institucional de propagación del virus, promovida por el Gobierno brasileño liderado por el presidente de la República”.
Se analizan “ordenanzas, medidas provisionales, resoluciones, instrucciones normativas, leyes, decisiones y decretos del Gobierno federal, que, junto con la recopilación de las declaraciones públicas del presidente, dibujan el mapa que ha convertido a Brasil en uno de los países más afectados por la Covid-19”.
Y luego resaltan que “al contrario de otras naciones del mundo (la república) todavía no tiene una campaña de vacunación con un cronograma fiable”.
“No es posible medir cuántas de las más de 212.000 muertes de brasileños podrían haberse evitado si, liderado por Bolsonaro, el Gobierno no hubiera llevado a cabo un proyecto de propagación del virus. Pero es razonable afirmar que muchas personas tendrían hoy a sus madres, padres, hermanos e hijos vivos si no existiera un proyecto institucional del Gobierno brasileño para diseminar la Covid-19”, dice en un tremendo párrafo.
Desde 90lineas.com, días atrás nos preguntamos si los líderes mundiales que subestimaron o incluso negaron la pandemia algún día pagarían por una gran cantidad de fallecimientos que se produjeron y pudieron, muy probablemente, evitarse. Fue en la nota ¿Quién paga el pato, Donald?, que evaluaba la “no política” del saliente lider estadounidense Donald Trump, que se fue de la presidencia dejando más de 400.000 muertos y un estado de anarquía absoluta en distintos estados y ciudades -como California y Los Angeles-, donde en los hospitales llegaron a pedirles a los responsables de las ambulancias que no trasladen a los centros de salud a personas que tengan muy pocas posibilidades de sobrevivir, a raíz de que no cuentan con espacio ni elementos -oxígeno, principalmente- para asistir a todos. En ese contexto, parece ser que en Brasil han apuntado en ese sentido.
Allí, los académicos y juristas concluyeron que “la mayoría de las muertes serían evitables mediante una estrategia de contención de la enfermedad, lo que constituye una violación sin precedentes del derecho a la vida y del derecho a la salud de los brasileños”. Y esto ha ocurrido “sin que se responsabilice a los gestores implicados, a pesar de que instituciones como el Supremo Tribunal Federal y el Tribunal de Cuentas de la Unión han señalado, innumerables veces, la disconformidad con el ordenamiento jurídico brasileño de conductas y omisiones conscientes y voluntarias de los gestores federales”. También destacan “la urgencia de discutir con profundidad qué representen crímenes contra la salud pública, crímenes de responsabilidad y crímenes de lesa humanidad durante la pandemia de Covid-19 en Brasil”.
NOTICIAS FALSAS
La impactante revelación de El País de España indica que “los actos y discursos de Bolsonaro son conocidos, pero acaban diluyéndose en el día a día, alimentados por la producción de factoides y noticias falsas, en el que la guerra de odio también es una estrategia para encubrir la consistencia y persistencia del proyecto, que avanza mientras la temperatura se mantiene alta en las redes sociales. La publicación causa conmoción y malestar al sistematizar la producción explícita de maldades que Bolsonaro y su Gobierno han puesto en práctica durante casi un año de pandemia. Uno de los principales méritos del estudio es, precisamente, articular las distintas medidas oficiales y los discursos públicos del presidente en la línea del tiempo. De este meticuloso análisis surge el plan, con todas sus fases debidamente documentadas”.
“También se hace explícito contra qué poblaciones se concentran los ataques. Además de los pueblos indígenas, a los que Bolsonaro niega hasta el agua potable, hay una serie de medidas adoptadas para impedir que los trabajadores puedan protegerse de la Covid-19 y se aíslen. El Gobierno extiende el concepto de actividades esenciales incluso a los salones de belleza, y busca que a varios gremios se les anule el derecho a la ayuda de emergencia de 600 reales (110 dólares) determinada por el Congreso. A la vez, busca implantar un doble rasero para los profesionales de la salud: Bolsonaro veta la totalidad del proyecto que prevé indemnizaciones económicas para aquellos trabajadores que queden incapacitados como consecuencia de su actuación para contener la pandemia y trata de eximir a los funcionarios de cualquier responsabilidad por actos y omisiones en la lucha contra la Covid-19. En resumen: se desestimula el trabajo duro y arriesgado de prevención y lucha en una pandemia, y se estimula la omisión”.
Luego se puntualiza que “reteniendo recursos destinados a la Covid-19, el Gobierno perjudica la asistencia a los enfermos en los sistemas sanitarios públicos estatales y municipales”. Además, “la guerra contra gobernadores y alcaldes que intentan implementar medidas para evitar la propagación del virus es constante”.
“Por medio de vetos, Bolsonaro anula incluso las medidas más básicas, como la obligatoriedad de llevar mascarilla en los establecimientos que tienen autorización para funcionar. Muchas de sus medidas y vetos después los anula el Supremo Tribunal Federal o el propio Legislativo”. En este punto, el estudio muestra algo clave: hasta qué punto la situación en Brasil podría ser aún más trágica si el Supremo Tribunal Federal y otras instancias no hubieran detenido varias de las medidas de propagación del virus que creó el Gobierno. A pesar de la fragilidad que han mostrado las instituciones y la sociedad, es visible el esfuerzo de parte de los protagonistas para intentar anular o neutralizar los actos de Bolsonaro. Es posible hacer el ejercicio de proyectar cuánto podrían haber hecho todos estos esfuerzos, sumados y asociados a un Gobierno dispuesto a prevenir la enfermedad y luchar contra el virus, para evitar las muertes en un país que tiene un gran sistema sanitario público. En cambio, Bolsonaro produjo una guerra en la que la mayor parte de la energía de las instituciones y de la sociedad organizada se disipó para reducir el daño que produjeron sus acciones, en lugar de centrarse en la lucha contra la mayor crisis sanitaria en un siglo.
“Casi un año después de que surgiera el primer caso de Covid-19 en Brasil, queda por ver si la sociedad y las instituciones que no son cómplices de Bolsonaro serán lo suficientemente fuertes para, frente al mapa de acciones institucionales de propagación del virus, detener finalmente a los agentes de diseminación de la enfermedad. La utilización de la máquina del Estado para promover destrucción ha sido determinante para producir la realidad actual, en la que se cavan más de mil sepulturas al día para albergar a personas que podrían estar vivas”.
“En el cajón del presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, hay más de 60 peticiones de impeachment (juicio politico). En la Corte Penal Internacional, al menos tres comunicaciones relacionan el genocidio y otros crímenes de lesa humanidad con acciones de Bolsonaro y miembros del Gobierno relacionadas con la pandemia. Las próximas semanas serán decisivas para que los brasileños digan quiénes son y qué responderán a las generaciones futuras cuando les pregunten dónde estaban cuando tantos murieron de Covid-19”.
