El expresidente Carlos Menem llevó adelante un plan neoliberal de reformas estructurales con apertura económica, desindustrialización, desregulación comercial, liberalización financiera y fragmentación de sectores asalariados que impactó en la estructura económica y social, a la vez que generó un fuerte incremento de los niveles de desocupación y pobreza.
Además del déficit comercial y fiscal, durante su gobierno aumentó el nivel de endeudamiento y se produjo una creciente concentración y centralización del ingreso.
A contramano de la «Revolución Productiva» y «Salariazo» que pregonó durante la campaña electoral de 1989, Menem -tras su asunción- dio un «giro de 180 grados» en relación a las tradicionales políticas del peronismo.
Las medidas profundizaron un proceso de desindustrialización de los sectores asalariados iniciado por el régimen militar; mientras la apertura comercial y financiera promovió un ingreso masivo de inversiones extranjeras y un proceso de importación que, junto al incremento de las tasas de interés, terminó generando un proceso de creciente desindustrialización.
Al mismo tiempo, con el pretexto de reducir costos y aumentar la productividad, las políticas de flexibilización laboral terminaron pauperizando a vastos contingentes sociales.
El proceso de privatización de las empresas públicas, iniciado en 1990 con Aerolíneas Argentinas y Entel, terminó promoviendo un crecimiento exponencial de los índices de desocupación, subocupación y pobreza.
Al mismo tiempo que las políticas de flexibilización perjudicaron a los trabajadores, y beneficiaban a las empresas, se implementaron medidas como la reducción de los aportes patronales y el establecimiento de aumentos salariales según productividad.
Entre 1991 y 1995 los efectos recesivos de las reformas fueron suavizados por el incremento del consumo y la estabilización que generó la Convertibilidad, el plan que Domingo Cavallo puso en marcha en abril de 1991 desde el Ministerio de Economía, que tuvo como principal eje el «uno a uno», la paridad entre el peso y el dólar.
A partir de 1995, con la denominada Crisis del Tequila -que lleva ese nombre porque se generó en México-, los indicadores económicos y sociales comenzaron a desplomarse a niveles récord.
Así, en mayo de 1995 la desocupación creció hasta 18,5% y se incrementó fuertemente el déficit fiscal y comercial.
Durante los primeros tiempos, el gobierno Menem no logró controlar la inflación -incluso soportó dos picos hiperinflacionarios- en medio de las gestiones que llevaron al frente del Ministerio de Economía Miguel Ángel Roig (con solo cinco días al frente del cargo debido a su súbito fallecimiento) y Néstor Rapanelli (ambos a partir de un acuerdo con el Grupo Bunge & Born.
Pero luego tomó la conducción del Palacio de Hacienda Antonio Ermán González, hasta que en 1991 asumió Cavallo y puso en marcha el Plan de Convertibilidad.
Para incentivar el ingreso de inversiones externas, el Gobierno se vio obligado a profundizar las políticas de privatización de empresas públicas, apertura comercial y financiera, desregulación y endeudamiento externo.
La Convertibilidad logró controlar la inflación pero a costa de la sobrevaluación cambiaria, que incentivó el ingreso masivo de inversiones e importaciones y fomentó expectativas favorables, además de un fuerte incremento del crédito para consumo que permitió reactivar la economía.
Los índices inflacionarios cayeron a niveles históricamente bajos, lo que redundó en beneficios sociales para los sectores más desprotegidos, mientras que el Producto Bruto Interno (PBI) creció a tasas de 8% promedio durante el período 1991-1995.
Por otra parte, el auge de consumo y la reducción de las tasas de interés permitió que sectores medios y medios-bajos tuvieran acceso al crédito para adquirir productos importados o viajar al exterior.
Aunque la estabilización monetaria y el auge del consumo lograron estabilizar la economía, sólo podían sostenerse a partir del ingreso de divisas del exterior; y, con las crisis del Tequila en 1994, la de Rusia en 1998 y la de Brasil en 1999, entró en crisis.
Para mantener la Convertibilidad, finalizadas las privatizaciones, el gobierno de Menem apeló al endeudamiento externo.
El consumo, la fuga de capitales, el pago de deuda y la remisión de ganancias de las empresas privatizadas a sus casas matrices generaron un déficit comercial y fiscal que fue insostenible en el tiempo.
INDULTOS FALLIDOS
También fueron alcanzados por los decretos de indulto los militares carapintadas que se sublevaron contra el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín en 1987 y 1988 y el exministro de Economía del régimen cívico-militar, José Alfredo Martínez de Hoz, a pesar de que la causa por la que estaba siendo investigado no tenía sentencia firme, lo que implicó una violación a la atribución presidencial de otorgar el perdón.
En las primeros semanas de su gobierno, que se inició de forma anticipada el 8 de julio de 1989, Menem anunció su intención de alcanzar una pacificación a través de la herramienta del indulto presidencial.
Esa decisión causó el categórico rechazo de los organismos de derechos humanos y de los familiares de las víctimas de la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1982, y también de la UCR, el principal partido opositor, que repudiaba el perdón a los militares que se habían sublevado durante la presidencia de Raúl Alfonsín y a los exjerarcas del régimen.
Los primeros meses de 1989 estuvieron signados por la hiperinflación, los saqueos a supermercados en el final de la gestión de Alfonsín, las corridas cambiarias y el endeudamiento.
El 9 de septiembre, cerca de 500 mil personas marcharon por la calles del centro de Buenos Aires y en Plaza Congreso se realizó un acto en el cual familiares de desaparecidos leyeron una carta a Menem en la cual le pedían que no firmara los indultos.
También resultó beneficiado el general Carlos Guillermo Suárez Mason y los carapintadas amotinados de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli, entre ellos el coronel Mohamed Alí Seineldín y el teniente coronel Aldo Rico.
Esta decisión pareció consagrar la denominada «Teoría de los dos demonios» que equiparaba los crímenes de la represión ilegal cometidos por la dictadura con las acciones de las organizaciones armadas en los años 70.
A pesar de haberse beneficiado con los indultos promulgados en octubre de 1989, los carapintadas volvieron a poner a prueba el orden democrático el 3 de diciembre de 1990, cuando se alzaron bajo la dirección de Seineldín, un militar nacionalista católico con el que Menem había coqueteado políticamente antes de asumir.
La última rebelión carapintada se produjo un día antes de la llegada al país del entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, y fue sofocada a sangre y fuego por el gobierno de Menem, que conocía de antemano los planes de los sublevados.
A pesar del rechazo que habían generado los primeros indultos, Menem concretó la segunda tanda el 30 de diciembre de 1990, con otros seis decretos.
Recuperaron así la libertad Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini, jerarcas militares que integraron las juntas y que habían recibido duras condenas por violaciones a los derechos humanos en el histórico juicio de 1985.
El reclamo de los organismo de derechos humanos por «juicio y castigo a los culpables» no cesó durante los años de Menem y tras años de lucha se logró en 1998 la apertura de investigaciones por apropiaciones de niños llevadas a cabo en la dictadura.
Videla y otros exjerarcas militares volvieron entonces a ser detenidos.
Terminado el gobierno de Menem, y pese a que la vigencia de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida e Indultos anulaban la posibilidad de un juzgamiento a los autores de los delitos de lesa humanidad, se iniciaron en 2000 los «procesos de la verdad» que tuvieron la finalidad de conocer el destino de los detenidos-desaparecidos durante los años del terrorismo de Estado.
En 2003, el Congreso derogó las leyes de Punto Final, Obediencia debida y los indultos, previa declaración de inconstitucionalidad de parte de jueces, entre ellos Gabriel Cavallo.
Mientras se iniciaron los juicios de lesa humanidad, comenzó en paralelo un largo recorrido judicial que llevó a la Cámara de Casación Penal a ratificar los fallos de primera instancia contra los indultos de Menen hasta que, en 2010, la inconstitucionalidad de los indultos quedó firme por un fallo de la Corte Suprema.
CAUSAS JUDICIALES
La gestión de más diez años de gobierno de Carlos Saúl Menem derivó en una serie de denuncias y resonantes investigaciones judiciales, aunque en la mayoría de las causas el exmandatario no llegó a recibir condenas.
La venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, por la que pasó una breve temporada detenido, la explosión de la fábrica militar de Río Tercero y las supuestas coimas negociadas en el plan de privatizaciones fueron otros de los problemas que se acumularon en los tribunales.
Si bien tuvo muchas denuncias en su contra, Menem solo fue condenado por el pago de sobresueldos a funcionarios de su gobierno y por la venta del predio de Palermo a la Sociedad Rural, en 1991, mientras que en el caso de la explosión de Rio Tercero aún estaba pendiente un fallo de la Corte sobre el inicio del juicio.
Menem fue absuelto en los juicios por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y por el encubrimiento por el atentado a la Amia.
La explosión en la fábrica militar de Río Tercero (Córdoba) en 1995, dejó siete muertos, centenares de heridos y una ciudad destruida.
Según la investigación judicial, el objetivo de la explosión fue ocultar el faltante de armas producto del envío ilegal a Ecuador y Croacia.
Denuncias por sobreprecios
Durante su gestión se generaron diversas denuncias por sobreprecios en las privatizaciones y pedidos de coimas en los procesos de licitaciones.
«Yo robo para la corona» fue la frase que en mayo de 1990 quedó en la historia atribuida al entonces jefe del bloque peronista, José Luis Manzano, que de esta forma se refirió a los pedidos de coimas que se realizaban a las empresas que buscaban ganar alguna licitación de las empresas públicas sometidas a privatización.
A fin de ese mismo año, la empresa estadounidense Swift-Armour dio a conocer que altos funcionarios del Gobierno nacional le habían pedido una coima para autorizar la instalación de una planta.
Esta situación generó la acusación de parte del embajador de Estados Unidos, Terence Todman, un diplomático de fuerte influencia en su país, y terminó en la la renuncia del cuñado del entonces presidente, Emir Yoma, y del ministro de Economía, Antonio Erman González, quien dejó el cargo a Domingo Cavallo, que hasta ese momento ejercía como canciller.
También la jefa de ceremonial, Amira Yoma, estuvo vinculada al escándalo conocido como Yomagate, donde se denunciaba el tráfico de valija procedentes de Nueva York con dólares para el blanqueo en operaciones financieras e inmobiliarias en el país.
Menem construyó una mayoría automática en la Corte Suprema, al lograr aprobar la ley para ampliar de cinco a nueve miembros su integración. Al máximo tribunal llegaron hombres de confianza de su hermano Eduardo Menem y del jefe de la Secretaria de Inteligencia (SIDE), Hugo Anzorreguy.
La Corte de la «mayoría automática» fue presidida a partir de 1993 por Julio Nazareno, un exsocio del bufete de Eduardo Menem en La Rioja, y el vice fue Eduardo Moliné O’Connor, cuñado del entonces jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, ambos desplazados en 2003.
Tras el cambio de la composición de la Corte Suprema realizada durante el gobierno de Néstor Kirchner, Menem ya no tenía esa protección del alto tribunal y la justicia condenó al exmandatario por los sobresueldos pagados a funcionarios, por la venta del predio de Palermo de la Sociedad Rural, luego estatizado durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, en tanto quedó pendiente la resolución en el caso de la explosión de Rio Tercero.
