Télam.- El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, procesó este viernes a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por maniobras de espionaje ilegal desplegadas contra políticos, gremialistas, dirigentes sociales y periodistas, como también sobre personas detenidas en el penal de Ezeiza durante el gobierno de Mauricio Macri.
El magistrado procesó también a otras 36 personas imputadas por las maniobras de inteligencia prohibida, entre los que se encuentran el extitular del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el gobierno de Cambiemos, Emiliano Blanco, exagentes de la AFI de distinta jerarquía.
A los exjefes de la AFI el magistrado trabó embargos sobre sus bienes hasta cubrir la suma de ocho millones de pesos, según consta en el fallo al que accedió Télam.
La decisión de Auge se produjo luego de que la Cámara Federal porteña, que días atrás dispusiera el paso de la causa a los tribunales federales de Comodoro Py, le devolviera el expediente hasta tanto se trate un recurso extraordinario presentado por el abogado Carlos Beraldi, en representación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Para el juez Auge, hay elementos para procesar a Arribas y Majdalani como responsables “de dar las órdenes de practicar acciones de inteligencia ilegal” a 42 personas entre las que están la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el sindicalista Hugo Moyano y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
La decisión de Auge se sustenta en el criterio de los fiscales, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes antes del inicio de la feria judicial, habían requerido que Arribas y Majdalani fueran procesados junto a otros 36 imputados entre los que también estaba la exempleada del área de Documentación Presidencial durante el Gobierno de Macri, Susana Martinengo, quienes el viernes resultaron procesados.
«Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en su calidad de máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, fueron los jefes de la organización y los responsables de conformar una estructura dentro de la agencia, dedicada a practicar acciones de inteligencia ilegal sobre las víctimas», habían dicho los fiscales.
«Con distintos roles, valiéndose de su calidad de funcionarios públicos, los imputados utilizaron la infraestructura y los recursos del Estado Federal, en especial desde algunas dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, como la Agencia Federal de Inteligencia y el Servicio Penitenciario Federal, y el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, en particular el Servicio Penitenciario Bonaerense, para la realización de las conductas mencionadas, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones territoriales, tanto en la Ciudad Autónoma como en la provincia de Buenos Aires», sostuvieron.
En aquel mismo dictamen de más de 1.000 páginas, los fiscales habían indicado que correspondía dictarle la falta de mérito al secretario privado de Macri, Darío Nieto, tras considerar que no se habían encontrado elementos suficientes para reclamar que se lo procesara y el juez lo concedió.
Sin embargo, se investiga si Nieto fungió como canal alternativo para que el producto del espionaje ilegal aterrizara en manos del expresidente.
La investigación
En la investigación se recogieron pruebas y testimonios que dan cuenta de que la exsubdirectora de la AFI, Majdalani, le ordenó al exjefe de Operaciones Especiales, Alan Ruíz, (ahora también procesado) la colocación dispositivos para captación de imágenes y voces en celdas, oficinas, sala de abogados y espacios comunes de la Alcaidía Departamental 3 de La Plata, «Melchor Romero», dependiente del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Para los investigadores, el grupo que recopilaba la información de manera ilegal, fue elegido y armado específicamente para esa tarea: un dato que surge de los testimonios recabados en el expediente es que eran denominados por los espías de carrera como «los externos» y, en su mayoría, venían de trabajar en la Policía de la Ciudad.
El grupo primeramente fue coordinado por el director operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, con trayectoria dentro de la Escuela Nacional de Inteligencia, y luego por Ruiz, quien provenía del Ministerio Seguridad de la Nación y fuera contratado por Arribas y Majdalani.
Sobre el espionaje a personas privadas de la libertad, los fiscales escribieron que «se utilizaron distintas dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF), principalmente, la Dirección Principal de Análisis de la Información, a cargo de Cristian Suriano, y su segundo, Juan Carlos Silveira, junto a Sebastián Siri, quienes dispusieron y orientaron los recursos técnicos y humanos, para concretar uno de los circuitos que permitieron la obtención, rápida, segura y efectiva de la información vedada por ley, la que, al menos en una parte sustancial, terminó luego en manos de agentes de AFI y con propósitos de espionaje adicionales».
En el Servicio Penitenciario Federal, a partir de la instalación de cámaras para vigilar movimientos de internos individualizados en el contexto de investigaciones judiciales con objeto determinado, el personal de inteligencia del SPF y AFI obtuvo también el acceso a videovigilancia de las víctimas detalladas en el legajo 9 (entre ellos el exvicepresidente Amado Boudou, el exministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez).
Dentro del área de jurídicos, que cobró mayor trascendencia en la estructura de la AFI durante el Gobierno de Cambiemos, la voz de mando la llevó en la mayor parte del tiempo Juan Sebastián De Stéfano, uno de los directivos de la agencia de inteligencia que se hizo conocido por haber ido a visitar al juez Luis Carzoglio, que llevaba una causa en la que era investigado el gremialista Pablo Moyano.
Con la resolución de este viernes también fueron procesados los agentes que integraban el grupo de whatsapp conocido como los Super Mario Bross, del que salió la mayor parte de la información que dio origen a la causa.
