Revueltas en los diferentes institutos de menores, tanto de La Plata como de Provincia de Buenos Aires, hubo siempre. Internos que se fugaban por los malos tratos allí recibidos, o porque tuvieron la oportunidad ante un descuido del personal. Motines para reclamar beneficios y hacerse escuchar. Siempre ocurrió. A fines del siglo XX ya era conocida la problemática -sobre todo en el antiguo establecimiento ubicado en el distribuidor, donde actualmente funciona el Conservatorio de Música Gilardo Gilardi- y se incrementó con el paso de los años. Lo que ocurre es que los incidentes ahora no sólo son más continuados sino también más violentos. Los factores son múltiples y, sin una política clara y directa, “es difícil que la situación cambie”, de acuerdo a un vocero.
90líneas.com investigó el fenómeno, se metió en la historia y dialogó con diferentes empleados que están o estuvieron trabajando en los centros de detención juvenil con el fin de conocer el grave problema y las posibles formas de abordarlo.
Ni bien comenzado el 2014, el 18 de enero, cinco adolescentes se fugaron del establecimiento Almafuerte, ubicado en la avenida 520 y 183 y, sin dudas, uno de los más populares de la Ciudad. De acuerdo a las crónicas de ese momento siete menores estaban en el comedor del pabellón y uno pidió ir al baño. Un asistente fue a abrirle la puerta y entonces se le abalanzaron cinco de los presentes golpeándolo y quitándole la llave. Luego, quemaron con el agua caliente de un termo la espalda de otro hombre que cumplía funciones y abrieron el portón que da a los fondos, huyendo. Eran las 11.30 de un día en donde había visitas familiares, un dato para nada menor:
“Si bien no es fácil escaparse de un Instituto, es cierto que hay muchos casos y muchos de ellos se dan en jornadas de visitas, porque se incrementa el flujo de personas y el control se hace más complejo”, contó María de la Soledad, una psicóloga jubilada de 65 años quien supo tratar a muchos de los allí alojados en el marco de su profesión, y quien pidió mantener su apellido en reserva, como el resto de los entrevistados. Añadió que “los celadores no tienen elementos para frenar estas situaciones más que la palabra, porque no son agentes policiales y no cuentan con armas, ni tampoco son miembro del Servicio Penitenciario. Están, básicamente, a merced de los chicos”.
De maltratos familiares a delitos graves
La experta aclaró que ella siempre se llevó bien con “la mayoría de los internos porque por lo general son adolescentes con problemas pero con corazón y sentimientos”, aunque no dudó en aseverar que “eran otros tiempos”.
Ella trabajó en cierta relación con los institutos -sobre todo aquel del Distribuidor Pedro Benoit- entre 1997 y 2005. “Tuve gente brava, resentida, en una palabra, pero eran los menos. Hoy eso cambió. Los internan más por temas delictivos que por problemas familiares. En mi época traté mucho con niños que eran golpeados por los padres y les quitaban la custodia, yendo a parar a establecimientos del Estado. Ahora, en esos mismos lugares, hay adolescentes que en muchos casos mataron o cometieron violaciones o robos graves”.
Otro factor clave es la edad de los allí internados, porque pese a tratarse de Institutos de Menores, lo cierto es que no todos los son. “Recaen ahí por algún incidente con el sistema judicial siendo menores, sí, pero pasa el tiempo, la Justicia no se expide y ellos, dependiendo el grado del delito cometido, siguen encerrados. A veces por años. Así, el chico que entró con 16 de pronto pasa a tener 19, 20, y continúa allí”, contó Emanuel, un actual empleado de minoridad.
Otro asistente del área, Cristian, admitió que ese es uno de los principales problemas: “Hay muchos pibes grande que hace mucho están guardado y eso les da las condiciones perfectas para convertirse en líder. Chupan a los más chicos, los llevan por el camino equivocado y pasa lo que pasa”.
Feroces antecedentes
Ese “pasa lo que pasa” es básicamente una reiteración de fugas y motines cada vez más violentos. En 2019, tres adolescentes del centro cerrado Copa, de 520 y 226, comandaron una revuelta que terminó con heridos y daños en el edificio. Dos de ellos habían superado la mayoría de edad (18 y 19 años) y cumplían condenas en el lugar a instancias de una aplicación normativa que les permite seguir allí aún cuando traspasan la barrera de los 18, en caso de recibir calificación de buena conducta.
Los implicados atacaron a tres empleados y los privaron de su libertad, además de romper computadoras, quemar papeles en las oficinas y destrozar la cocina.
A principios de junio de 2020 se amotinaron 15 menores en el Almafuerte por cinco horas, reteniendo contra su voluntad a un maestro y un celador. Armados con facas y trozos de vidrios exigieron que se les entregara un celular y una combi para huir, y a su vez reclamaron mejoras en el trato y en la alimentación. Los pedidos, con el paso del tiempo, fueron modificándose:
“Al principio querían vehículos y el cambio de los rehenes por policías para escapar; después, reclamaban traslados y, por último, pizzas y gaseosas. Se avanzaba un paso y se retrocedían dos», relató la entonces jueza de menores, Irma Lima.
Como no desistieron en la actitud debió intervenir el cuerpo de Infantería de la policía de la Provincia de Buenos Aires y el Grupo Halcón, mientras que también se apersonó el entonces ministro de seguridad bonaerense. Los rebeldes fueron reducidos con agua y gases lacrimógenos y varios de ellos -los mayores- fueron enviados a comisarías de los juzgados a los que pertenecen. En ese momento, había 30 internos en el instituto, 18 de los cuales ya tenían más de 18 años.
«Fue uno de los motines más difíciles que haya habido en el Almafuerte, por la actitud de los detenidos”, aceptó Lima.
Ya por nuestros días, el 10 de febrero pasado, siete chicos de entre 15 y 18 años y todos con antecedentes penales se fugaron del instituto Copa de Abasto. Redujeron a cuatro celadores (dos mujeres), les sacaron las llaves y los encerraron para después invitar al resto de los allí alojados a escapar. Dos de ellos fueron recapturados.
Más grave fue lo sucedido el 19 del corriente en el centro de régimen cerrado “El Castillito”, de 520 y 229. 14 internos redujeron a cuatro empleados y los golpearon. De hecho una de las víctimas fue un maestro, que recibió un feroz ataque en su cabeza y debió ser hospitalizado. Unas pocas horas antes habían agredido a un asistente con agua hirviendo y, aunque hasta el momento no fue confirmado oficialmente, también un joven internado en el lugar habría sufrido un abuso sexual.
“Hay mucha población, cada vez mayor, debido a la cantidad de delitos que se cometen a diario, y que creció en comparación a otros años. Y a eso se le suma que hay poco personal y que los chicos nos pierden el respeto día a día. Hay pocos asistentes para muchos internos y es una locura eso, no se puede trabajar así”, contó Cristian, y sentenció: “Como si fuese poco cuentan cada vez con más beneficios, como el uso del celular y de las redes sociales como Facebook, y ante cada delito grave que cometen acá dentro no reciben sanciones por una bajada de línea meramente política. Hoy arman motines o lastiman a un compañero y no se los traslada. Siguen con nosotros. Está cada vez peor”.
No está de más aclarar que los centros de Recepción del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil tienen la función de ser el primer lugar de alojamiento, inmediatamente después de la aprehensión de los adolescentes. Desde allí son derivados a centros cerrados y abiertos, o a comunidades terapéuticas. Es decir, cumplen una función similar a las alcaidías.
