Desde que el 28 de abril último nació en Colombia un estallido social sin precedentes, que hasta hoy se mantiene inalterable pese a la militarización del país por parte del presidente ultraderechista Iván Duque, las cifras de asesinados, de heridos, de detenidos extrajudicialmente, de desapariciones y de violaciones por parte de las fuerzas de seguridad oficiales y paramilitares crecen día a día.
El Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y la ONG Temblores lograron “documentar” hasta ahora 51 asesinatos. En el 84,3% de ellos habrían participado integrantes de la Policía y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
A esos números del horror se suman las 548 desapariciones denunciadas hasta el 10 de mayo próximo pasado. Con el agravante de que la lideresa social, politóloga y concejal de Cali, Ana Erazo Ruiz, acaba de denunciar en cuenta de Twitter que ha visto videos de gentes flotando en el río.
“Me han llegado videos extremadamente dolorosos sobre cuerpos hallados en ríos. Lo que temíamos empieza a suceder y me duele el alma. Pido a @JorgeIvanOspina comisión de verificación sobre denuncias en Mulaló y posibles fosas. Esto es desgarrador @CIDH @onucolombia @ONUHumanRights”, posteó la edil.
Me han llegado vídeos extremadamente dolorosos sobre cuerpos hallados en ríos. Lo que temíamos empieza a suceder y me duele el alma. Pido a @JorgeIvanOspina comisión de verificación sobre denuncias en Mulaló y posibles fosas. Esto es desgarrador @CIDH @onucolombia @ONUHumanRights
— Ana Erazo (@AnaErazoR) May 21, 2021
Ahora bien, lo cierto es que pocos creen en estas cifras, pues se trata de los casos “documentados”. Entre el pueblo colombiano que se expresa en las calles no hay nadie que no hable de números mucho más altos; escalofriantes.
En una columna publicada en el portal Nodal, la historiadora de la UNLP y becaria doctoral del Conicet, Diana Carolina Alfonso, subrayó que “el estimativo de asesinatos a manos de los paramilitares y de la fuerza pública es aún incierto. La Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo están en manos del partido de gobierno. Organizaciones de derechos humanos, como la ONG Temblores, estiman en 50 los asesinatos por parte de la fuerza pública, (pero) otros informes llegan incluso a cuadruplicar la cifra”.
“Periodistas de investigación como Gonzalo Guillén consideran que los desaparecidos pueden ser más de mil. Mil que se suman a los cien mil desaparecidos en democracia. Las cifras racionalizan una verdad a voces: la oligarquía colombiana es responsable del holocausto de clase y no piensa retroceder ni soltar las riendas del Estado. Nunca lo ha hecho, ¿por qué tendría que empezar ahora?”, se preguntó.
Cabe recordar que el inédito estallido social en Colombia alcanzó su pico a partir de la huelga del 28 de abril, la cual se realizó en respuesta a la reforma tributaria que Iván Duque, en pleno pico de la pandemia, pretendió imponer para pagar los gastos que insumió la primera ola, achicar el déficit fiscal y evitar que bajen mucho las notas de la economía colombiana por parte de las calificadoras de riesgo del mundo (Wall Street).
Un fuerte aumento de impuestos directos (suba del IVA del 5% al 19% en productos de la canasta básica y de servicios como luz, agua y gas), así como la ampliación de la base imponible para recaudar dinero de los sueldos de los colombianos y colombianas de clase media y baja fueron las gotas que rebasaron un vaso repleto de hartazgo social desde hace años. De hecho, las masivas protestas iniciaron en 2019, pero la pandemia abrió un impasse. Sólo duró hasta finales de abril.
¿Qué estamos incubando? Más odio, más miedo, más resentimiento. Tenemos que evitarlo. Colombia no puede seguir tan polarizada, tan dividida. Hay que tender puentes (…) La pandemia ha develado una gran inequidad, pobreza. La gente está sufriendo. La gente está con hambre. Los jóvenes, desesperados (Juan Manuel Santos, ex presidente de Colombia, 21 de mayo de 2021, Caracol TV)
La ONG Temblores puntualizó el viernes 21 de mayo que durante las protestas y la represión se han recepcionado “casi 3.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos (2.905 hasta esa fecha)” por parte de militares y policías.
Detallaron que dentro de esos casos “se identificaron 855 víctimas de violencia física; 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública; 1.264 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, y 575 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas”, indicó el sitio Nodal.
La entidad, asimismo, añadió que hubo hasta el viernes último “39 víctimas de agresiones oculares; 153 casos de disparos de armas de fuego; 21 víctimas de violencia sexual, y 6 víctimas de violencia basada en género”.
“VIOLACIONES EN GRUPO EN SEDES OFICIALES”
El detalle de los actos de violencia sexual y de violencia basada en género es estremecedor. La ONG especificó “los patrones que dan cuenta de la sistematicidad de las prácticas”. A saber:
-El 74% de las víctimas de hechos de violencia sexual y de género registrados son mujeres
-Los hechos han ocurridos en lugares cerrados que son propiedad de la Fuerza Pública (los CAI, las URI, las estaciones y los vehículos de la Policía)
-Las víctimas son separadas del grupo en que se encuentran y llevadas a estos espacios donde se ejerce violencia sobre ellas
-Las violencias son perpetradas por varios miembros de la Fuerza Pública simultáneamente, es decir, son violencias que se ejercen en grupo
-Los hechos de violencia sexual y de género que hemos registrado suceden en conjunto con otros tipos de violencia policial, como retenciones, agresiones físicas, hostigamientos y violencia verbal
-El rango de edad de las víctimas está entre los 17 y los 30 años