Por estos días, una forma de hacer política en la Argentina quedó bajo la lupa.
No es un secreto para nadie que algunas figuras muy conocidas, en especial de la oposición, forjaron buena parte de sus trayectorias sobre la base de hacer denuncias, casi siempre “flojas de papeles”, teniendo como blanco a integrantes destacados de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Es claro que en algunos casos hubo hechos de corrupción que no descarta ni la propia vicepresidenta. Pero no nos referimos a casos como los de Ricardo Jaime o a los bolsos de José López, más allá de circunstancias aún oscuras en algunos de estos episodios.
Sí, en cambio, a otros sucesos donde la opacidad fue la constante, al igual que las denuncias de “arrepentidos” de fulgurante protagonismo en los medios. Fueron los nuevos “mediáticos” del siglo XXI, no ya provenientes de la farándula, pero con acusaciones “faranduleras”.
Detrás de ellos siempre se potenciaron personalidades de la oposición, muchas de las cuales fundamentaron buena parte de sus meteóricas carreras políticas en base a esas denuncias tan explosivas como carentes de fundamentos.
Por estos días, la aparición de Cristina Kirchner y su potente alegato en la causa del memorándum con Irán introdujo un nuevo elemento en la misma, como es la intervención de los fondos buitre, en especial el Elliot Management liderado por Paul Singer, en las denuncias que terminaron en causas judiciales de alto impacto mediático.
Según estimó en su momento el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, el fondo buitre NML Capital, del magnate Paul Singer, obtuvo una ganancia de 1.180 por ciento luego del acuerdo para hacer frente al pago ordenado por la Justicia de Nueva York, ya que invirtió 177 millones de dólares en los bonos en default de la Argentina, y el gobierno de Cambiemos le permitió embolsar 2.280 millones de dólares, lo que significa “un retorno de 1.180 por ciento”. Un beneficio que justificó la intervención abierta del financista en la campaña electoral que terminó con Mauricio Macri en la Casa Rosada.
Pero ahora todo parece haber cambiado.
Así, el exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció que querellará a la actual diputada nacional por la Provincia y precandidata a la renovación en la lista de Juntos que encabezará Diego Santilli, Graciela Ocaña, tras haberse caído la causa del plan Qunitas que la legisladora había denunciado con más sospechas que pruebas y por la que había sido procesado el excandidato a gobernador, como también el actual ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, y su viceministro Nicolás Kreplak, en un giro que se produjo luego de que la fiscal Gabriela Baigún pidió sobreseerlos porque “no hubo delito”.
El propio Aníbal Fernández tiene pendiente al menos un juicio contra Elisa Carrió por calumnias e injurias al haberlo acusado de ser “La Morsa” en la causa por el triple crimen de General Rodríguez. Como se recordará, faltando una semana para las elecciones en 2015, Aníbal Fernández debió ir a las urnas para disputar la gobernación enfrentando las acusaciones mediáticas, todo a pesar de que las incriminaciones provenían de un preso y un expolicía que las formuló sentado en el living de Carrió.
La líder de la Coalición Cívica ya logró que la Justicia rechazara una denuncia previa contra ella, también presentada por el actual interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, quien prometió que seguirá tratando de limpiar su nombre en los tribunales.
La justicia federal, desde la Corte Suprema hasta jueces de primera instancia, está como nunca antes en la mira en el marco de un Poder Judicial que figura a la cabeza de las instituciones más desprestigiadas del país
Pero no es el único caso.
El mismo presidente Alberto Fernández decidió enjuiciar a Patricia Bullrich por sus acusaciones sobre “retornos” por no haber acordado la compra de la vacuna de Pfizer en los picos más complejos de la pandemia, y anunció acciones legales contra Carrió por sus denuncias sobre envenenamiento por haber comprado la vacuna Sputnik.
Es decir, soplan aires de cambio en el andamiaje judicial consolidado durante la administración de Cambiemos, que ahora quedó expuesto por la sucesión de falsas denuncias que corren el riesgo de tener castigo en esos mismos tribunales.
De allí que numerosos voceros de la oposición se rasgan las vestiduras por estas horas con algunos de estos nuevos fallos que amenazan el orden imperante en la justicia federal. El mismo orden que permitió que numerosos exfuncionarios o simples militantes del oficialismo terminaran presos por causas en las que sólo el difunto juez Claudio Bonadío se animó a tipificar un delito, y que allanó las detenciones bajo la cobertura de la controvertida doctrina del camarista Martín Irurzun.
Son los mismos voceros que durante más de cuatro años se alinearon a cuanta denuncia, fundamentada o ridícula, se presentara contra Cristina Kirchner y los miembros de su gobierno, e incluso prestaran su pantalla para confesiones aberrantes, como cuando el líder de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, en el programa Animales Sueltos, riéndose y muy divertido, confesó haber presionado al ex dueño de la financiera SGI, Federico Elaskar, para que mintiera en el programa de Jorge Lanata.
“Yo lo tuve cinco meses a Elaskar conmigo hasta que habló. Había que esperar desde abril a noviembre para que el hombre hablara cuando empezaba Lanata. Había que filmarlo”, reveló Barrionuevo. Alejandro Fantino, incluso, le llegó a decir “estás al aire”.
Es decir que la justicia federal, desde la Corte Suprema hasta jueces de primera instancia, está como nunca antes en la mira en el marco de un Poder Judicial que figura a la cabeza de las instituciones más desprestigiadas del país.
Un desprestigio bien ganado si se tiene en cuenta que es el mismo Poder Judicial que legalizó el canje compulsivo de los plazos fijos en el plan Bonex, respaldó el Corralito y el Corralón de Domingo Cavallo y Remes Lenicov, con la pesificación asimétrica incluida -que como siempre benefició a grandes empresarios- y perjudicó a los ahorristas pequeños y medianos.
Fue el inicio de los cacerolazos en las puertas de los bancos, que supieron blindarse ante la demanda de sus clientes, pero se las arreglaron para seguir obteniendo pingües ganancias. Todo eso con el aval explícito de la Corte Suprema, la misma que no tuvo ninguna objeción cuando el buitre Singer ganaba un 1.180 por ciento en su pleito judicial en Nueva York contra el Estado argentino, el mismo que les paga abultados sueldos a estos jueces.
El correcto funcionamiento institucional es clave para la coexistencia democrática. Para eso, el Poder Judicial no puede estar sujeto a vaivenes políticos o electorales. Menos aún ser el ejecutor de fallos que atenten contra los bienes y el bienestar de gran parte de los argentinos
Desde el PRO (Propuesta Republicana, como es el verdadero nombre del partido), sectores del radicalismo, la Coalición Cívica de Carrió y hasta los flamantes peronistas republicanos de Miguel Angel Pichetto, se pondera a la división de poderes como uno de los pilares de la República. Claro, estos elogios sólo se mantienen cuando los fallos les son convenientes, como deja expuesta la propio Carrió con su interminable listado de demandas de juicio político a jueces de distinta instancia, con Ricardo Lorenzetti -cuando presidía el máximo tribunal- incluido.
Hay que coincidir con los “republicanos” en que la división de poderes es uno de los pilares básicos sobre los que se edifica la Constitución Nacional. Pero precisamente lo que está en cuestionamiento es esa supuesta independencia que la oposición esgrime como bandera.
Se dice que la justicia federal, o más precisamente los tribunales de Comodoro Py, se está amoldando a los nuevos tiempos políticos, los cuales permiten excarcelar a exfuncionarios que quedaron en la mira de los jueces, cuando no pasaron algún tiempo (hasta años) detenidos sin condena firme o con fallos amañados.
Es claro que el correcto funcionamiento institucional es clave para la coexistencia democrática. Pero para eso el Poder Judicial no puede estar sujeto a vaivenes políticos o electorales. Menos aún ser el ejecutor de fallos que atenten contra los bienes y el bienestar de gran parte de los argentinos.
La judicialización de la política quedó en el centro de las miradas de todo el país, como también una forma de participación en la vida institucional basada en la denuncia casi cotidiana y por las más diversas cuestiones, al punto de invalidar cualquier política pública. Así quedó demostrado en el fallo sobre las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires o sobre la expropiación de Vicentín, que generó enormes pérdidas patrimoniales tanto a los bancos estatales como a los pequeños acreedores de la empresa que siguen penando para poder cobrar.
A menos de dos meses de las próximas PASO y a cuatro de las elecciones legislativas de medio término, es hora de que, además de denuncias judiciales, también se ponga sobre el tapete qué se le ofrece a los votantes para salir de esta, una de las crisis más profundas por las que atravesó la Argentina, y como cuando se hizo con el Nunca Más, se construyan los cimientos definitivos para que no vuelva a repetirse.
