Los archivos del Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar podrían contener información que permitiría esclarecer la causa que se sigue por «la Masacre de San Patricio», según estiman desde la comunidad palotina que querella en este expediente.
Poco después de los asesinatos de cinco religiosos de esa orden, el nuncio apostólico Pio Laghi le encargó al sacerdote palotino Efraín Sueldo Luque una investigación sobre el caso.
El cura Sueldo Luque, que también era abogado, detectó numerosas irregularidades sobre el procedimiento policial llevado a cabo el 4 de julio de 1976, e incorporó en su informe las declaraciones de Guillermo Silva y Luis Pinasco, dos testigos clave de los hechos.Silva y Pinasco, vecinos de la parroquia, invitaron a entrar en esa fría noche al cabo Pedro Álvarez, custodio de la casa del interventor de Neuquén, el general José Andrés Martínez Waldner.
Álvarez salió al ver un patrullero que pasaba, y desde el vehículo, unos uniformados le advirtieron: «Si escuchás unos cohetazos no salgas. Vamos a reventar a unos zurdos».
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La conversación pudo ser escuchada por Silva, quien presenció en horas de la madrugada que unos hombres con armas largas rondaban la casa parroquial, donde fueron asesinados los religiosos palotinos, lo que también vio Pinasco.
El sacerdote y abogado Sueldo Luque remitió las declaraciones de los dos vecinos a la Curia, otra copia se envió a Roma, y es probable que otra copia haya terminado en la sede de la orden palotina en Irlanda, según creen los querellantes.
El juez Guillermo Rivarola y el fiscal Julio César Strassera tuvieron a cargo la causa judicial y cerraron las actuaciones en 1977, sin dictar procesamientos.Por iniciativa del sacerdote Cornelio Ryan, la causa se reabrió en 1984, y el fiscal Aníbal Ibarra solicitó que se incorporaran las declaraciones de Silva y Pinasco.
Pero tres años más tarde el juez federal Néstor Blondi cerró el caso a partir de la sanción de las leyes de impunidad del Punto Final y la Obediencia Debida.
Mucho después, un cable del Departamento de Estado de Estados Unidos, desclasificado por el sitio WikiLeaks, dio cuenta de una reunión entre el embajador de ese país en Argentina en 1976, Robert Hill, con Pío Laghi.
En ese cable diplomático se informaba que Hill le contó que le confió al nuncio que un oficial de alto rango de la dictadura le había dicho que el régimen estaba dispuesto a «limpiar a la Iglesia», y Laghi creyó que el crimen de los palotinos era «el primer paso» de esa supuesta purga.
«Creemos que puede haber documentación en la Iglesia sobre la ‘Masacre de San Patricio’ y que nos permitiría avanzar en la investigación. Por eso nos gustaría tener acceso a ella», señaló en declaraciones a Télam Carlos Lozza, sobreviviente de la ESMA e integrante de «Justicia Ya», colectivo de derechos humanos que colabora con la querella de la comunidad palotina de San Patricio.
Loza se refirió también al denominado «Sermón de las Cucarachas», homilía que el padre Alfredo Kelly, una de las víctimas de la «Masacre de San Patricio», pronunció semanas antes de ser asesinado.
En un barrio acomodado de Buenos Aires, y en una iglesia concurrida por militares y personas socialmente influyentes, Kelly brindó de ese modo un valiente testimonio pero además remarcó: «Quienes medran con la situación por la que están pasando tantas familias argentinas dejan de ser, para mí, ovejas para transformarse en cucarachas».
Hubo una carta que circuló entre feligreses en la cual se solicitaba una juntada de firmas para remover a «ese cura comunista» y balas depositadas en la bolsa de las ofrendas a modo de amenaza, según aseguraron a esta agencia integrantes de la comunidad.
«Creemos que pudo haber gente de la comunidad, fieles que iban a misa e instigaron los asesinatos, escandalizados por las cosas que decía Alfredo y que luego se arrepintieron», afirmó a Télam Ramiro Varela, fundador del colectivo «Palotinos por la Verdad, la Memoria y la Justicia».
Al respecto, Varela recordó que en 1985, Héctor Ruiz Núñez escribió en la revista El Periodista de Buenos Aires que «una importante fuente» de la Iglesia le había dicho que «dos personas encumbradas de Belgrano, que pertenecían a la feligresía de San Patricio», habían «tramitado ante la Santa Sede el levantamiento de sus excomuniones, motivadas por haber propulsado el asesinato de los religiosos».
«Tener acceso a esos nombres nos permitiría tener información para que se avance en las complicidades que hubo con estos asesinatos», indicó Loza.
En 2016, el Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina anunciaron que habían digitalizado los archivos de la Iglesia referidos a la última dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.
Meses más tarde, el Episcopado anunció que los materiales sólo podrían ser consultados por víctimas y familiares de los desaparecidos durante la represión ilegal, en cumplimiento de un protocolo definido por las autoridades eclesiásticas que puede consultarse en el portal web www.episcopado.org.
«Nos gustaría tener acceso a esos documentos y ver si podemos encontrar información para poder avanzar en la causa. Es una esperanza que tenemos», puntualizó Varela.
