El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce, denunció ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos, el golpe de Estado de noviembre de 2019 que llevó a cabo la derecha de ese país, y subrayó que el mismo contó con apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; de otros gobiernos, como el de Argentina liderado por la alianza Cambiemos; la Unión Europea (UE), y organizaciones no gubernamentales (ONGs).
Arce señaló que “es importante que los Estados y países miembros” de ese organismo multilateral “sepan que la ruptura del orden constitucional en Bolivia tuvo la participación directa de los partidos políticos que no logran respaldo popular en las urnas, de algunos malos oficiales de la Policía boliviana, de las Fuerzas Armadas, los comités cívicos, la jerarquía de la Iglesia Católica y los medios de comunicación hegemónicos”.
“También contó con la participación de la OEA a través de su secretario general, Luis Almagro, de otros gobiernos como el anterior de Argentina, que envió armas y municiones a los golpistas, del propio representante de la Unión Europea (en Bolivia) y de otras organizaciones no gubernamentales de origen internacional”, sostuvo.
El Jefe de Estado remarcó que después del golpe, en las elecciones presidenciales del 18 de octubre de 2020, el pueblo boliviano recuperó la democracia con el triunfo del binomio que postuló el Movimiento Al Socialismo (MAS), con más del 55% de los votos.
ASESINATOS
El presidente de Bolivia denunció asimismo que el último informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), identificó que en el Estado Plurinacional de Bolivia, entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, se cometieron graves violaciones de los derechos humanos, masacres y ejecuciones sumarias.
Dijo que su administración asumió el compromiso ante el pueblo boliviano de “justicia” para las 38 personas asesinadas, los cientos de heridos y detenidos, los perseguidos, asilados y exiliados, y por las graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante el régimen de facto. “Porque la justicia es condición esencial de una democracia y de construcción de una verdadera paz social”, precisó.
Arce Catacora relató que en ese periodo “sistemáticamente se vulneró el derecho a la presunción de inocencia” y “el derecho al debido proceso”, con la persecución y encarcelamiento de personas inocentes a quienes “se humilló y se reprimió”.
Además, dijo que se ultrajaron los símbolos patrios como la wiphala y denunció “acciones racistas y sexistas” contra la población movilizada por sus derechos, en su mayoría indígenas, obreras y obreros, campesinas y campesinos.
“Las naciones fuertes y dignas siempre se han edificado sobre el aprendizaje de las grandes lecciones que dejan las tragedias y las desgracias vividas, construyendo colectivamente la paz social a través de procesos de memoria, verdad y justicia. Ese es nuestro compromiso con el pueblo boliviano. Mi gobierno democráticamente electo, a pesar de las dificultades, incluida la pandemia del Covid-19, hace el mayor de los esfuerzos para recuperar la estabilidad y el crecimiento económico con justicia social”, manifestó.
FUENTE: periódico Ahora El Pueblo