De todos los poderes heredados de la Revolución francesa es sin dudas la Justicia quien pareciera tener todos los reflectores en nuestra Argentina actual. Aquella señora de ojos vendados a la cual María Elena Walsh le rogaba se quitara la venda para mirar las mentiras, hoy está frente a la disyuntiva entre apoyar a los dueños del dinero o al pueblo al que debería defender.
Quienes hayan seguido los acontecimientos de los últimos días, sabrán que estalló una batalla política, judicial y dialéctica por la autoproclamación de Horacio Rosatti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, como titular del Consejo de la magistratura. Aquel órgano creado por la Constitución de 1994 para seleccionar a los jueces y administrar los fondos del Poder Judicial. Alguna vez se quiso lograr que sus miembros sean votados por el pueblo, pero a esos mismos magistrados les pareció mala idea, no sea cosa que los puestos se dejen de comprar.
Desde épocas de antaño La Justicia argentina ha estado en disputa. Porque más que un poder del Estado lo que existe realmente es una corporación, basada en cargos hereditarios y lobistas de empresas que transforman la independencia en un auténtico Partido político, el cual actualmente tiene a Rosatti como Presidente y Secretario General. Una estructura muy renuente a un cambio, principalmente porque el modelo colonial, que la oligarquía local pregona, solo funciona con jueces adictos.
De este modo, pudimos asistir a un espectáculo claro de cómo funciona dicho poder hacía la luz pública y tras bambalinas. A fines de 2021, la Corte Suprema derogó la ley 26.080 que redujo la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13, y como se suele decir en el Derecho una ley se reemplaza por otra ley. Se dictó un plazo de 120 días para sancionar otro proyecto, el cual esperaba ser sancionado por la Cámara de Diputados, al cumplirse dicho plazo el Presidente del cuerpo decidió viajar a 1997 y autoproclamarse al frente del Consejo.
Pero más de uno se preguntará ¿Quién es Horacio Rosatti? Quien otrora fuera Convencional Constituyente en 1994 (es decir que fue uno de los redactores de nuestra actual Carta Magna) tuvo el honor de haber sido designado a dedo por el ex Presidente Mauricio Macri, lo cual era una aberrante contradicción con la Constitución que él mismo ayudó a redactar. Luego fue elegido como Titular de la Corte en una elección dividida donde se votó a sí mismo.
Entonces, un poder que se presenta como la última defensa del ciudadano contra el atropello de sus derechos, es el primero en atacar las instituciones ¿por qué? Más de uno sabrá que no es una novedad que esto suceda. En los últimos años, ha comenzado a quedar al desnudo las estructuras formadas por medios de comunicación, servicios de inteligencia, jueces y fiscales para demonizar y condenar a opositores políticos con el fin de quitarles protagonismo.
Este fenómeno, también llamado lawfare, no es un invento nacional, sino que ha sido pergeñado por el poder económico del mundo central para ser aplicado en la región latinoamericana. De ahí que se haya condenado y apresado durante años al ex Presidente brasileño Lula Da Silva, con un magistrado que en su fallo admitía no tener pruebas, pero que sometía al acusado porque tenía “la convicción” de que era culpable.
Esto quiere decir, que La Justicia en la región se ha transformado en un brazo ejecutor de la política conservadora y extranjera. Aquellos jueces puestos a dedo por el Poder Ejecutivo, buscan hacer el trabajo sucio cuando la oligarquía es oposición, y convalidar los atropellos a los sectores populares cuando están en el gobierno. Ante este escenario encontramos respuestas en el auténtico poder popular.
La jugada de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de dividir el bloque de senadores del Frente de todos muestra dos cosas. Por un lado, que estamos frente a la figura política más importante de las últimas décadas, en parte por una mente estratégica pocas veces vistas. Pero principalmente, ante un poder que debería emanar del propio, pero que atenta contra él, la respuesta tiene que venir de la propia representación popular, ser defendidos por aquellos dirigentes que gozan del respaldo de las mayorías.
Se deberá pensar en una batalla a largo plazo para que La Justicia deje de ser un poder conquistado por las corporaciones y los poderes multinacionales. Para ello, se debe construir mayores correlaciones de fuerza, pero también hacer valer las actuales. Posiblemente no haya argentino sobre la tierra que no sepa que la última garantía que tiene el ciudadano para que se respeten sus derechos, hace aguas por diestra y siniestra. Si la Justicia y el acceso a ella sigue siendo un privilegio de clase, habrá que seguir rezando a aquella señora de la espada y la balanza para que se quite la venda de una vez.