De la Redacción de 90 Líneas.- El miércoles 14 de agosto se cumplió el tercer día consecutivo del paro de docentes y no docentes de las universidades nacionales, convocado a raíz de que “entre noviembre de 2023 y julio de 2024 el salario del personal universitario registró una caída del 45% en términos reales, por lo que alrededor del 50% del total del personal quedó por debajo de la línea de pobreza”, subrayaron desde los distintos gremios.
«Entre las demandas de las organizaciones universitarias están la recuperación real del salario, la restitución y pago del Fonid, la eliminación del impuesto a las Ganancias y la actualización de las jubilaciones (…) Según el último informe sobre ejecución presupuestaria de la Administración Nacional, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, entre enero y julio de este año las universidades recibieron casi un tercio menos de recursos, considerando el impacto de la inflación. El presupuesto llegaría este año a sólo el 0,24% del PBI, el valor más bajo en las últimas décadas» (El Cronista).
En la UNLP, donde la huelga se desarrolló entre el martes 13 y el miércoles 14, la adhesión superó el 90% en las facultades, en línea con el resto del país, mientras que alcanzó el 100% en el Colegio Nacional, el Bachillerato de Bellas Artes, el Liceo Víctor Mercante y la Escuela Anexa (nivel inicial y primario).
La conducción de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (Adulp) anticipó que el 20 y 21 de este mes volverán a la huelga.
Asimismo, se convocará a los docentes y no docentes a votar cómo sigue la protesta.
Los rectores y rectoras de todo el territorio nacional emitieron un durísimo comunicado, asegurando que «nunca en los 40 años de democracia las condiciones fueron tan desfavorables».
El Gobierno ofreció un aumento del 3% en agosto y del 2% en septiembre. El rechazo fue categórico.
Comunicado de los rectores y rectoras de las universidades nacionales nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN):
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reitera enfáticamente su preocupación por la situación salarial que atraviesan trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario público, y lamenta expresiones del Ministerio de Capital Humano que pretenden confundir a la sociedad argentina, al relativizar la gravedad que el problema, efectivamente, tiene. No es justo ni razonable desmerecer la relevancia de un problema que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores de la educación de la Nación, mucho menos intentar quitarle importancia a un problema urgente que afecta el normal desarrollo de las instituciones universitarias públicas.
Lo hemos dicho con absoluta claridad: del mismo modo que no hay universidad sin recursos para enfrentar erogaciones básicas para su funcionamiento, mucho menos la hay si docentes y no docentes no perciben un salario digno acorde a su responsabilidad, ni más ni menos que garantizar las condiciones para que futuros profesionales del país se formen con excelencia en las más distintas disciplinas.
La situación salarial en el sistema universitario es extremadamente crítica, con especial énfasis para trabajadoras y trabajadores de menor antigüedad, ya que desde diciembre de 2023 no se ha actualizado la garantía salarial.
«Hoy, un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva, el equivalente en carga a horaria a un docente de escuela primaria, cobra $301.015 bruto, mientras que la línea de indigencia en junio fue de $393.319» (AGD UBA)
Es cierta la afirmación contenida en el comunicado del Ministerio de Capital Humano respecto al incremento salarial del 71 por ciento otorgado de diciembre a julio de este año. Lo que no dice es que, en el mismo período de tiempo, la inflación fue superior al 120 por ciento, por lo que, entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el salario del personal universitario registró una caída del 45 por ciento en términos reales, ubicando a numerosos trabajadores, especialmente en los tramos iniciales, por debajo de la línea de pobreza, situación que afecta a alrededor del 50 por ciento del total del personal. Nunca en los 40 años de democracia las condiciones fueron tan desfavorables.
Y esta situación, que afecta a millones de trabajadores de la educación en todo el país, pone en grave riesgo la sostenibilidad de la universidad pública y su capacidad para cumplir con excelencia su misión.
universidades nacionales vacías
A este crítico escenario se suma la situación de la docencia de los colegios preuniversitarios del sistema, que sufren un impacto adicional producto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Y todo esto agudiza gravemente la crisis que atraviesan las obras sociales universitarias, que deben enfrentar cuantiosas erogaciones por el excesivo incremento de costos, pero no perciben ingresos que permitan recomponer el desfasaje producido.
Como es evidente, las consecuencias de este proceso son múltiples y muy preocupantes. Naturalmente, la pérdida del poder adquisitivo impacta significativamente en la calidad de vida de las y los trabajadoras y trabajadores de las universidades y ello, consecuentemente, compromete su dedicación y compromiso, lo que amenaza con afectar áreas fundamentales de la investigación, la extensión y la calidad de la enseñanza.
Durante todo el primer semestre hemos advertido responsablemente la gravedad de la situación con la expectativa de encontrar respuestas que eviten dificultades en el funcionamiento de nuestras instituciones. El pasado 4 de julio, el CIN y las representaciones gremiales docentes, no docentes y estudiantiles manifestamos en conjunto nuestra alerta. Sin embargo, lamentamos que, a pesar de la sostenida advertencia, no se haya decidido aún ni siquiera garantizar con sistematicidad el normal funcionamiento del ámbito paritario nacional, de manera de tener un espacio que permita abordar el problema e imaginar soluciones posibles.
Ante esta situación, reiteramos nuestro reclamo. Es necesaria una recomposición salarial urgente, a través de paritarias libres que permitan recuperar el poder adquisitivo, con el objetivo de garantizar las condiciones laborales acordes a la misión que las universidades públicas tienen.
Hacemos, también, un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a unirse en este pedido e invitamos a todas las universidades del sistema a declarar, a través de los órganos competentes, la crisis y la emergencia salarial.
La educación superior es un derecho y la herramienta más importante para resolver los problemas que el país tiene. Lo ha dejado en claro la sociedad en su conjunto el 23 de abril del presente año y esperamos que esa manifestación colectiva se escuche en su justa magnitud.
Finalmente, invitamos a las autoridades nacionales a trabajar conjuntamente con la comunidad universitaria para encontrar soluciones sostenibles a esta problemática. Este Consejo pone toda su disposición y esfuerzo, una vez más, para esa tarea.
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El Gobierno ofertó 3% de aumento para agosto y 2% para septiembre
Un comunicado oficial de la Secretaría de Educación de la Nación fechado el viernes 9 de agosto último, da cuenta de que “el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto con su par de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, María Rosana Reggi, recibieron en una reunión paritaria, en el Palacio Sarmiento, a representantes sindicales de docentes y no docentes universitarios, al igual que a un grupo de rectores de las universidades nacionales, quienes en su mayoría se sumaron de manera remota”.
“En este contexto, los representantes del gobierno remarcaron que se daba continuidad a la paritaria universitaria que se encontraba en cuarto intermedio. En la reunión, se comunicó un aumento del 3% para agosto y un incremento del 2% para septiembre, tomando como base de referencia la pauta general del Estado”.
No hace falta decir que no hubo acuerdo.
