Arancelamiento universitario.- “Ante la inminencia de una nueva marcha universitaria y con el veto al proyecto para su financiamiento a días de publicarse, un sector del Gobierno analiza formas para poder transferirles las casas de altos estudios a las provincias, aunque hay diferentes trabas para que una medida de esas características se pueda llevar adelante. Si bien es solamente una idea que surgió en el círculo más íntimo de Javier Milei -el llamado ‘triángulo de hierro’-, algunos funcionarios comenzaron a examinar diferentes opciones para que la Nación deje de estar a cargo de estas instituciones”.
Así comienza la nota titulada “Un sector del Gobierno plantea transferirles las universidades a las provincias”, publicada el jueves 26 de septiembre en Infobae y firmada por el colega Federico Galligani.
Ya es sabido, y lo demuestra a diario con nefastas consecuencias sociales y económicas, que la ultraderecha argentina es enemiga del Estado y, particularmente, del sector del Estado que concentra a los argentinos y argentinas que se dedican a la producción de conocimiento, al estudio en profundidad, a la investigación, a desarrollar e inculcar en los jóvenes el pensamiento propio, el pensamiento crítico, a que tengan argumentos de sobra para dar cualquier discusión en cualquier ámbito. En otras palabras: el área del Estado donde (casi) nadie se dejará llevar de las narices por un videíto de TikTok, un posteo de Twitter (X) o un reel de Instagram. Ese es el enemigo de la ultraderecha, aquí y en cualquier lugar del mundo. Y eso se llama Universidad.
“El gobierno nacional está empujando la situación a una crisis tan profunda para plantear el arancelamiento de las universidades, pero no lo hace en estos términos porque sabe que genera un ruido que no es menor. Las universidades en nuestro país siempre fueron las que más freno le han puesto a algunos gobiernos que tienen este sesgo” (Mario Barletta, diputado nacional y ex rector de la Universidad Nacional del Litoral)
El brutal desfinanciamiento de las universidades nacionales que lleva adelante el gobierno, con más del 85% de los y las docentes por debajo de la línea de pobreza (Frente Sindical de Universidades Nacionales / FUA / CIN), y el recorte del ¡34 por ciento adicional! que prevé el proyecto de Presupuesto 2025 para las casas de altos estudios, no es porque ‘no hay plata’: es una decisión política de terminar con las universidades nacionales de la forma más cínica, es decir, asfixiándolas lentamente.
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En rigor, aquella nefasta frase (‘no hay plata’) sirvió y sirve para justificar la histórica transferencia de ingresos que la extrema derecha está haciendo, en tiempo récord, desde los sectores del trabajo, los jubilados y pensionados a quienes ocupan la cumbre de la pirámide social.
He aquí, las pruebas: “En los primeros ocho meses de 2024, de cada $100 ajustados, $26,5 correspondieron a recortes en jubilaciones y $23 a la obra pública. Los subsidios aportaron $14,4, los gastos de funcionamiento del Estado (principalmente salarios) $12,1, y las prestaciones sociales, incluyendo asignaciones y pensiones, $10,6” (CEPA)
Propuesta del gobierno nacional para las universidades en el presupuesto 2025
Antes de explicar porqué el gobierno está a un pequeño paso de ponerse de sombrero a más del 70% de la sociedad argentina, indaguemos un poco más en este proyecto de provincialización y/o arancelamiento de la educación superior. ¿Cómo es eso de y/o? Es que una cosa lleva a la otra.
¿Cómo se dejó nocaut a la otrora excelente escuela pública argentina en los años ‘90, luego del duro golpe que le dio la dictadura cívico-militar y que ya la había dejado medio grogui? El primer paso (paso clave, medular) fue pasar las escuelas de la órbita nacional a las provincias. Segundo paso: ¿la Nación les traspasó a las provincias los fondos? No. Dijo “que las provincias se arreglen”. Así nos fue.
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Eso lo plantea con claridad meridiana el rector de la Universidad Nacional de La Pampa.
Dice el periódico pampeano La Arena en un artículo publicado el viernes 27 de septiembre: “El gobierno nacional ya trabaja en un proyecto para que cada provincia se haga cargo de las universidades, en medio del conflicto que Javier Milei sostiene con el sistema universitario por el recorte de fondos y a días de la marcha convocada contra el anunciado veto presidencial al financiamiento universitario. En principio, la idea de la Casa Rosada es girar fondos mínimos de la Nación y que el resto dependa de cada provincia. Si bien entienden que la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad serán las más perjudicadas, en el gobierno libertario proponen que las universidades comiencen a cobrar un arancel”.
Al respecto, consultaron a Oscar Daniel Alpa, rector de la universidad pampeana, quien sentenció que, en caso de que avance el proyecto, “el gobierno debería transferir los fondos a las provincias para que lo puedan financiar, si no, es ‘háganse cargo’. Y hacerlo sin enviar los recursos es lo mismo que cerrar las universidades”. O bien que “cada provincia resuelva si la arancela o no”, puntualizó el académico. Claro como el agua clara.
De La Pampa nos vamos a Santa Fe. El 20 de septiembre, el periódico Sin Mordaza publicó: “Tras el anuncio del veto presidencial a la recomposición de fondos universitarios, las federaciones universitarias volverán a marchar en octubre para mostrarle a los diputados y senadores la importancia del tema. Milei anunció el veto de la medida que, además de incrementar el presupuesto de las altas casas de estudio, incluye una recomposición para los docentes y no docentes”.
“En este marco, el diputado nacional y ex rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Mario Barletta, sostuvo que “el gobierno nacional está empujando la situación a una crisis tan profunda para plantear el arancelamiento de las universidades, pero no lo hace en estos términos porque sabe que genera un ruido que no es menor. Las universidades en nuestro país siempre fueron las que más freno le han puesto a algunos gobiernos que tienen este sesgo”, señaló el legislador (radical).
Sobre llovido, mojado. Este sábado 28 de septiembre, el portal La Política Online publicó un artículo firmado por Fabricio Navone desde Rosario donde describe: “Francisco y Simón Pendas son los hijos de la canciller Diana Mondino e integran el directorio del Banco Roela, propiedad de la familia. Ambos siguen con atención la pelea del gobierno con las universidades nacionales por el financiamiento (ya) que, como adelantó en exclusiva LPO, Milei amenaza con arancelarlas. En el gobierno buscan estrategias para ponerle fin al ingreso irrestricto (…) y para ello analizan poner un cupo máximo, arancelar la cursada e implementar ‘préstamos de honor’ similares a los que existen en Chile o Estados Unidos”, mediante los cuales los estudiantes/profesionales quedan endeudados de por vida.
“En consecuencia, los hijos de Mondino siguen el tema con especial interés en el sistema de créditos que se inauguraría en caso del arancelamiento universitario, un negocio multimillonario para bancos y aseguradoras que ofrecerían el servicio financiero para quienes no puedan afrontar el pago mensual de la cuota de la educación superior, explicó una fuente universitaria al tanto de los negocios de la familia de la canciller”, agrega Navone.
Ahora bien, ¿por qué dijimos más arriba que el gobierno está a un pequeño paso de ponerse de sombrero a más del 70% de la sociedad argentina?
La educación pública sigue siendo un valor que atraviesa a casi toda la sociedad argentina. Y la universidad pública, gratuita y de calidad -que no es un eslogan- una marca registrada de la cual se siente orgullosa la inmensa mayoría del pueblo.
Como bien dicen los rectores y rectoras de todas las universidades nacionales que integran el CIN en su último comunicado: “Desde Sarmiento, la columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres; y la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente es un sistema universitario público que es patrimonio y orgullo de toda la sociedad argentina. Lo que está en juego es su continuidad. Ni más ni menos que eso”.
“La herramienta por excelencia de movilidad social ascendente”, hoy por hoy, es la Universidad Pública Argentina. En los ‘50, ‘60 y ‘70 (hasta la dictadura) Argentina llegó a tener los mejores índices de industrialización de su historia, y el “obrero calificado” fue un sujeto social clave. Pero después de que los dictadores cambiaran la economía industrial por la economía de especulación financiera, lo cual se profundizó hasta el infinito en los ‘90, cuando, según Milei, gobernaba el “mejor presidente de la historia” (por Carlos Menem) y el país tenía al “mejor ministro de economía de la historia” (por Domingo Cavallo). En esos años, como vimos, se le hizo un gigantesco daño que llega hasta hoy a la escuela pública policlasista y de calidad. Ahora vienen por las universidades, como puntualizamos en 90 Líneas hace poco.
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Pero la consultora Zuban Córdoba y Asociados, que realiza un estudio de opinión mensual en toda la República Argentina, en este mes de septiembre preguntó a un universo de 2.300 argentinos y argentinas qué instituciones les generaban mayor o menor confianza. Y nada menos que el 71,5 por ciento de los encuestados dijeron que la institución en la que tienen mayor confianza es la Universidad Pública, poniéndola así en el tope del ‘ranking’.
Sabemos que a la ultraderecha no le importa nada lo que piensa la sociedad, salvo en época de elecciones. Pero, en este momento donde sólo el 37% de la población confía en el gobierno, ¿se animará la extrema derecha argentina a ponerse en contra a más del 70% de la población? Como dice Eduardo Blanco en Luna de Avellaneda: “Y… habría que averiguarlo”.
