un futuro mejor humanidades
Documento de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP
En el marco del brutal ajuste que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, el desfinanciamiento a las Universidades Nacionales simboliza la intención de quebrar las esperanzas de vastos sectores de la sociedad por construir un futuro mejor.
El movimiento universitario, conformado por estudiantes, graduados, docentes, nodocentes e investigadores, y que atraviesa una diversidad de signos políticos, entra hoy en una nueva etapa de resistencia a un proyecto que ha elegido descargar el ajuste sobre los sectores populares, los jubilados, la clase trabajadora, el sistema educativo y de salud pública, la ciencia y la cultura, al mismo tiempo que favorece un proceso de concentración de la riqueza sin precedentes.
A través de una Ley de Financiamiento Universitario, el Poder Legislativo buscó establecer condiciones que permitieran preservar los niveles de funcionamiento mínimos indispensables del sistema universitario para 2024, frenando el deterioro del salario de los trabajadores universitarios y el recorte de programas de becas y gastos de funcionamiento.
Ante el anuncio del gobierno de que vetaría la Ley, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina convocaron a una segunda marcha masiva de alcance nacional en rechazo al veto, que congregó a una multitud no solo en la ciudad de Buenos Aires sino en todo el país.
Sin embargo, el presidente Javier Milei vetó la ley con el argumento de que comprometía el equilibrio fiscal. El veto a dicha ley significa no solo consolidar un recorte brutal al sistema universitario sino ignorar la amplia mayoría parlamentaria que, desde distintos partidos políticos, tanto en la cámara de diputados como en la de senadores, acordó con la necesidad de restablecer un piso de financiamiento para las Universidades y para los salarios de docentes y nodocentes.
Queda cada vez más claro que el objetivo del gobierno no es contar con una mayor transparencia en el gasto o la inversión educativa o con mayor racionalidad en la organización universitaria, sino deslegitimar el reclamo universitario y, más aún, cuestionar el sentido mismo de las Universidades. Un sentido público y comprometido con los problemas de nuestra sociedad que resulta antagónico al proyecto del gobierno
Para justificar este ataque, el gobierno ha esgrimido variados argumentos, entre ellos, el de la falta de transparencia, reclamando auditorías y comprobación de los gastos que se realizan en el ámbito universitario, y también ha señalado el presunto exceso de personal universitario en relación al número de estudiantes. Estas acusaciones infundadas han sido largamente desmentidas, con la reiterada descripción de los múltiples mecanismos ya existentes de control interno y externo de que disponen las Universidades nacionales y con la constatación que la relación entre los empleados universitarios y el número de estudiantes está dentro de los mejores parámetros internacionales. Si a ello sumamos que las Universidad públicas no solo forman profesionales en las aulas sino que también producen investigación, se vinculan con los territorios a partir de sus programas y proyectos de extensión, irradian en el medio productivo a partir de sus políticas de transferencia, producen y sistematizan información para las decisiones de política pública, entre muchos otros aportes, las estructuras que mantienen en funcionamiento todo este complejo entramado se podrían considerar insuficientes más que excesivas.
Por todo ello, queda cada vez más claro que el objetivo del gobierno no es contar con una mayor transparencia en el gasto o la inversión educativa o con mayor racionalidad en la organización universitaria, sino deslegitimar el reclamo universitario, y más aún, cuestionar el sentido mismo de las Universidades. Un sentido público y comprometido con los problemas de nuestra sociedad que resulta antagónico al proyecto del gobierno y que se pone en evidencia, por ejemplo, al comparar la poca significación en términos presupuestarios que implicaba la Ley de Financiamiento Universitario vetada con los beneficios que en estos nueve meses el gobierno de Milei le ha otorgado a los sectores de mayor concentración de la riqueza de nuestro país. O que se expresa, también, en las campañas oficiales y extraoficiales de sistemáticas descalificaciones hacia nuestras instituciones de educación superior. Campañas de descalificación y de deslegitimación que, por otra parte, han dado lugar a la multiplicación de escenas de provocación por parte de funcionarios, políticos y voceros oficiosos en las redes sociales, en medios de comunicación, en actos oficiales o partidarios, algunos incluso dentro del ámbito de nuestras propias instituciones universitarias.
En este marco más general, la imposibilidad de alcanzar los votos requeridos para rechazar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Diputados significó una profunda frustración para el movimiento universitario y para la sociedad. Como consecuencia de ello, la bronca, el enojo y la angustia se canalizaron en el despliegue, a lo largo de todo país, de una serie de acciones de protesta y planes de lucha que profundizan el estado deliberativo entre los actores del sistema universitario y que incluyen diferentes acciones tales como asambleas estudiantiles y gremiales, tomas de Facultades y Universidades, marchas locales, clases públicas, paros docentes y nodocentes, pronunciamientos, festivales populares, entre otras.
un futuro mejor humanidades
Ya desde el inicio del segundo cuatrimestre el conflicto universitario viene atravesando nuestra labor cotidiana y tensionando el normal funcionamiento de nuestras instituciones. No obstante, a pesar del recorte presupuestario, de la degradación del salario de los docentes y nodocentes y de los ataques y provocaciones del gobierno, los esfuerzos por compatibilizar las acciones de lucha con el sostenimiento de las clases y demás actividades académicas han sido notables y nos han permitido sostener la legitimidad social de nuestras instituciones universitarias.
En nuestra propia Universidad, la organización y coordinación de las acciones de lucha entre los gremios y los claustros universitarios nos han permitido robustecer nuestras acciones colectivas y fortalecer los vínculos dentro de una comunidad que, sin dejar de ser heterogénea, confluye sin matices en la defensa de una Universidad pública de calidad y comprometida con los problemas de nuestra sociedad.
Luego de casi un año de lucha, esta nueva etapa del conflicto universitario nos encuentra más cohesionados y mejor organizados para afrontar los enormes desafíos que tenemos por delante, entre los cuales está seguir sosteniendo las actividades universitarias para fortalecer y densificar aún más nuestras acciones colectivas de resistencia a los planes de ajuste y desfinanciación de la educación superior, y ampliar las redes y articulaciones con otros sectores perjudicados por un proyecto de país empobrecedor de las mayorías populares.
Hoy, la defensa de la Universidad pública argentina es más que la defensa de la Universidad, es la defensa de las esperanzas de nuestra sociedad por construir un futuro más justo.
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- Los subrayados y destacados son responsabilidad de la Redacción de 90 Líneas
