Por Roberto Pascual.-
«Los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo», es una frase del filósofo George Santayana que bien puede aplicarse a la estricta actualidad de la Argentina.
Los autores clásicos a partir de Thoma Hobbes coinciden en que los hombres aceptan delegar en la justicia parte de su libertad natural mediante un pacto implícito que tiende a garantizar su seguridad y asegurar la paz, pero es imposible hablar de justicia sin un poder coercitivo que obligue a cumplir lo pactado.
El problema es cuando la justicia se aleja del pacto implícito que debe sostener, sea porque incumple los principios en que basa su andamiaje y que parten de la Constitución, pero también de reglas tácitas que garantizan su funcionamiento, en especial su imparcialidad.
El reciente fallo de la Cámara de Casación Penal condenando a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la ex presidenta Cristina Kirchner no sólo adolece de inconsistencias en la construcción probatoria (es decir que las pruebas sobre las que basa su condena son al menos endebles), como en la lógica de los argumentos (en especial porque no queda probado el beneficio personal que la jefa del peronismo habría alcanzado en los hechos que le imputaban y por los que se la condena).
Pero lo que probablemente sea más grave aún es que en distintas instancias se desoyó el pedido de la defensa de la ex mandataria de apartar a los jueces que la condenaron, a los que propios y ajenos vinculan al ex presidente Mauricio Macri.
Y si el fallo genera quejas y sospechas, la decisión del gobierno de Javier Milei de retirarle la jubilación por haber ejercido el cargo de mandataria y la pensión de viudez de Néstor Kirchner, más allá de su endeblez jurídica replantea un cuadro de persecución y proscripción política, es decir un tema particularmente sensible a la historia peronista, que luego del golpe militar de 1955 se alineó detrás del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, bajo la histórica consigna de Perón vuelve .
Si con Hobbes se coincide en que los hombres están de acuerdo a ceder parte de su derecho natural a la libertad con la finalidad de garantizar su seguridad y la paz social, el fallo de Casación y el posterior regodeo abusivo de quitarle la jubilación y la pensión a Cristina no hace más que agregar una luz amarilla al estrecho sendero social por el cual transita una Argentina empobrecida y cada vez más endeudada.
Si de algo podían ufanarse los argentinos luego de la recuperación de la democracia era haber logrado un fallo condenatorio ejemplar contra los responsables de los hechos aberrantes de la última dictadura. Fueron esos nuevos pactos sociales fundantes los que permitieron consolidar estas cuatro décadas de vigencia institucional.
Es claro que numerosos episodios pusieron a prueba esa fortaleza institucional, como por ser las rebeliones carapintadas o la crisis del 2001.
Pero esas dificultades se lograron sortear a partir de la firme convicción de la ciudadanía en la necesidad de sostener instituciones democráticas sólidas.
Un principio que ahora queda severamente cuestionado a partir de fallos judiciales muy endebles y el fantasma de una nueva proscripción que no sólo agita el clima político sino que pone al país frente a la peligrosa disyuntiva de recrear un Poder Judicial no sólo confiable, sino que también garantice la paz social, esa por la cual Hobbes justifica que los hombres cedan parte de su libertad natural.
