Por Emilio Augusto Raffo
En estos días en que todos estamos consternados por el desastre que está ocurriendo en la Patagonia y especialmente en El Bolsón, recordaba una nota en este mismo medio 90.lineas.com “Incendios en Corrientes culpa de todos del 21/2/2022”. Ello me motivó e intentar decir algo al respecto.
Digamos, como principio, que la defensa del ecosistema es una tarea de todos y de todo el tiempo.
Son y deben ser políticas de Estado, de todos los Estados, y por ende de todos los gobiernos y de los pobladores del planeta.
Señalaba en esa nota alusiva a lo que ocurría en Corrientes hace ya tres años y debo reiterar ahora el valor inconmensurable y de absoluta vigencia del “Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo” del General Perón, del 21 de febrero de 1972. Al respecto, el doctor Homero Máximo Bibiloni resalta en un artículo de su autoría que -pasados ya 53 años- «ese documento elaborado por un visionario y estadista resulta un punto de inflexión conceptual, filosófico y de acción política consecuente en lo relativo a un desarrollo armonizado con el ambiente, en cual se adelantó al evento de Naciones Unidas de junio de 1972 en Estocolmo, donde nació el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente”.
En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estados y de Gobiernos se reunieron en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que se aprobó la Agenda 2030, la cual contiene 17 objetivos de aplicación universal que, desde el 1° de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible hacia un futuro no muy lejano, apenas un lustro.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son herederos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así como lograr aquellas metas que no fueron conseguidas.
Estos nuevos objetivos presentan la singularidad de instar a todos los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medianos, a adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta. Reconocen que las iniciativas para acabar con la pobreza, deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio ambiente.
A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, se espera que los gobiernos los adopten como propios y establezcan marcos nacionales para su logro. Los países tienen la responsabilidad primordial del seguimiento y examen de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos, para lo cual es necesario recopilar datos fiables, accesibles y oportunos. Las actividades regionales de seguimiento y examen se basarán en análisis llevados a cabo a nivel nacional y contribuirán al seguimiento y examen a nivel mundial.
En consonancia con lo dicho, desde la sociedad civil promovimos sendos proyectos de ley tendientes a procurar esa obligatoriedad jurídica a los partidos políticos Nacionales, Provinciales y Municipales presentados por la Diputada Susana González en la Legislatura bonaerense (Siguiendo a Peron… Mejor que decir es hacer…al menos hasta donde se puede).
Mientras vemos hoy arrasada parte de la Patagonia, y recordamos las más de 25.000 hectáreas en Corrientes como en 2022 (Paso de los Libres y Curuzu Cuatia), y en su momento La Pampa y otros lugares de nuestro país, han sido varios los proyectos que no tuvieron una correspondiente aceptación en el Congreso Nacional, circunstancia que ahora se obvia, y solo se atina a cuestionar situaciones coyunturales, de exposición mediática o de posicionamiento circunstancial o político (y no me refiero solamente a la “grieta”).
Y no solo ello, sectores que defienden exclusivamente sus intereses particulares o sectoriales, por citar algunos, las empresas dedicadas a las plantaciones de arroz, las forestales, agropecuarias, las autoridades locales que privilegiaron la actividad económica y/o productiva en desmedro del medio ambiente.
Muchos críticos, como muy bien señalaba mi Maestra de Sexto Grado, no ven más allá de sus narices… y para colmos son ñatos…
Los que saben, no es mi caso, señalan que los Esteros del Iberá, son los más importante del país, y el segundo de Sudamérica, a pesar de contar con una protección legal es la eco región más amenazada del sistema (Fragetti M, y Pacayut “Esteros del Iberá…” revista citada)
Todas estas actividades productivas, sin un debido control, han ocasionado una disminución de las reservas hídricas provocando una suerte de desertización cuyos costos hoy está pagando Corrientes y toda la región.
Con motivo de los proyectos de Ley Bases DNU70/23, entre otros emanados el actual Gobierno nacional, la Asociación de Abogados Ambientalistas, tuvo la oportunidad de exponer en el seno de las Comisiones respectivas del Congreso Nacional, que la empresa CRESUD desmontaba unas 120.000 hectáreas (tres veces el territorio de Capital Federal) y otras 120.000 en Los Pozos Santiago del Estero, y la firma FINCAYUTO del grupo SOCMA, otras 10.000.
Se afirma desde algunos medios de difusión que se ha eliminado el Fondo Fiduciario para la protección de bosques nativos, se redujo el control de desmontes ilegales de incendios internacionales, y que la llamada Ley Ómnibus legalizó la venta de tierras incendiadas, eliminando la prohibición de comercialización de terrenos quemados.
No es objetivo de esta nota sumarme a los críticos o defensores de lo hecho o no hecho hasta el presente. Solamente abogar por una toma de conciencia sobre este tema, propuesto hace ya 53 años, que cuenta entre los Objetivos de Naciones Unidas un espacio preponderante y con varios proyectos legislativos ,cuyo tratamiento se torna indispensable, aunque demasiado demorados.
