La media sanción de un proyecto de Máximo Kirchner y Carlos Heller, muy demorado en su tratamiento, finalmente recibió 133 votos afirmativos, 115 negativos y dos abstenciones, tras un debate de 13 horas. La iniciativa que se trataría a partir del martes próximo en el Senado, lejos de minimizar las diferencias entre el Gobierno y la oposición las agudizó. Pero, además también se encontró con la férrea oposición de la mayor parte del empresariado argentino que estiman que este tributo impactará negativamente en la economía y afectará la recuperación.
La polémica es tan grande que alcanza a la característica misma de la que, se descuenta, será la futura tributación que logró apoyos impensados en diputados radicales cercanos a Gerardo Morales.
Desde los sectores opuestos tanto legislativos como empresariales se destaca que en rigor no es “un aporte extraordinario” sino de un impuesto, dado que no se ofrece ninguna contraprestación en cambio por parte del Estado, tiene carácter obligatorio y, además, genera una doble imposición respecto del impuesto que ya rige sobre bienes personales al afectar el mismo sujeto imponible y la misma base imponible.
Al mismo tiempo con ambos «impuestos» afirman que la alícuota trepará al 7,5%.lo que va a generar una avalancha de juicios.
Pero los impulsores del proyecto destacan que medidas similares se aplican o se estudian en otros países del mundo lo que permitió afrontar situaciones presentes o pasadas fortaleciendo instituciones y el desarrollo económico.
Y citan el ejemplo de Alemania, que analiza un proyecto similar y que al momento de unificarse con la ex República Democrática tras la caída de muro de Berlín realizó un fenomenal aporte de la República Federal, el más rico y poderoso de los dos estados creados tras la derrota del nazismo para compatibilizar el dispar desarrollo de ambas sociedades.
Entre los rasgos salientes del proyecto que tratará el Senado figura que quienes vivan en jurisdicciones sin convenios recíprocos con la Argentina no cooperantes o de baja o nula tributación estarán también obligados a pagar por los bienes que tengan en la Argentina. Otro aspecto destacado es que se trata de un aporte «con carácter de excepcional y por única vez», en el marco de la emergencia económica.
El aporte debe ser pagado por aquellos residentes que tengan bienes (en el país o en exterior) cuyo valor supere los $200 millones y por los extranjeros por los bienes que tengan en la Argentina, siempre que su valor sea superior a los $200 millones.
La propuesta es clara, al afirmar que la base de determinación se calculará «incluyendo los aportes a fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley».
El piso de $200 millones del que habla la propuesta es un mínimo exento. A diferencia de un mínimo no imponible, todo aquel que supere los $200 millones, así sea por 1 centavo, deberá pagar por la totalidad. Además con la devaluación que se produjo entre el momento en el que se presentó la propuesta y el de su media sanción, el piso en dólares pasó de 3,35 millones a 2,35 millones de dólares, por lo que probablemente sean más de 10.000 las personas alcanzadas por el impuesto en vez de los estimados 9.300 al momento de redactar el proyecto.
En caso de que se repatrien bienes del exterior –que representen un 30% del valor total de activos en otros países–, se aplicarán las alícuotas y escalas que se usarán para el caso del patrimonio en la Argentina.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y la Friedrich Ebert Stiftung Argentina (FES), una entidad vinculada a la socialdemocracia alemana, elaboraron un análisis sobre el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas. En su defensa del proyecto, ambas entidades remarcaron que “no afecta a las inversiones productivas”, al tiempo que indicaron que es falso que exista en la Argentina una elevada carga impositiva sobre las grandes fortunas. Por otra parte, advirtieron que los tributos de esa naturaleza “no sirven sólo para recaudar” sino que además son importantes “para limitar el aumento de la desigualdad”.
LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
En un repaso de la experiencia internacional, CEPA y la FES, destacaron el caso de Alemania que cobra el “impuesto solidario” en el que se tributa una sobretasa del 5,5% sobre la renta individual por sobre las existentes
España cuenta con un impuesto a las grandes fortunas que aumentará de 2,5% a 3,5% en 2021” en tanto Francia “cuenta con un ‘impuesto excepcional’ de 3% extra a las ganancias individuales superiores a 250.000 euros y un 4% a las mayores a 500.000 euros”.
Es más, las entidades puntualizaron que el virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, “propone 1,5% a empresas con ganancias superiores a los 100 millones de dólares que no pagan impuestos federales”, además de un 39,6% sobre ingresos personales anuales, 28% de tasa corporativa y un 2% de impuesto sobre rentas extranjeras.
En cuanto a propuestas que aún no se plasmaron en normas, también señalaron que en España “el oficialismo impulsa alícuotas de 3,5% sobre 10 millones de euros”, en Italia “parte del Partido Democrático impulsa alícuotas desde 4% a 8% sobre patrimonios de 80 mil euros”, en Brasil “la oposición impulsa alícuota de 2,5% sobre patrimonios a partir de los 50 millones de reales” y en Chile “la oposición legislativa impulsa alícuota del 2,5% desde 22 millones de dólares”.
Entre otros aspectos, CEPA y FES indicaron que “el aporte es sobre las personas físicas y no sobre las sociedades, por ende no afecta a las inversiones productivas” y que además “las inversiones empresariales vienen de la mano de créditos y financiamiento, los cuales no se ven afectados de ninguna manera”,
También señalaron que los alcanzados por el impuesto “son sólo 9,298 personas y recaudaría 307 mil millones de pesos”, en tanto “sólo 253 personas recaudarían en 50%” de ese monto. “No son impuestos a la clase media”, agregaron, al tiempo que precisaron que “sólo 440 personas poseen entre el 6,5% y el 9% del patrimonio argentino. Y el 83% lo tienen afuera: la riqueza es off shore”.
Asimismo, rechazaron que la carga impositiva sobre los sectores más acomodados sea en la Argentina una de las mayores del planeta. La alícuota más alta del impuesto a la renta individual en Argentina es de 35%, mientras que en Europa las tasas sobre la renta individual superan el 40% y llegan en algunos casos hasta el 55%.
Pero más allá del debate legislativo y los alcances de la contribución extraordinaria, que desde la Unión Industrial salieron a pedir sea modificada en el Senado para “no afectar a la actividad productiva”, lo cierto es que hay coincidencia en que la presunta inconstitucionalidad del proyecto terminará siendo litigada en tribunales.
Se trata de un giro que no suele darse al momento de reducir las alícuotas de los tributos, como ser bienes personales durante la administración de Cambiemos, con el argumento de generar inversiones. Lo cierto es que la rebaja impositiva tan característica de los gobiernos neoconservadores estadounidenses sirvieron en esas latitudes de base a la recuperación económica. Pero no siguieron la misma tendencia en el país, donde los beneficios muchas veces se embolsaron y casi siempre se fugaron sea por pago de utilidades o por mera especulación, incluso a tasas de retorno inferiores a las que se obtienen en el país en una constante e inacabable pérdida de riqueza o exportación de beneficios que están lejos de convertirse en nuevas inversiones.
Lo cierto es que desde una y otra punta del espectro político argentino hay algunas coincidencias. Una es que estamos ante una nueva oportunidad histórica a partir del acuerdo con los acreedores externos y el seguro arreglo con el FMI que despejará del pago de obligaciones inmediatas. Además, en parte por las propias restricciones de una economía paralizada, pero también por un favorable incremento en los precios de nuestro productos de exportación, junto con opciones de ingreso provenientes de la exportación de gas a Chile, apenas se avance en los proyectos diseñados para el sector a corto plazo se presenta una balanza comercial muy favorable..
Argentina más allá de la pirotecnia discursiva y algunas movilizaciones más o menos convocantes, no exhibe grandes contradicciones respecto a qué tipo de esquema económico es viable. Nadie, salvo algunas expresiones de izquierda y el ultraliberalismo extremo de los “libertarios” apuesta, como en otros momentos, en favor de no crear una institucionalidad en el marco del capitalismo.
Así, una vez más el país debe buscar el consenso para definir sobre qué bases se edifica ese proyecto de país, que no se diferencia tanto en los objetivos como en las formas, en especial sobre el rol que debe jugar el Estado para lograrlo.
Lo cierto es que la nueva carga tributaria pone en entredicho más que el tipo de país que se busca edificar, el tipo de arquitectura que se empleará, pero, y sobre todo, quién será el que ponga la plata para la construcción común.
El tema no es menor y de su resolución no sólo depende el futuro inmediato sino el de las nuevas generaciones.
Es conocido el carácter dispendioso de un sector social de la argentinidad capaz de acuñar frases como “la vaca atada” o “la manteca al techo”, como anécdotas reveladoras de una tradición cultural aún presente en el inolvidable “deme dos” en pleno auge del turismo de compras a Miami.
Pero el virus no deja espacio para recrear ese esplendor que disfrutaron sin mucho esfuerzo algunos sectores de la sociedad argentina.
Hoy como Alemania o Japón en la posguerra se nos presenta una nueva alternativa con un entramado productivo subexplotado, una capacidad tecnológica o científica nada desdeñable y recursos, sobre todo energéticos, inexplorados o subexplotados.