Legalización del aborto, la apuesta presidencial más riesgosa

Las manifestaciones a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo condicionan la votación de los legisladores

Lejos de un trámite legislativo vigorizante que permitiera cerrar filas y reconstituir la tropa de cara a las elecciones de 2021, como afirmaban distintos analistas y politólogos, el tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo se encamina a convertirse en la mayor batalla política del año que se va.

Es sabido que el tema del aborto dividió transversalmente a las fuerzas políticas en Diputados. Así conspicuos miembros de la oposición votaron a favor de la iniciativa propuesta como uno de los temas de campaña por el presidente Alberto Fernández, mientras que sectores paradigmáticos del oficialismo como los legisladores formoseños se alinearan con el rechazo.

Sin dudas, la interrupción voluntaria del embarazo se convirtió en una verdadera fotografía de la composición de las dos principales coaliciones en que se divide la política nacional y de sus respectivas configuraciones internas con ramas progresistas y conservadoras en ambos bandos, según el tema que se trate.

Y como se esperaba, la Iglesia está dispuesta a jugar toda su capacidad de presión para oponerse a un tema que considera un punto de inflexión de la doctrina católica.

En ese contexto, la Conferencia Episcopal Argentina definió una serie de acciones pastorales «en favor de la vida por nacer», ante el tratamiento en el recinto del Senado del proyecto de legalización del aborto y le agradeció al papa Francisco sus palabras y gestos en defensa de la «vida humana no nacida» durante la 186ta. reunión de la comisión permanente del Episcopado, presidida por su titular y obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, con la participación del nuncio apostólico, Miroslaw Adamczyk.

Además Ojea, le envió una carta «privada y personal» al Presidente con motivo de la próxima celebración de Navidad y en pleno debate sobre la interrupción del embarazo en un año que los obispos calificaron de “difícil por la crisis sanitaria y el debate del proyecto sobre el aborto». Y como muestra de su descontento, los obispos desistieron de pedirle una audiencia a Alberto Fernández, como se hizo frecuentemente en los últimos años en los días previos a la Navidad, pese a la cercanía en otros temas del Gobierno Nacional con el Vaticano y buena parte de la cúpula católica autóctona

Pero más allá del previsible malestar eclesiástico sobre el tema, lo que por estas horas más preocupa en la Casa Rosada es en su capacidad para torcer voluntades entre los legisladores, aun entre las más firmes espadas del oficialismo, provenientes de provincias tan tradicionalmente peronistas, como alineadas al sector más conservador de la Iglesia Católica.

Quizás el ejemplo más paradigmático de esta doble pertenencia sea la del jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, quien llamó reiteradamente a  profundizar en el tratamiento en comisiones del tema que llegó a calificar de “exprés” con la idea de llevar el debate al 2021, cuando tradicionalmente es uno de los legisladores que suele llamar a agilizar el trámite legislativo.

Este jueves,  el proyecto que ya fue aprobado en Diputados consiguió el dictamen favorable de las tres Comisiones que integraron el plenario en la Cámara alta y quedó en condiciones de ser debatido en el recinto el próximo 29 de diciembre, en lo que se anticipa como una votación extremadamente reñida.

Es cierto que a diferencia de 2018, cuando la iniciativa no cosechó las firmas necesarias, los partidarios del aborto lograron el aval de la mayoría de los legisladores en el plenario de las tres comisiones para sostener el proyecto del Ejecutivo, que terminó por imponerse sin sobresaltos.

Pero el avance en el tratamiento de la iniciativa, que llegará al recinto el 29 de diciembre, promete generar un cierre de año muy caliente en la Cámara alta, donde un pequeño grupo de legisladores que no han blanqueado la dirección de su voto determinará el resultado de un tema, que como pocos divide las aguas entre la población argentina, como quedó demostrado en las concentraciones “verdes” y “celestes” durante la aprobación en Diputados.

A diferencia de lo sucedido entonces, oficialismo y oposición esta vez advirtieron que la batalla por venir puede marcar los futuros tres años de la gestión de Alberto Fernández. Así, por estas horas queda claro que el brindis navideño no interrumpirá las intensas negociaciones que de una y otra parte del espectro político nacional se definirán en esta pulseada clave previa a la llegada del 2021.

Así desde Juntos por el Cambio están dispuestos a jugar todas sus fichas para que los senadores partidarios se sumen a votar en contra, más allá de sus posturas personales e incluso en algunos casos de sus votos en 2018, con el argumento de que no es el momento para tratar el tema.

Más difícil aún será para Cristina Kirchner convencer a los suyos. La promesa electoral de Alberto Fernández cala hondo e incluso gobernadores convertidos en aliados clave del Presidente a la hora de avanzar en temas sensibles, como ser la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la policía, ahora no logran asegurar que sus senadores levanten la mano para aprobar el proyecto por temor a que se convierta en un boomerang cuando tengan que ratificar con los votos sus asientos legislativos.

Así las cosas, lejos del trámite holgado que le permita al Poder Ejecutivo terminar el año con una sonrisa, el tratamiento en el Senado de la interrupción voluntaria del embarazo se ha convertido en la pelea política más riesgosa de este año que se va. 
Una batalla que Alberto Fernández necesita imperiosamente ganar para consolidar una gobernabilidad que por errores propios y la propensión opositora a horadar su gestión pasa por un momento complicado.
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