“Yo buscaba que la justicia de algún modo se revise a sí misma y empiece a dar vuelta a las cosas que habían hecho mal», dijo Alberto Fernández durante un reportaje este lunes. «Esperé que la justicia hiciera y la justicia no hizo. Y yo creo que Marcela (Losardo) que no viene de la política, sintió como cierta desazón de que era muy difícil hacerlo por esa vía, y me dijo que prefería dar un paso al costado. Creo que, además, también influyó el hecho de que aparezca un fiscal a quien ella en su vida vio y dijera que lo llamó para solidarizarse frente a la denuncia por la que terminó procesado en Dolores», completó en alusión a dichos de Carlos Stornelli, que fueron negados tajantemente por la ministra saliente.
La designación de Martín Soria para el ministerio, refleja esa necesidad de una nueva conducción para vincularse con un Poder Judicial, muy renuente a autodepurarse.
Los analistas políticos, casi como deformación profesional, suelen atribuir casi todas las medidas que impulsa cualquier gobierno a las futuras elecciones, sean estas legislativas o presidenciales. Y debaten sobre los supuestos beneficios electorales de cada decisión que se toma.
Así, por estas horas se escuchó recurrentemente asegurar que el tema judicial no mueve el amperímetro en una población agobiada por la pandemia que sólo busca soluciones en lo inmediato a dos temas que directamente los afecta en su vida cotidiana: la falta de dosis para vacunarse contra el coronavirus y la suba de precios, en especial de los alimentos, que suele irritar más allá de cualquier incipiente recuperación de su actividad.
NO ES UN TEMA MENOR
Pero la gestión judicial no es un tema menor para Alberto Fernández. Hombre del riñón de la Justicia, el Presidente se convenció por estos días, si no lo estaba desde antes, que el accionar judicial se convirtió en un peligroso freno a las aspiraciones reformistas de su gestión.
Por estas horas se suele alinear a Soria con el kirchnerismo en la ofensiva encabezada por la propia Cristina para hacer frente a la andanada de causas judiciales en su contra. Sin embargo la historia política del diputado rionegrino que sucederá a Marcela Losardo, lo ubican bastante alejado de los tradicionales aliados de la Vicepresidenta. Aún así en las últimas elecciones a la gobernación, Soria representando al PJ perdió frente a la candidata del oficialismo provincial Juntos Somos Río Negro.
La agrupación política fundada por el ex gobernador Alberto Weretilneck, quien sucedió al Gringo Carlos Soria (padre de Martín) luego de que éste fuera asesinado por su esposa (por lo que cumple prisión domiciliaria) pocos días después de asumir su cargo, ahora comanda la siempre conflictiva provincia de la mano de Arabel Carreras.
Soria se alineó a nivel nacional con el kirchnerismo desde que asumió como legislador, pero fueron sus postura confrontativas con el sector más cuestionado del Poder Judicial, lo que terminó por hacerlo el elegido para reemplazar a Losardo en el ministerio.
Después de asumir en diciembre de 2019 comenzó a tejer buenas relaciones con el presidente Alberto Fernández, pero sobre todo con el kirchnerismo más duro, a partir de su rol en la Comisión de Justicia, en la de Legislación Penal, Asuntos Constitucionales y de Juicio Político.
Se convirtió en denunciante del mal funcionamiento del Poder Judicial, no sólo con cuestionamientos políticos, sino con denuncias por la actuación de los magistrados durante el gobierno de Mauricio Macri.
La semana pasada, Alberto Fernández aseguró que conoce “hace muchos años” a Martín Soria, y aclaró que no se lo puede calificar de kirchnerista porque su hermana, María Emilia Soria, fue una de las legisladoras que en 2017 votó el desafuero de Julio De Vido. “Lo conozco a Martín, mucho. Voy a decir algo que va a exacerbar muchos ánimos, pero su hermana (María Emilia) votó el desafuero de De Vido. Los Soria no son precisamente eso (kirchneristas), lo dicen los opositores para generar inquina entre Cristina y yo”, dijo.
«Por supuesto que acepté este desafío que me llena de orgullo y de sentido de responsabilidad», escribió Soria en su cuenta de Twitter y destacó entre los objetivos de su futura gestión que en línea con el pedido del Presidente, vamos a trabajar para garantizar que los servicios de justicia en nuestro país sean más eficientes, inclusivos e igualitarios; para avanzar en una transformación conceptual que ubique a la justicia de cara a los ciudadanos y ciudadanas», afirmó el diputado.
«Como sostuvo el Presidente reiteradamente, Argentina necesita que el Estado de Derecho funcione a pleno, y para eso necesitamos una Justicia que se corresponda con ese Estado de Derecho», añadió.
«Ése, entonces, será nuestro principal objetivo. Como servidor público, voy a perseguirlo con rigurosidad profesional y con la firmeza y constancia propias de aquellos que sentimos pasión por la política», completó.
Soria impulsó la investigación del rol de la mesa judicial del macrismo y denunció al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, por sus encuentros con Mauricio Macri en la Casa Rosada. La denuncia a Hornos desató un verdadero terremoto en el máximo tribunal penal del país.
Además, pidió el juicio político del presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, el autor intelectual de la doctrina que permitió encarcelar a funcionarios kirchneristas durante el gobierno anterior, y -como también hizo el Presidente- cuestionó al fiscal Carlos Stornelli a quien denunció en un tuit por ir a visitar a Macri.
“#Stornelli fue a visitar a #Macri un día después de pedir el procesamiento del ex secretario de Comercio. No lo digo yo, lo dicen los registros oficiales de @CasaRosada. ¿Habrá ido a recibir nuevas instrucciones o sólo felicitaciones? Y después dicen que no existe el #Lawfare…”, publicó un uno de sus mensajes más explosivos en la red del pajarito.
Lo dicho, Martín Soria no parece una persona contemplativa o dispuesta a negociar con el Poder Judicial, a muchos de cuyos miembros afirman no conocer. Así mientras desde la oposición se quejan del abandono de la vía negociadora con los miembros de la Justica, Alberto Fernández parece estar convencido que para ejercer el poder real no puede tener un Poder Judicial no dispuesto a reconvertirse. Y como parangona el diputado Leopoldo Moreau, “como los militares en 1983 tuvieron la oportunidad de autodepurarse y como no quisieron hacerlo, Alfonsín tuvo que impulsar los juicios a través de la Justicia federal”.
Hoy es otro punto de inflexión, donde la tibieza y los paños fríos ya tienen poco espacio. “Hay que terminar con el lawfare y la mesa judicial del macrismo”, definió el futuro ministro, que no dudó en calificar a algunos miembros de la Corte Suprema, como “cómplices de este proceso”.