La demanda iniciada este martes fue impulsada por miembros del Comité Directivo del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Buenos Aires, que poseen once series de obligaciones con un monto de capital de U$S 7.148 millones emitidas por la Provincia.
Desde fuentes del Gobierno bonaerense señalaron que la demanda es propia de «las tácticas que suelen utilizar para presionar» estos grupos y que «ya lo hicieron con otras provincias».
La demanda llega luego de que la Provincia iniciara hace ya casi un año un proceso de negociación para reestructurar su deuda externa pero por ahora no llegó a un acuerdo y la primera oferta se aplazó en trece ocasiones.
Pese a ello, el comité de acreedores consideró que «desde abril, la Provincia no ha hecho prácticamente ningún esfuerzo por entablar negociaciones de buena fe con el Grupo a fin de encontrar una solución mutuamente aceptable y consensuada, a pesar de varios intentos de entablar discusiones de parte del Grupo y sus asesores».
Los miembros del Grupo de acreedores aseguraron que no obstante las acciones judiciales siguen abiertos a considerar propuestas, pero continuarán con los procedimientos legales que han iniciado y se reservan en su totalidad sus “derechos a ejercer cualquier otra acción o recurso adicional”.
En la misma sintonía, los bonistas cuestionaron el perfil que optó tomar la Provincia y recordó que otras jurisdicciones nacionales lograron arribar a un acuerdo mediante el “diálogo de buena fe” y citaron los casos de Chubut, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Córdoba, Salta, Entre Ríos y Jujuy.
“Un contraste marcado al actual curso de las autoridades de la Provincia. Esta lamentable situación ha dejado a los miembros del Grupo, que tienen deberes fiduciarios para con sus propios inversores, sin más opción que ejercer acciones contractuales a su alcance a través de los tribunales de Nueva York”, apuntaron en el comunicado.
Por su parte desde fuentes del gobierno bonaerense señalaron que la demanda es propia de «las tácticas que suelen utilizar para presionar» estos grupos y que «ya lo hicieron con otras provincias». «No nos sorprende», agregaron funcionarios del área económica ligados a las negociaciones del caso, y sostuvieron que Buenos Aires viene «trabajando de buena fe, dialogando, y estas tácticas sólo dificultan una resolución; no ayudan a resolver nada”.
«Están en una posición intransigente, pidiendo niveles de cupones que niegan el alivio financiero que la Provincia necesita y otorgaron a la Nación. El Gran Buenos Aires tiene problemas de pobreza de casi el 50% en términos de personas y más del 60% en el caso de los niños. Comprometernos a pagos insostenibles tiene un impacto real y nos llevaría empeorar una situación que ya es extremadamente frágil», subrayaron desde la Gobernación.
En declaraciones a distintos medios, el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, pocas horas después de la presentación de las dos demandas en Nueva York no ocultó sus suspicacias frente al hecho de que la embestida judicial se produjo precisamente el día de la reunión de Martín Guzmán, con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para avanzar en la renegociación de la deuda de casi U$S 45.000 millones del país con ese organismo internacional.
“Nosotros ya sabemos que hay un grupo incluso de tenedores de bonos que han aceptado la propuesta original de la Provincia, con lo cual claramente no es que involucra al 100% de los acreedores”, destacó López.
“La Provincia de Buenos Aires, que tiene un nivel de deuda muy grande, con vencimientos que llegaron a representar en los últimos años cerca del 20% de los ingresos totales. Claramente es una situación extremadamente compleja. El nivel de deuda que tiene la Provincia también es muy alto, en moneda extranjera. Y eso se suma la situación social de la Provincia. Esa es la situación en la que nosotros estamos trabajando, en la que tenemos que operar. Cada provincia tiene su propia situación fiscal, su propia realidad social, su propio nivel de deuda y cuánto presiona ese nivel de deuda sobre las arcas provinciales. Se trata de una situación insostenible en la que se encontraba la deuda, y son insostenibles también las condiciones que nos están pidiendo los acreedores, que volverían a poner a la Provincia en una situación muy parecida a la que estamos hoy en muy poco tiempo. Eso es lo que queremos evitar, volver a estar en la misma situación en poco tiempo», destacó el funcionario.
NUEVA PROPUESTA
El objetivo del gobierno de Axel Kicillof se mantiene y es ahorrar unos U$S 5.000 millones hasta 2030 y dar aire a las arcas provinciales que, de lo contrario, deberían pagar en los próximos cuatro años cerca del 80% del total adeudado por la provincia a acreedores externos.