Hacia el último round de la renegociación con el Fondo
Hay coincidencia en los objetivos entre el Gobierno y los funcionarios del FMI, como ser la sostenibilidad fiscal y el aumento de las exportaciones con valor agregado. El tema es cómo se logran esos fines
Una premisa establecida durante el gobierno de Néstor Kirchner sigue presidiendo las negociaciones de Argentina con sus acreedores. Se resume con la frase “los muertos no pagan sus deudas”, que repitió hasta el hartazgo el expresidente y que mantiene toda su vigencia.
Negociar duro y llevar las posturas a situaciones extremas no significa no acordar. En cambio se trata de lograr las mejores condiciones posibles en esa pulseada de intereses o en algunos casos esquemas estatutarios que complican ese apretón de manos que deja conforme a las partes.
A esta altura una aclaración no menor: Argentina necesita un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto es así, más allá de las condiciones irregulares (o de los resultados finales de la incipiente judicialización penal) en el país y el otorgamiento de un stand by contrario a los estatutos del organismo multilateral, que reconocen sus propios funcionarios. y es motivo de una auditoria interna.
Lo dicho, a pesar de esa situación irregular, el país (más que el gobierno de Alberto Fernández) no puede poner punto final, como hizo en su momento Kirchner, a los créditos otorgados por el organismo.
Con otra aclaración, Néstor cortó el vínculo pagando la totalidad de lo adeudado el 5 de enero de 2006 por un total de 9.534,8 millones de dólares, pero hasta ese momento la administración kirchnerista cumplió religiosamente con lo convenido con el organismo.
Es más giró U$S13.212,84 millones de dólares y recibió desembolsos por 7.843,56 millones con un desendeudamiento de U$S 4.244,55 millones antes de la cancelación final. Esos giros fueron superiores a los 2.325,09 millones que le pagó al FMI Duhalde, a los 2.788,59 millones de De la Rúa, a los 7.083,13 millones de Menem y a los 2.041,49 millones girados durante la gestión de Alfonsín. Cristina y Macri no le pagaron al Fondo, tras la cancelación de 2005.
Es sencillo acordar cuando se aceptan todas las condiciones de la contraparte como se hizo en el primer tramo del gobierno de Mauricio Macri con los holdouts, operación de la que días atrás se ufanó el exministro de Economía Alfonso Prat-Gay en un programa televisivo. Por entonces se pagó 9.300 millones de dólares a los fondos buitre, incluyendo 4.782 millones al de Paul Singer. Así según el Premio Nobel Joseph Stiglitz, NML Capital de Singer invirtió 177 millones de dólares en los bonos en default de la Argentina y embolsó 2.280 millones de dólares, lo que significa «un retorno de 1.180 por ciento», sólo en una parte del total de sus inversiones de los más de 4.700 millones.
El pago se hizo con el argumento de que permitiría salir al país del default en el que se encontraba y acceder a créditos internacionales. Pero incluso el diario británico Financial Times señaló que para realizar pagos a los fondos buitre Argentina emitió la mayor suma de deuda para cualquier nación en desarrollo desde 1996, siendo el país que más se endeudó en el mundo desde entonces.
Sin embargo ahora esa operación al contado es motivo de una investigación de la justicia en la Argentina por haberse detectado irregularidades, como ser falta de informes técnicos que avalaran el monto demandado y sin determinar los títulos que específicamente estaban en juego y pagando incluso más de lo reclamado con fallos firmes en una causa que lleva el fiscal Federico Delgado, quien calificó a la operación como el broche de oro de una gigantesca estafa al Estado nacional.
Por esta operación está en la mira judicial Macri y hay coincidencias en que este acuerdo con los fondos buitre marcan el inicio de una nueva etapa de endeudamiento externo que culminó con el regreso del Fondo Monetario Internacional. Es precisamente ese acuerdo con el Fondo el que ahora se busca renegociar luego de que el crédito stand by acordado al macrismo fuera incumplido largamente por la gestión anterior, donde se establece un mecanismo de cancelaciones imposible de cumplir para la Argentina.
Esos incumplimientos hizo que se cancelaran nuevos desembolsos pendientes del organismo en 2019.
LA NECESIDAD TIENE CARA DE HEREJE
Como señala el dicho popular, hay casos en que las necesidades son ineludibles. Por eso conviene definir por qué Argentina necesita un nuevo acuerdo con el Fondo.
En primer lugar porque no hacerlo significaría cerrar definitivamente el acceso de los créditos internacionales, como el anunciado este lunes por el ministro Martín Guzmán con el Banco Mundial. Actualmente, la Argentina tiene 26 préstamos de ese organismo multilateral por un monto de U$S 6.149 millones, de los cuales restan desembolsar US$ 2.066 millones este año, que de inmediato se caerían en caso de una cesación de pagos con el FMI.
El conograma de pagos al FMI comprometidos en el stand by kotorgado a Macri
Por otra parte, el presidente Alberto Fernández inició una serie de contactos con su par de Francia, Emmanuel Macron, el titular del gobierno español Pedro Sánchez y con la canciller alemana Angela Merkel para lograr una prórroga del vencimiento de mayo por U$S 2.400 millones de dólares con el Club de Paris, que también busca reestructurarse con nuevos plazos y tasas más reducidas.
Esta deuda fue originada por obligaciones anteriores al default de 2001 y reestructurada por Axel Kicillof en 2014 con pagos cuya última cuota vencía en mayo de 2019, pero con dos años de prórroga automáticos en caso de inconvenientes, como los que a fines de agosto de ese año llevaron al por entonces ministro Hernán Lacunza a declarar el “reperfilamiento” de la deuda, una decisión que la calificadora Standard & Poor’s llamó por su verdadero nombre: “default selectivo”.
Como en el caso del Banco Mundial, esta reestructuración que busca el país requiere al menos un visto bueno del Fondo
No es menos significativo para la arcas del Estado el desembolso por unos 4.300 millones de dólares que hará el FMI como parte de un megapaquete de 650.000 millones de dólares de un programa destinado a hacer frente a la pandemia de Covid-19 a los socios del organismo como es la Argentina.
Pero el acuerdo también es necesario, entre otras cosas, para no poner en jaque el pago de importaciones, como ser adquirir en el exterior piezas y equipos básicos para la producción en el país. Muchas empresas mantuvieron créditos externos e incluso algunas como YPF, reestructuraron sus deuda por estos días, un financiamiento casi imposible cuando el país se encuentra fuera de los mercados.
Lo dicho, Argentina no sólo necesita, sino que debe acordar con el FMI, el tema es en qué condiciones, porque como dejó expuesto con crudeza el miércoles la vicepresidenta Cristina Kirchner, «no podemos pagar la deuda porque no tenemos la plata».
El Fondo Monetario suspendió sus giros a la Argentina en julio de 2019. El último reembolso ocurrió en julio de 2019, cuando la Argentina recibió U$S 5,4 mil millones de manos del organismo. El siguiente desembolso que estaba previsto para septiembre de 2019, de otros U$S 5,4 mil millones, no se depositó.
Precisamente las condiciones del nuevo acuerdo son las que se negocia por estos días, con una mezcla de reuniones técnicas y políticas que el ministro Guzmán calificó de constructivas para establecer un programa sobre la base de un esquema de «políticas macroeconómicas sostenibles y que deben apuntalar la recuperación económica que está transitando el país».
Pero ya el FMI comenzó a bajar las expectativas sobre la flexibilidad de un nuevo convenio al descartar que pueda otorgarle a la Argentina un plazo superior a los diez años para el repago de la deuda por U$S 45.000 millones y volvió a reclamar al Gobierno «un conjunto de políticas para dar estabilidad y lograr un crecimiento económico sostenido», descartando así un “gesto” del organismo para llevar a 20 años el plazo para cancelar la deuda argentina, como sugirió el miércoles Cristina Kirchner.
Guzmán cerró este jueves su visita a los Estados Unidos, con un nuevo encuentro que mantuvo en Washington con Julie Kozack, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, a la cual reiteró que el «esquema de políticas macroeconómicas debe ser sostenible y apuntalar la recuperación económica que está transitando el país».
Conceptos básicos a la hora de negociar, sobre todo si hay metas en que parecen coincidir las autoridades argentinas y las del Fondo. El tema pasa no tanto por los objetivos como por los mecanismos. Esos que en algún momento se exigieron y terminaron generando crisis mayores a las que se intentaba hacer frente como ocurrió entre 2018 y 2019 y que llevaron a Néstor Kirchner, en su momento, a pagar cash y borrar de un plumazo todas esas condicionalidades para avanzar en un programa de desarrollo autónomo.
