En este contexto el Gobierno comenzó a apretar las clavijas, en especial a los sectores productores de alimentos, el rubro de mayor impacto para determinar los niveles de pobreza e indigencia luego de que a lo largo del 2020 alrededor de 3 millones de personas pasaron a ser pobres, según los datos del organismo estadístico oficial, como producto de la fuerte suba de precios, el derrumbe económico de casi 10%, el cierre de empresas y el aumento de la desocupación, que impactaron con fuerza en todas las variables sociales.
RECHAZO A LOS CONTROLES
Para mitigar esta suba explosiva del deterioro de la situación social, desde el Gobierno se prepara una serie de iniciativas para controlar la suba de precios, ante una inflación que superaría el 12% en el primer trimestre. Así se extendió el programa de Precios Máximos sin autorizar aumentos, mientras analiza nuevas medidas para que no incida la suba del precio internacional de los alimentos en la canasta que consumen los argentinos.
El objetivo es usar nuevos instrumentos para frenar la inflación y acercarse a la meta de 2% mensual a partir de este mes, según el compromiso adoptado por los empresarios en las negociaciones con el Gobierno, en un objetivo considerado central para bajar la pobreza y, a su vez, con alto impacto en la percepción social de la crisis. Así se buscó avanzar en el marco de una serie de encuentros entre la Comisión Nacional de Alimentos el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español y, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra con los distintos sectores empresarios.
Al mismo tiempo desde Comercio Interior se lanzó un nuevo sistema informativo denominado Sipre que obliga a las empresas a informar en forma sistemática precios y stocks, un sistema de fiscalización de etiquetas para prevenir engaños además de la prórroga de Precios Máximos que no sólo impide el aumento y además prohibe a sacar de las listas a los productos incluidos.
En este contexto, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) mantiene su reclamo y analiza sus próximos pasos para enfrentar el endurecimiento del control de precios por parte del Gobierno, mientras espera una respuesta al recurso administrativo presentado con el fin de que quede sin efecto la aplicación del régimen Sipre.
La cámara que agrupa a las grandes industrias del rubro alimentario presentó días atrás el recurso para suspender la resolución del Sipre lanzada en medio de la aceleración inflacionaria, mediante la cual las compañías deben informar sobre precios y cantidades vendidas, que la entidad analiza llevar su reclamo a la Justicia.
La Copal reclama lisa y llanamente la suspensión del Sipre hasta tanto se evalúe su derogación que cataloga como ilegal, ilegítima e inconstitucional. «Dados los inconvenientes técnicos, lejos está de ser una medida que atienda a la real situación que atraviesan las industrias de alimentos y bebidas», porque «intensifica la carga burocrática de las empresas, demandando mayores recursos para atender la normativa, lo que atenta contra la viabilidad, competitividad y sustentabilidad de la industria».
La entidad mantiene así fuertes críticas hacia la decisión de endurecer los controles y obligar a grandes empresas a otorgar información con el fin de hacer «más sencilla y transparente la cadena de comercialización», cuando la suba de los alimentos se mantiene por encima del nivel general de la inflación.
Según un sondeo difundido por la asociación Consumidores Libres, el costo de la canasta básica no cede y experimentó un aumento del 4,1% en marzo, por lo que desde el primero de enero acumuló un avance del 13,2%.
En cambio desde el ministerio que encabeza Matías Kulfas remarcaron que, con el Sipre, la intención es tener un «monitoreo» para contar con mayor información e incluso con un sistema de alertas tempranas ante faltantes de stock, no tener información sobre la rentabilidad.
VERANO CALIENTE
Esta puja entre el Gobierno y la cámara que agrupa a las industrias de alimentos, se produce cuando la inflación de marzo se aceleró y llegó al 4,1% mensual, mientras que registró un crecimiento interanual del 36,6%, según calculó el centro de estudios económicos Orlando Ferreres, que estimó también que la inflación núcleo avanzó a un ritmo mensual de 3,8%, al marcar un aumento de 39,5% anual.
Por su parte, el sondeo elaborado por la asociación Consumidores Libres, el precio de los 21 productos de la canasta básica de alimentos tuvo un aumento del 4,19% durante marzo. De ese modo, desde el primero de enero la suba acumulada es del 13,2%.
Las estadísticas oficiales arrojaron que en febrero el costo de vida subió 3,6% y acumuló 7,8% en el primer bimestre, motivo por el cual desde el Gobierno consideran a abril como el mes clave para el inicio del descenso de la inflación tras varios meses de recalentamiento.
Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central, se esperaba una suba de precios del 3,7% para marzo, aunque ello se informó antes de la suba de los combustibles líquidos del 7% promedio que definió el Gobierno.
Pero otra consultora, los alimentos de consumo masivo que más aumentaron en marzo fueron el pan lactal, el aceite y los bocaditos de pollo, en un mes en el que no solo quedó en evidencia la pérdida del poder adquisitivo de la mayor parte de la población sino también la escasa eficacia de los programas de precios máximos, cuyos resultados “están siendo contrarios a los buscados”.
Así lo sostuvo Focus Market, luego de un relevamiento en supermercados y autoservicios que comprobó subas del 13,8% en el pan lactal, el producto de consumo masivo de más incrementó su precio en el tercer mes del año en un contexto donde los salarios e ingresos de cuentapropistas pierden poder adquisitivo frente a la misma canasta de bienes y servicios, manteniendo constante los niveles de pobreza e indigencia en nuestro país».
El Indec dará a conocer los datos oficiales del Índice de precios al consumidor de marzo la semana próxima, en el marco de una tradicional pulseada por el ingreso en la Argentina que se traduce en desbordes inflacionarios y con al menos 79 juicios iniciados por empresarios alcanzados por el impuesto a las grandes fortunas que se niega a tributar.
Mientras tanto, el tradicional informe anual de la revista Forbes consignó que lejos de haberse perjudicado, los dueños de las grandes fortunas en el mundo incrementaron el valor de sus empresas en el año 2020, pese a la pandemia. Y en este contexto, Marcos Galperín, el titular de Mercado Libre, la empresa con mayor valor de Latinoamérica, está en el puesto 440 de las personas más ricas del mundo, con una fortuna deU$S 6.100 millones. Según la información consignada por Forbes, la compañía de compra y venta online tiene U$S200 millones más que el 5 de marzo del 2020.
Otros de los argentinos que figuran en el listado son los hermanos Paolo & Gianfelice Mario Rocca que, con una fortuna de U$S3.700 millones, están en el puesto 807 de la célebre lista, siendo la primera vez que ingresan como argentinos en el grupo. En tanto que Alejandro Bulgheroni, titular de Pan American Energy, quien el año 2019 fue destacado por el ranking local como el más rico del país, ahora está registrado en Uruguay, por lo que su fortuna cuenta como la única uruguaya del ranking, ocupando la posición 925, con U$S3.300 millones.
En tanto, la lista global es encabezada por Jeff Bezos, el CEO de Amazon; Elon Musk, de Tesla, y Bernarld Arault, de Luxury GoodsBezos, con U$S177 mil millones, U$S 155 mil millones y U$S150 mil millones, respectivamente.
Así, como en el resto del mundo, también en la Argentina, la pandemia convirtió a más personas en pobres e indigentes, mientras que los ultramillonarios incrementaron su fortuna y además están dispuestos a radicar sus empresas fuera del país para eludir el pago de impuestos, pese a haber amasado sus inmensas ganancias en Argentina. Una radiografía para meditar…