Por Matías Barroetaveña (*)
En nuestro país la pandemia provocó una crisis en innumerables aspectos. La crisis sanitaria llegó en un momento de fragilidad económica y social preexistente y profundizó el aumento del desempleo, asimismo también visibilizó la falta de acceso a servicios y recursos básicos (agua, saneamiento, alimentos), y reflejó con mayor impacto las desigualdades en las zonas urbanas. En el Área Metropolitana de Buenos Aires se concentra alrededor del 37% de la población argentina, la pandemia puso en evidencia las desigualdades laborales, y vulnerabilidades de un sistema que necesita cambiar y repensarse. Según datos del ministerio de Trabajo de la Nación de Marzo del 2021, en relación a la pérdida de empleo formal privado, la provincia de Buenos Aires con 45.915 casos, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 73.634 respectivamente fueron los lugares más impactados[. En este sentido, las medidas de estímulo y otras de alivio deberían ir en apoyo de respuestas a los casos específicos e impulsar no sólo capacidades en los gobiernos locales, sino desarrollar estrategias para una recuperación económica que brinde empleos resilientes, inclusivos y sostenibles en el tiempo; con industrias y áreas de desarrollo que aún se encuentran pendientes de creación, como por ejemplo la industria de rediseño y reciclado de materiales y productos.
¿Es posible que la reactivación económica post COVID-19 pueda llevar a una verdadera transformación que garantice un futuro sostenible, justo e inclusivo? ¿Podrán recuperarse rápidamente nuestras ciudades de la crisis económica y sanitaria?
Tal vez una transición justa y sostenible pueda representar hoy una de las mejores y más importantes apuestas de los gobiernos. Detrás de la pandemia y sus terribles efectos a nivel social y económico, sigue estando presente la problemática de la crisis climática de la cual no podemos seguir siendo ajenos. ¿Cómo podemos afrontar hoy los desafíos que tienen nuestras sociedades para generar capacidad de respuesta ante los eventos climáticos que ponen en riesgo nuestros medios de vida?
Estamos hoy ante una oportunidad imperante para establecer medidas sinérgicas entre las agendas climáticas, de biodiversidad y desarrollo, para emprender cambios transformadores en los diversos sectores de la sociedad y así establecer un sistema socioeconómico equitativo, inclusivo y en consonancia con los límites que la naturaleza nos impone.
En tal sentido, resulta imperioso reflexionar sobre la promoción -en materia de políticas públicas- acerca de una recuperación más sostenible y justa para el mundo del trabajo en nuestras ciudades. En otras palabras, una transición que permita crear nuevo empleo verde, mejorar las condiciones de trabajo de los sectores claves, y luchar para proteger el ambiente y combatir el cambio climático en nuestros territorios.
¿De qué hablamos cuando hablamos de empleo verde?
En el año 2008 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA- presentó el ¨sector verde¨ de la economía como un mecanismo integral y práctico de trabajo, que busca mediante el análisis y apoyo a las politicas de inversion incentivar los sectores verdes y cambiar los sectores económicos hostiles con el ambiente.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), con la intención de abordar las cuestiones apremiantes por las que pasaba el mundo, dieron paso en ese momento al concepto de empleo verde como una esperanza de la humanidad para poder hacer frente a dos de los desafíos más determinantes del siglo XXI, 1) un desafío social principalmente causado por la pobreza y el desempleo y 2) la degradación ambiental y su empeoramiento por el cambio climático.
Para el PNUMA los empleos verdes son «los trabajos en agricultura, actividades de fabricación, investigación y desarrollo, administración y servicio que contribuyen sustancialmente a preservar o restaurar la calidad ambiental». En otras palabras, se trata de empleos que ayuden a proteger ecosistemas y la biodiversidad; reducir el consumo de energía, materiales y agua mediante estrategias de alta eficiencia; y minimizar o evitar por completo la generación de todas las formas de residuos y contaminación.
La Organización Internacional del Trabajo amplía el concepto de empleo verde incorporando además la dimensión social. Un empleo verde califica como tal si cumple con los estándares de trabajo decente, concepto desarrollado por la OIT que establece las características que debe reunir una relación laboral para que el trabajo se realice en condiciones de ¨libertad, igualdad, seguridad, y dignidad humana¨. Además, y no menor, las actividades deben desarrollarse en sectores con sostenibilidad ambiental, en otras palabras deben contribuir considerablemente a reducir, al menos, las externalidades negativas que los modelos económico-productivo tradicionales, generan.
Empleo verde en el mundo y la región
La creación de ¨empleos verdes ̈ parece ser hoy el motor de transformación y recuperación económica en un escenario al que -además de la crisis climática- se le ha sumado la crisis post pandemia. Esta crítica situación, como ha ocurrido con otras, dejará secuelas y cambios sociales diversos: nuevas conductas, nuevos miedos, nuevas regulaciones y, muy probablemente, tendrá correlatos en lo institucional y político. Las decisiones que los gobiernos adopten en los próximos meses le darán forma al mundo de los próximos años.
La Unión Europea (UE) es hoy una de las regiones que lidera -bajo la estrategia del Acuerdo Verde, conocido como Green New Deal, la tendencia hacia una transformación económicamente sostenible. Este «nuevo acuerdo» político y social propone que los megaplanes de asistencia e inyección de recursos que tienen como destino dinamizar la economía, tengan un enfoque decididamente centrados en la sostenibilidad. El ¨Acuerdo Verde¨ establece -a modo de hoja de ruta- las transformaciones que se aplicarán a la economía para poder aspirar a ser una región climáticamente neutra en 2050. En todas ellas se fijan plazos para dictar medidas legislativas que apoyen el cambio, y objetivos concretos para cumplir. Las propuestas apuntan a diversas acciones vinculadas a favorecer las inversiones en tecnologías limpias, apoyar a la industria para que innove, desplegar sistemas de transporte público y privado más limpios, más baratos y más sanos, descarbonizar el sector de la energía, garantizar que los edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético, entre otros. En definitiva, la planificación y desarrollo de esta propuesta apunta a poder garantizar una transición ambientalmente justa e inclusiva.
En lo que refiere a nuestra región latinoamericana el desarrollo de estrategias y acciones de resiliencia o descarbonización de la economía deberían comenzar de forma urgente. La gran mayoría de países de la región posee importantes desigualdades en relación al acceso a servicios básicos, igualdad y seguridad social y ambiente saludable a pesar de albergar más del 50% de la biodiversidad del planeta. Por otra parte, América Latina es una de las regiones más vulnerables a los impactos del cambio climático, concentrando alrededor del 79% de su población en áreas urbanas. La transición hacia una economía con bajos niveles de emisiones exigirá además incorporar la necesidad no sólo de robustecer la autonomía y la equidad a través del desarrollo territorial; sino también la inclusividad y la transparencia para promover una recuperación bajo esquemas de colaboración en donde valores como cooperación y articulación entre sectores, estén incluídos.
A modo de conclusión
Los empleos verdes tienen el potencial de convertirse en un motor de reactivación en las zonas urbanas. La generación de puestos de trabajo en las áreas de energía y eficiencia energética, construcción y arquitectura sostenible por adaptación, o en remanufactura, recuperación y reciclado en lo relacionado al sector de gestión de residuos sólidos urbanos, son espacios donde rápidamente pueden crearse puestos de trabajo. Por su parte, en muchas de estas líneas de trabajo son los más vulnerables los que pueden ser rápidamente incorporados al mercado laboral. No obstante el desafío sigue siendo la armonización o creación de marcos regulatorios que permitan no sólo establecer expectativas positivas sobre la reactivación económica sino un escenario transparente y claro para que las inversiones y las nuevas estructuras productivas se asienten.El compromiso para este desafío es de todos, cooperación y colaboración deben estar unidos.
(*) Legislador Frente de Todos CABA. Director del Centro de Estudios Metropolitanos. CEM