La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, ratificó esta noche la voluntad del Gobierno Nacional de avanzar con la implementación de la Prestación Básica Universal (PBU) para garantizar conectividad a los sectores más vulnerables mediante un tarifa justa y accesible.
«Mediante el decreto 690, el presidente Alberto Fernández tomó una gran decisión: la de garantizarles a argentinos y argentinas el derecho a la salud y a la educación», sostuvo Tolosa Paz, que hoy mismo participó junto a autoridades del ENACOM de una nueva mesa de dialogo con representantes de las principales compañías de telecomunicaciones.
En ese sentido agregó que «hoy la educación se garantiza en la medida que esté garantizada la conectividad; por ejemplo dando acceso a datos móviles para que una mamá reciba la tarea de los chicos por WhatsApp; y lo mismo con la salud si logramos que la aplicación del Vacunate Buenos Aires esté en cada uno de los celulares de los sectores más pobres de la provincia de Buenos Aires».
«Hoy más que nunca -agregó-, sostener el contacto con el docente es clave». Y completó: «Por eso no podemos permitir que un hogar pobre tenga que destinar el 15% de sus ingresos a pagar el teléfono. Es un disparate».
La PBU busca garantizar el derecho a la conectividad mediante una tarifa de $150 para acceder a WhatsApp ilimitado durante 30 días, y a 1 GB de datos por $200 más, es decir $350 para quienes opten por los dos servicios.
«Con ese monto una madre puede mantener el contacto con la escuela y con el sistema de salud; no hay otra forma, porque no garantizar esa conectividad mínima es no garantizar el derecho constitucional a la educación», sentenció Tolosa Paz.
La semana pasada, Tolosa Paz junto con las autoridades de ENACOM realizaron ante el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, y las empresas, un informe pormenorizado del alcance y población objetivo para la implementación de la PBU.
En esa oportunidad analizaron los indicadores de pobreza e indigencia en Argentina para identificar la urgente necesidad de hacer efectiva la política de tarifas acordada y reglamentada oportunamente, y garantizar el acceso a la conectividad a 3 millones de personas de 750.000 hogares en un plazo de 30 días.