Un golpe a la autoridad presidencial

El fallo de la Corte no ayuda a superar la aguda situación epidemiológica y promueve una peligrosa puja institucional

La Corte falló a favor de la presencialidad en las escuelas, pero bombardeó la autoridad presidencial

Argentina acaba de sufrir otro duro golpe a su vida institucional. La Corte Suprema en su fallo sobre la presunta inconstitucionalidad del decreto presidencial 241/21 que limitaba la presencialidad en el AMBA para frenar la disparada de casos de coronavirus marcó un precedente muy peligroso, que afecta la autoridad del Poder Ejecutivo Nacional.

En una nota anterior (Ver “No rompan todo”) decíamos: “Tensar las relaciones entre el ejecutivo nacional y el gobierno porteño en plena pandemia se aleja de cualquier racionalidad, salvo que se crea que defender la autonomía capitalina se ubica por encima de cualquier otra necesidad en esta crítica etapa”.

Fue precisamente eso lo que hizo la Corte. Priorizó la autonomía capitalina por encima de las necesidades de combatir la pandemia. Pero fue más lejos aún: condicionó la autoridad presidencial para adoptar cualquier medida, ya que la deja sometida a la decisión de cualquier juez que falle en contra.
 
Y además promovió la balcanización del país, al restarle atribuciones al Poder Ejecutivo, sobre una parte de país, una decisión preocupante en una región del mundo que sufrió sucesivas escisiones territoriales por discrepancias internas a lo largo de su historia.
 
Así el juego de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que describió en 1748 el Barón de Montesquieu en “El Espíritu de las Leyes” queda invalidado, dado que el Poder Ejecutivo, es precisamente quién debe determinar la orientación de las medidas de gobierno que sólo quedan sujetas a la aprobación del Congreso. Con este fallo, los jueces ya no se encargan de determinar el adecuado cumplimiento de las decisiones de los otros dos poderes, sino que invalida sus decisiones. Es decir le impide gobernar.

Se trata de un fallo -que como durante los gobiernos unitarios en plena etapa de la sangrienta organización nacional- prioriza el punto de vista porteño sobre los intereses del resto del país.

La oposición política, ya desde el célebre Grupo A, que intentó frenar cualquier decisión del gobierno de Cristina, considera válida cualquier medida para erosionar la gestión oficial, sin sonrojarse  por los 73 decretos de necesidad y urgencia firmados por Macri durante su mandato, apenas 9 menos que Cristina Fernández en sus ocho años al frente de la Casa Rosada.

En el plano político, se trata de un triunfo festejado por Horacio Rodríguez Larreta en su pelea con el Ejecutivo Nacional incluso en la disputa en materia de Coparticipación, pero también hacia adentro de Juntos por el Cambio, ya que le permite exhibir frente al sector que lideran Mauricio Macri y Patricia Bullrich un abordaje institucional del conflicto con el oficialismo efectivo.

Claro se trata de una posible victoria “a lo Pirro”, porque la autoridad presidencial no sólo se debilita en esta gestión de Alberto Fernández, sino que cualquiera a futuro tendrá enormes dificultades en su relación con las provincias, que podrán tomarse de este fallo para cuestionar las decisiones federales.

Así en un país presidencialista como es Argentina y en plena crisis sanitaria se dinamita el poder del Ejecutivo federal al potenciar una autonomía que no era cuestionada, sino que simplemente como claramente queda establecido en el orden constitucional vigente, está subordinada en todos los casos y no sólo para la Ciudad de Buenos Aires a las decisiones de rango mayor como son las nacionales.

El Judicial es el Poder más desprestigiado en una dirigencia que ya cuestiona buena parte de la sociedad y este fallo no hace más que echar leña al fuego y contribuir al caos social generado por la pandemia y atizada por la oposición que más que nunca requiere una conducción federal unificada.

Por último desde distintos medios de comunicación que no dejan de petardear cualquier decisión oficial se habla ahora de la “debilidad” del gobierno nacional, cuando precisamente son los abanderados al momento de desgastar su autoridad, en plenas negociaciones con el FMI y el Club de París para refinanciar las deudas con ambos organismos.

Y lo más grave, una y otra vez se impulsa a adoptar medidas extremas, con las que luego suelen sostener que estamos en presencia de un gobierno autoritario como claramente quedó expuesto al acuñarse el término “infectadura”. Pero se olvidan de señalar que en la Ciudad de Buenos Aires se obliga a los chicos a concurrir a las clases presenciales, bajo amenazas de sacarlos del sistema educativo por acumulación de faltas. Además se intima a los padres y se presiona a los docentes que continúan de paro por oponerse a la presencialidad.

La Corte avanzó en un terreno pantanoso. Cuando asumió Néstor Kirchner entre sus primeras medidas decidió desprenderse de la “Corte menemista”. Hoy, como entonces, quedó abierta la opción del juicio político a los integrantes del máximo tribunal del país porque quedó demostrado que con la juisticia en contra es casi imposible gobernar. Es un enfrentamiento que se podría haber evitado y del que sólo saca provecho la oposición política. Un precio demasiado alto para la vida democrática de la Argentina.
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