El secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes de La Plata (Cecim), Ernesto Alonso, se manifestó durante una entrevista que le realizaron en FM Fuego de Río Grande, totalmente contrario a la decisión de la Cámara de Casación Penal que hizo lugar a un recurso presentado por un ex militar acusado de torturar a sus solados, y reiteró que “este fallo no va a quedar así” porque “lo vamos a apelar”, y que en definitiva será la Corte Suprema de Justicia quien tenga la última palabra.
El excombatiente de nuestra ciudad sostuvo también en que seguirán “insistiendo con el marco de impunidad que tienen algunos sectores para que esto no llegue a investigarse de forma definitiva”, dado que “este fallo no analiza la cuestión de fondo (las torturas y vejaciones denunciadas por los ex soldados), sino que se aferra al viejo fallo de la Sala I en su momento del año 2009”, al que calificó de “aberración jurídica”.
Cabe señalar, que con el voto de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, La sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso presentado por la defensa de Jorge Ferrante y anuló el fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia que había declarado la imprescriptibilidad de las torturas cometidas en las Islas Malvinas por tratarse de crímenes de lesa humanidad y había confirmado al llamado a indagatoria de Ferrante. En disidencia, la jueza Ana María Figueroa destacó la obligación del Estado, frente al derecho internacional, de investigar estos delitos. Cuando ya hay tres militares procesados, mientras se están realizando otras indagatorias, «esta decisión de Casación busca nuevamente cimentar el camino de la impunidad». Ahora, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante institucional en la causa, acompañará el recurso del CECIM La Plata ante la Corte Suprema de Justicia.
Por esta razón, Alonso criticó con dureza a los dos miembros de la Cámara –Daniel A. Petrone y Diego Barroetaveña– que «beneficiaron a los torturadores», en la interpretación que “no saben que la República Argentina ha adherido a convenciones internacionales para la protección de los derechos humanos” en un caso referido a “torturas”.
“Son delitos imprescriptibles que el Estado tiene la obligación de investigar. Ellos mismos hablan de hechos, y si hubo hechos entonces hubo torturas”, dijo Alonso.
El miembro del CECIM ponderó la diferenciación que realizó la Dra. Ana María Figueroa (miembro de esa Cámara que votó en disidencia), quien hizo “una descripción minuciosa de las responsabilidades que tiene el Estado en investigar”. Toda vez que señaló que “los oficiales que formaban parte de la estructura de las Fuerzas Armadas en el contexto de la dictadura militar eran funcionarios del Estado”.
“Pueden dibujarla y tratar de justificar de algún modo, pero en el contenido jurídico nosotros estamos muy sólidos”, aseguró el excombatiente. Y aunque consideró “que esto retrasa”, también confió que se llegará “a que se sepa la verdad”.
“Estamos hablando de muertes producidas por soldados que estaban estaqueados, hablamos de enterramientos, muertes por hambre. Por más que quieran negarlo, en el expediente están los testimonios de las víctimas y testigos, y documentos de las propias fuerzas armadas”, sostuvo Ernesto Alonso sobre los hechos ocurrido hace 39 años en las Islas Malvinas.
Por otro lado Alonso dijo además, haber enviado al Juzgado de Río Grande “todo lo que venimos viendo en las redes sociales de algunos de los que están procesados, que ejercen violencia hacia los que llevamos adelante esta causa y hacia las víctimas” contó. Asegurando que son víctimas de un “constante amedrentamiento e incitación a la violencia en las redes sociales. Nos han amenazado a nosotros y a todo aquel que intente sumarse a la voz de la verdad”.
“El mecanismo de impunidad sigue vigente” aseguró y como ejemplo se refirió “a las declaraciones del ex senador Pichetto reivindicando el fallo de la corte. Estamos hablando de una corte que ha fallado en favor de la muerte”, concluyó.