El 28 de junio de 1966 se produjo la destitución del Presidente Arturo Umberto Illia manteniéndose un período de proscripciones y cercenamientos de derechos fundamentales de la ciudadanía en Argentina.
Más allá de las consideraciones que puedan formularse respecto a la Gestión de la Unión Cívica Radical del Pueblo, resulta paradójica la colaboración de conspicuos dirigentes de este partido en la propia gestión del Gobierno Dictatorial instaurado en aquella fecha.
ANTECEDENTES:
Producido el derrocamiento y detención del Presidente Arturo Frondizi, postulado por la Unión Cívica Radical Intransigente, en una maniobra realmente palaciega, jura el entonces Presidente Provisional del Senado, José María Guido, quién se compromete a cumplir a rajatabla el Libreto del Partido Militar, esto es la disolución del Congreso Nacional, la Intervención Federal de todas las Provincias y, obviamente la anulación de las elecciones provinciales que se habían realizado, y muy especialmente, la de la Provincia de Buenos Aires en donde había resultado victorioso el dirigente sindical Andrés Framini.
La gestión del rionegrino Guido fue de una opacidad sin par, desde el origen hasta el final. En el marco de su servil encomienda convocó a elecciones generales para el 7 de julio de 1963 aceptando mantener la proscripción de Perón y de todo el Movimiento Nacional por él encabezado, así como también de otro depuesto, el ex Presidente Constitucional Frondizi a quién el régimen mantenía detenido en virtud de un decreto del propio Guido
Se presentaron formulas de la Unión Cívica Radical del Pueblo: Arturo Illia, y Carlos Perette (la que obtuvo el 25% de los votos emitidos), Alende-Gelsi, por la Unión Cívica Radical Intransigente; las dos fórmulas de Aramburu, una con Theddy y la otra con Etchevere y otras fuerzas de menor caudal electoral.
A pocas horas de los comicios se excluyó e impidió participar a las listas ya oficializadas, del Partido Demócrata Cristiano, por cuanto su Candidato, el Dr. Raúl Matera, provenía del peronismo y esto resultaba inaceptable para todas las fuerzas políticas intervinientes en esa proscriptiva, y por ende, fraudulenta elección.
El peronismo resolvió votar en blanco, emitiéndose más del 20% de los votos válidos por tal opción.
Los comicios se realizaron mediante el sistema de elección indirecta, esto es por Colegio Electoral, que procedió a proclamar la fórmula del radicalismo del Pueblo el 12 de julio de 1963, asumiendo el Gobierno el 12 de octubre de aquel año.
Sin duda que el Presidente Illia asumió condicionado, no sólo por la proscripción imperante, sino también por el estrecho margen del resultado de los comicios, lo que pondría de manifiesto –entre otras cosas- su debilidad de origen.
SÍNTESIS DEL GOBIERNO
Enumeremos, someramente, algunas fortalezas y debilidades de este periodo de gobierno.
FORTALEZAS:
El Presidente Illia asumió limitado políticamente conforme lo señaláramos más arriba, ello no le impidió intentar anular parte de los contratos petroleros suscriptos por su antecesor y correligionario Frondizi, renegociando otros.
Se sancionó la ley de Partidos Políticos 16652 (Estatuto Palmero), procurando reorganizar a las asociaciones políticas (en lo personal, siempre he sido critico a la incorporación de la figura del “Partido de Distrito” -establecido por dicha ley- amparado en el reconocimiento de las asociaciones electorales provinciales pero que, en definitiva, escondía la velada intención de favorecer a las fuerzas “neoperonistas” que intentaban menguar al poder electoral del peronismo en su conjunto, aún proscripto).
En 1965 se convocaron a elecciones de medio término, prohibido el peronismo, parte de sus candidatos se presentaron bajo la sigla de Unión Popular, que triunfó con una holgada mayoría 3.300.000 votos a 2.700.000 aproximadamente de la UCR del Pueblo.
Este resultado, obviamente, agitó la interna del Partido Militar que mantenía sus disputas desde los “azules” y “colorados”, siendo que el Vicepresidente simpatizaba con estos últimos.
Sin duda que en política exterior el mayor éxito de la gestión del presidente Illia, fue obtener la sanción de la Resolución 2065 de la Asamblea de las Naciones Unidas mediante la cual se admitió la existencia de una disputa de soberanía entre el Reino Unido y la República Argentina respecto a las Islas Malvinas.
Este largo derrotero de nuestra política exterior, iniciado en 1950 con el proceso de descolonización condicionó al Reino Unido, a acceder y participar de las negociaciones, dejando de lado la posición británica de convalidar el mentado derecho de autodeterminación de los kelpers. Esta laboriosa negociación fue interrumpida por los hechos bélicos de 1982.
Se apoyó la Industria Argentina, se programó un incremento en el Presupuesto referido a Educación y un Plan de Alfabetización. Sin duda esto último entre lo más destacado de su gestión.
Se implementó la Ley de Medicamentos, la que sin duda tocó intereses económicos vitales, sector que impulsó una campaña mediática de desprestigio que socavaría aún más su poder. Esta ley determinaba una política de precios, publicidad y control de los medicamentos, pero especialmente una restricción en la realización de pagos al exterior en concepto de regalías y de compras de insumos. A ello se sumó en la reglamentación, la obligatoriedad de las empresas de publicitar sus análisis de costos y los contratos vigentes.
Se había detectado que muchos de los medicamentos existentes a la fecha no eran fabricados con las formulas pertinentes, y que muchas veces, los precios excedían en mucho el costo de su producción (en algunos casos más del 100%).
Como lógica consecuencia, afectándose este tipo de intereses económicos, muchos transnacionales, la posibilidad de una intervención militar era casi inexorable en aquellas épocas.
DEBILIDADES:
El Presidente Illia aceptó participar en elecciones amañadas por la proscripción de Perón y de su sector (al excluir, además, al ya oficializado Candidato Presidencial Raúl Matera).
En un hecho inexplicable, el entonces canciller Zabala Ortiz, requirió a la Dictadura Brasileña, que detuviera el vuelo en el que el derrocado ex Presidente Perón viajaba de retorno a la Argentina en 1964.
No propició el petitorio de la CGT tendiente a investigar la desaparición del metalúrgico Felipe Vallese ocurrida durante la gestión de Guido.
En un exceso innecesario coartó el artista Hugo del Carril, reconocido por su afiliación peronista, excluyéndolo de una delegación al Festival de Cine de México
Desde el Ministerio de Trabajo aplicaron multas, entre otras medidas, con motivo del Plan de Lucha en favor de la clase trabajadora.
En 1965 no se permitió la realización de actos y homenajes a los fusilados de 1956 y a Felipe Vallese, reprimiendo con la policía el intento de la oposición de realizar los eventos, con numerosos heridos y detenidos.
En 1965 fueron asesinados, se dice por la Policía, los obreros Mussy, Méndez y Retamar. Ni el presidente, ni su correligionario Gobernador Bonaerense Anselmo Marini, se pronunciaron respecto del entonces Jefe Policial, López Aguirre
EL GOLPE
La ofensiva cívica, periodística y militar consistió en una gran campaña mediática de desprestigio bajo el auspicio de sectores económicos, que habían sido tocados, entre otros, por la ley de medicamentos, la política petrolera, y la política exterior.
En forma paralela los sectores que aún eran relegados del quehacer nacional, léase fuerzas sindicales y el peronismo prohibido, mantenían su actividad crítica y opositora.
El 28 de junio de 1966, los militares Alsogaray, Otero y Perlinger, representando a los golpistas, – luego de horas de cabildeos- le pidieron al Presidente Illia que se retirase del Despacho Presidencial, a lo cual accedió después de ser advertido que de permanecer allí no se podía asegurar su integridad ni de las personas que lo acompañaron en esa jornada.
Esta no fue más que otra de las seguidillas de las interrupciones constitucionales iniciadas en 1930 y continuadas en 1955, 1962, 1976, todas ellas, en mayor o menor medida, de entrega de nuestro patrimonio nacional, y plagadas de persecuciones, proscripciones, desapariciones y muerte de gran cantidad de hombres y mujeres.
Este golpe pretendía quedarse durante décadas y tomaron decisiones en tal sentido, por ejemplo, la lisa y llana disolución de los partidos políticos y la liquidación de sus bienes.
Una política económica de entrega y autoritarismo, sólo comparable con lo sucedido a partir de 1955, luego vendría el Proceso de 1976.
INEXPLICABLE COROLARIO
Analizados, objetivamente, los golpes de Estado en la República Argentina me atrevo a decir que nadie se ha bañado en las Aguas del Jordán -aunque esta aseveración seguramente me acarreará múltiples críticas-
La participación de radicales en el derrocamiento de Yrigoyen, la defección de sus propios correligionarios en los derrocamientos de Arturo Frondizi y de María Estela Martínez de Perón – en todos los casos más allá de aciertos y errores – y de las campañas de desprestigio prolija e inteligentemente elaboradas y mejoradas hasta el presente (hoy las denominamos Golpe Blando) no estuvo ausente aquel 28 de junio.
Se trataba, sin duda, de un Gobierno cuyo Presidente ha sido reconocido por su honradez (más allá de las críticas aportadas por la propia historia analítica).
Pero, a mi modo de ver, resulta una suerte de inexplicable corolario la intervención de encumbrados dirigentes del entorno del Presidente cesado que participaron en el propio Golpe que lo derrocara.
Solo basta recordar el paso del ministro de Interior, el afiliado radical Mor Roig, y su equipo de tareas, en los finales de la Dictadura iniciada en 1966 (ex Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación desalojado por ese grupo de “bandidos” y “salteadores nocturnos” como los definiera el Presidente derrocado), tolerando, culposamente por decir lo menos, la denominada Masacre de Trelew en la cual se fusiló a 19 presos políticos, entre otros crímenes atroces, persecución de opositores, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Esta gestión del dirigente radical culminó con la maniobra proscriptiva bajo el amparo de la “enmienda constitucional” de 1972 y un proceso mañoso, republicana y democráticamente impropio que derivara en las elecciones de marzo de 1973 que, por proscriptivas, fueron las últimas fraudulentas realizadas en nuestro país.
Es oportuno recodar aquellos hechos de nuestra historia aún en momentos en los que toda la humanidad se encuentra consternada por los efectos de la pandemia que azota a todo el planeta, puesto que nos pone frente a una realidad incontrastable.
Es atendible intentar hacer un somero repaso de los sucesos aquí evocados con la finalidad – objetiva- de evitar su reiteración pero esencialmente procurando que, al hacer nuestros aquellos aciertos y errores, nos permitan menguar las diferencias que aún hoy se mantienen entre nosotros.
