El encuadre jurídico de la situación en la que podría quedar el expresidente Mauricio Macri a raíz de la documentación que salió a la luz donde prueba su colaboración con el golpe de Estado perpetrado contra el Gobierno del ex presidente de Bolivia Evo Morales, tiene varios aspectos a tener en cuenta.
En primer lugar el actual Gobierno de Bolivia en caso de requerir una investigación penal podría pedir la extradición de Mauricio Macri, ya que entre Argentina y Bolivia hay un Tratado de extradición. Esto implica que las Partes se obligan a entregarse recíprocamente, a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y que sean requeridas por las autoridades competentes del otro país como podría ser este caso.
Es importante mencionar que la extradición de los sujetos puede ser a efectos de que sean juzgadas o para la ejecución de una pena privativa de libertad si ya hay una condena, siempre para delitos que den lugar a la extradición. Los delitos que dan lugar a la extradición, son los hechos tipificados como delito por las leyes de ambos países y que sean punibles por la legislación de ambos países con una pena privativa de libertad.
Incluso teniendo en cuenta el Código Penal de Bolivia, Macri podría ser acusado de partícipe en hechos de terrorismo, ya que colaboró indefectiblemente con el atentado al orden constitucional en el derrocamiento de Evo Morales por parte de la dictadura de Añez.
Además de la legislación interna de Bolivia los hechos en los que podría verse inmerso Macri se tipifican en el ámbito internacional como crímenes de odio, racismo y persecución contra la identidad indígena de Bolivia, violaciones sistemáticas a los Convenios Internacionales sobre los Derechos Humanos y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
También es factible para el Gobierno de Bolivia solicitar a la Corte Penal Internacional y los organismos internacionales de justicia y derechos humanos de la Unión Europea y América Latina, la apertura de una causa e investigación y condena de los culpables de los crímenes de odio y racismo que se llevaron a cabo
Por último existe como jurisdicción internacional también la Corte Penal Internacional que tiene competencia de acuerdo al estatuto de Roma respecto de crímenes tales como crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.
El golpe de Estado en Bolivia fue un delito de lesa humanidad, ya que está definido como: persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género
El estatuto de Roma establece que además de la denuncia que pueden hacer los estados, el fiscal ante la Corte Penal Internacional puede de oficio iniciar una investigación sobre delitos de competencia de la corte como el mencionado.
En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar, a solicitud del Fiscal de la Corte, una orden de detención contra una persona que pueda haber cometido alguno de los delitos de competencia de la Corte Internacional. Esto implica que la responsabilidad de Mauricio Macri no solo podría ser del orden local en virtud de la legislación de Bolivia, sino que también podría ser perseguido internacionalmente por su colaboración con un golpe de Estado que atentó el orden democrático y constitucional de una Nación soberana como Bolivia.