El juez federal de Dolores, Martín Bava, rechazó ayer la recusación que le presentó el ex presidente Mauricio Macri y le fijó nueva fecha de indagatoria –la tercera en menos de un mes– en el marco de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas sobre familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan, hundido en 2017.
El magistrado convocó al ex mandatario para el 28 de octubre a las 12 del mediodía, luego de que no se presentara el 7 de octubre (porque estaba fuera del país) ni tampoco en la mañana de este miércoles 20 de octubre.
Al rechazar la recusación en su contra, el juez aseveró que no se encuentra comprendido “en ninguna de las causales de recusación establecidas en el ordenamiento procesal» y que «las invocadas por el nombrado son manifiestamente improcedentes”.
“No tengo amistad, enemistad ni prejuicio de ningún tipo, objetivo ni subjetivo, con los imputados ni con los querellantes. Tampoco los tengo con relación al objeto que es materia de estudio. Mucho menos, como alude el inciso en el que funda su pretensión el defensor, manifesté opinión extrajudicialmente sobre el proceso a persona alguna”, sostuvo el juez en la resolución.
El magistrado agregó que sus decisiones son «el reflejo de un proceso valorativo y fundado de los medios de prueba» que pueden ser «acertadas o criticables», o bien puede «discutirse la metodología de valoración de la prueba o el mérito» de las «consideraciones», pero dejó claro que «de ningún modo la discrepancia de alguna de las partes con lo decidido puede ser causal suficiente para fundar el apartamiento de un magistrado del conocimiento del expediente».
Las tareas supuestamente habilitadas por el ex presidente habrían consistido en «la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos»
Planteó también que «el acto jurisdiccional sobre el que pretende fundarse el prejuzgamiento alegado no constituye una sentencia definitiva ni equiparable sino sólo una resolución de carácter meramente provisorio que tiene idéntico alcance sobre la valoración de la prueba y el encuadramiento legal de los hechos».
LOS TEMORES DE MACRI
El ex presidente Mauricio Macri reclamó al juez federal de Dolores Martín Bava que se aparte por «prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad» en la causa por espionaje ilegal a familiares del submarino ARA San Juan y, a raíz de ello, pidió suspender su declaración indagatoria, a la que nuevamente no se presentó.
Como respuesta a las presentaciones de Macri, el juez subrogante Bava emitió una resolución en la cual abrió un «incidente» con miras a resolver «lo que por derecho corresponda» sobre ese planteo de recusación en su contra, lo que finalmente resolvió a última hora de la tarde con su decisión de rechazar la recusación.
Pero además, el juez fijó una nueva fecha para que Macri se presente a declaración indagatoria, lo que debería ocurrir el próximo jueves 28 de octubre a las 12 del mediodía, según dispuso en un escrito.
Como había anticipado en mensajes publicados en su cuenta de Twitter, Macri no concurrió al juzgado federal de Dolores para ser indagado como imputado, así como tampoco lo hizo en la fecha anterior del 7 de octubre, la primera en la que se lo invitó a ofrecer su declaración.
El abogado defensor Pablo Lanusse concretó dos presentaciones poco antes de las 10 de este miércoles, el horario fijado para el trámite: la recusación del juez y el consiguiente pedido de suspensión de indagatoria.
«QUE LO DETENGAN»
A primera hora de la mañana de ayer, la querella mayoritaria por familiares de los fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan reclamó en un escrito que se detenga al ex presidente por sus maniobras «dilatorias», un pedido que Bava dio por «recibido».
Macri está imputado por haber «ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la Ley 25.520 y sus modificatorias», entre diciembre de 2017 y fines de 2018, en contra de los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, hundido en noviembre de 2017, según la resolución del 1º de octubre donde fue citado.
Las tareas supuestamente habilitadas por el ex presidente habrían consistido en «la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos».
«Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan», según detalló el juez Bava.