Uno de los principales referentes de la ultraderecha argentina, José Luis Espert, presentó para estas elecciones legislativas 13 propuestas para, según él, “cambiar de verdad” y “revertir la decadencia”. Decadencia que, en nuestra humilde opinión, es producto de las mismas políticas que proponen hoy los ultraliberales (Espert, Milei, Macri, López Murphy, Vidal, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y otros), las cuales se aplicaron desde 1976 -exactamente el año en que comienza la gran debacle argentina- hasta 1983, en los 90, entre 1999 y 2001, y bien cerca en el tiempo en el periodo 2015-2019.
Aunque carentes de explicaciones fundamentales, las propuestas pueden leerse en el siguiente artículo del diario Ámbito: https://www.ambito.com/economia/jose-luis-espert/las-13-propuestas-espert-si-gana-las-elecciones-n5033828
El economista investigador del CONICET, profesor en la UBA, UNSAM y FLACSO e investigador del IDESBA (Instituto para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de Buenos Aires “Stella Maldonado”) de la CTA, Andrés Wainer, analizó para 90lineas.com los puntos centrales de lo que, en esencia, permite imaginar un eventual gobierno de ultraderecha en nuestro país desde 2023.
SIN NOVEDADES EN EL FRENTE
Las trece propuestas que lanzó el Partido Libertario conducido por José Luis Espert no representan novedad alguna, sino que son la versión desembozada de las demandas históricas del liberalismo en el país. Algunas de ellas se llevaron a cabo durante la última dictadura militar y el gobierno de Menem, otras intentó impulsar Ricardo López Murphy en su breve paso por el gobierno de De la Rúa, y algunas las buscó implementar Macri. Sin embargo, debido a la resistencia social que generaron, nunca en un contexto democrático lograron ser llevadas a cabo de manera tan extrema.
Uno de los ejes del “programa” de Espert pasa por una apertura comercial casi irrestricta, eliminando todo control y aranceles a las importaciones y las retenciones a las exportaciones, además de firmar tratados de libre comercio con todos los países. Ello implicaría retomar la viejísima idea de las ventajas comparativas relativas, la cual sostiene que cada país solo debe dedicarse a las actividades donde posea alguna ventaja en el comercio internacional y proveerse del resto de los bienes y servicios necesarios a través del comercio internacional.
En nuestro caso deberíamos dedicarnos casi exclusivamente a la producción agropecuaria, la cual no llega a explicar el 10% del PIB (y emplea una proporción aún menor de la fuerza laboral), lo cual implica dejar afuera a más de la mitad de la población.
En el mismo sentido apunta la propuesta de eliminar todos los regímenes de promoción industrial, algo que todos los países centrales utilizaron en su momento para lograr desarrollarse. Por otro lado, la eliminación de las retenciones sólo generaría un alza mayor en el precio de los alimentos, incrementando los ya altísimos niveles de pobreza e indigencia.
“REDISTRIBUCIÓN REGRESIVA DEL INGRESO”: OTRA VEZ Y VAN…
Otro de los ejes es el “achicamiento” del Estado a través de una fuerte reducción del gasto público, lo cual implica el despido de “millones de empleados públicos”, un fuerte recorte a las jubilaciones y pensiones y a los planes sociales y otras transferencias monetarias, como la AUH. Más allá de la exageración -con la intención de magnificar su peso- en la cantidad de empleados públicos (lo cual supone que no cumplen tareas esenciales, como encargarse de la seguridad, de la atención de la salud en los hospitales, de la educación, de la atención de la salud de los jubilados y pensionados, de la limpieza y el mantenimiento del patrimonio público, etc, etc, etc), todos estos recortes tienen como objetivo la reducción de impuestos.
Como se sabe, si bien la estructura impositiva argentina no es especialmente progresiva, el cobro de impuestos y el gasto público tienden a mejorar significativamente la distribución del ingreso ya que, sin ella, tendríamos una sociedad mucho más desigual. En definitiva, lo que se busca con estas propuestas es generar una redistribución regresiva del ingreso (1), reduciendo impuestos a las empresas y a los grandes patrimonios y, a su vez, contrayendo las prestaciones sociales hacia los que menos tienen.
(1) Nota de la Redacción.- Antes de la dictadura, los ingresos de la Argentina estaban repartidos en partes prácticamente iguales entre la clase trabajadora y el gran empresariado. A finales de la dictadura, el porcentaje que se distribuía entre los trabajadores había bajado al 22% del total. Fue uno de los procesos de concentración de la riqueza más brutales de la historia, sólo comparable con los que se dieron entre 1990 y 2001 y entre 2015 y 2019.
MANO DE OBRA (MUY) BARATA
Además, en las “propuestas” de Espert hay una justificación ideológica para eliminar toda asistencia monetaria, ya que esta destruiría la cultura del trabajo (“hay que enseñar a pescar y no regalar pescado”).
Ello va en línea con otra de las propuestas, que apunta a reducir o eliminar los sindicatos ilegalizando el derecho a huelga y estableciendo negociaciones salariales por empresa, además de eliminar el estatuto docente. Más allá de las falacias como “eliminar la afiliación obligatoria” (algo que no existe), todo ello apunta a desproteger al trabajador, reducir salarios y empoderar a los empresarios.
Tanto la eliminación de los planes sociales y todo tipo de transferencias monetarias, así como la desregulación total del mercado de trabajo, apuntan a “aumentar la oferta laboral”, justo en un contexto donde lo que sobra es oferta de trabajadores (con una desocupación superior al 10% de la población económicamente activa) y donde lo que falta es mayor demanda laboral.
En realidad estas propuestas no apuntan a “equilibrar el mercado de trabajo” sino a reducir el costo laboral, es decir, los salarios, tanto a partir de la desregulación laboral como a través de un aumento de la desocupación que genere una mayor presión sobre los ocupados y que obligue a éstos a aceptar peores condiciones laborales y menores salarios.
El otro argumento para justificar el recorte del gasto público esgrimido por la propuesta de Espert es que ese sería el único camino para lograr el equilibrio fiscal. Más allá de la falsedad de esta afirmación (el equilibrio también se puede lograr incrementando los ingresos a través de una estructura tributaria más progresiva), el argumento es que ello permitiría reducir el endeudamiento externo. Este argumento es compartido por el espacio de Juntos por el Cambio (es el que utilizan Macri y Vidal para justificar el aumento de la deuda pública externa durante su gobierno).
Pero se trata de una falacia absoluta, ya que el gasto público es en pesos, no en dólares, por lo cual el déficit puede ser financiado tanto con endeudamiento interno como con emisión monetaria. En realidad, el endeudamiento externo ha tenido otra finalidad, que tiene que ver con financiar el déficit en el balance de pagos que se agravó durante el gobierno de Macri debido al fuerte incremento de las importaciones (lo que propone Espert con su apertura comercial), por el pago de intereses de la propia deuda externa y, sobre todo, por la elevadísima fuga de capitales, que no fue otra cosa que el corolario del esquema de valorización financiera implementado.
Otro eje del programa de Espert es barrer con el federalismo eliminando la coparticipación federal de impuestos. La propuesta es que cada provincia “se arregle como pueda”, lo cual claramente tendería a incrementar las desigualdades regionales favoreciendo a los distritos más “ricos” en detrimento de los de menores recursos. En la misma línea se inscribe la idea de eliminar todos los regímenes de promoción regional.
Por último, en lo que respecta al papel del Estado en la provisión de bienes y servicios públicos, en particular en lo relativo a la educación, el partido de Espert propone establecer un subsidio a la educación básica (no está claro si se refiere sólo a la primaria o si también abarcaría a la inicial y secundaria). Ello no solamente implica el arancelamiento de la universidad pública, sino también un deterioro de la educación pública en favor de la privada, la cual se vería beneficiada con mayores subsidios por parte del Estado (es decir, cuando la plata va directo a los que más la necesitan, está mal, pero cuando va subsidiar a las empresas, está bien).
Con la idea de que la educación no es más que otra mercancía que debe quedar librada a las fuerzas del mercado, las escuelas deberían competir entre sí (incluso las públicas) para obtener las preferencias de los padres y así captar alumnos. Desde ya que nada de esto tiene que ver con mejorar la calidad educativa, sino con mejorar la “participación de mercado” de las escuelas privadas.
REPRODUCIR Y ENSANCHAR LAS DESIGUALDADES
Algo similar se propone con los docentes, los cuales deberían ser remunerados según sus “méritos”. Pero, ¿cómo se evalúan éstos? ¿Por cantidad de “alumnos/clientes conseguidos”? ¿Por el resultado obtenido por los alumnos en evaluaciones internacionales? No hace falta ser un genio para darse cuenta de que los mejores resultados van a ser obtenidos por las escuelas privadas con más recursos de los distritos más ricos, con lo cual los “mejores” docentes se van a concentrar allí, reproduciendo y ensanchando las desigualdades.
Queda claro que detrás de este programa anida la concepción del individuo como único y exclusivo responsable por su situación económica y social y que, por lo tanto, debe eliminarse toda política que busque interferir en la “libre asignación de recursos” que provee el mercado. Pero basta considerar cómo terminaron los experimentos neoliberales anteriores (dictadura, Menem, Macri), que ni siquiera llegaron tan lejos como lo que aquí se propone, para imaginarse adonde podría conducirnos un programa semejante.
