Acuerdo imprescindible.- Perón decía “me cortaría una mano antes de firmar un empréstito”, explicando así su decisión de no adherir al naciente Fondo Monetario Internacional, cosa que Argentina recién hizo luego de la revolución de 1955 y apenas siete meses después de la asunción del gobierno del general golpista Pedro Eugenio Aramburu, contrayendo el primer crédito con ese organismo multilateral creado en la posguerra como parte del nuevo orden internacional.
Claro, el tiempo pasa y las condiciones históricas y sobre todo financieras cambian.
Por eso es importante aclarar de entrada algunos puntos:
Renegociar la deuda no es igual a contraerla. Durante el gobierno de Néstor Kirchner pese a mantenerse la suspensión de pagos con los acreedores privados, se firmó un acuerdo Stand by con el FMI por 12.500 millones de dólares, dejando atrás una mora que se arrastraba desde la crisis del 2001 y que se fue abonando en 2004 y 2005, hasta que el 5 de enero del 2006 se dispuso la cancelación de la deuda total con el organismo, que además de eliminar las condicionalidades que tradicionalmente conllevan sus acuerdos, también significó un ahorro de algo menos de 900 millones de dólares en intereses. Claro que entre las condicionalidades del organismo que le impuso a Kirchner, figuraba que Argentina debía alcanzar un superávit fiscal del 3%, cuando ahora otorga un plazo de tres años para llegar al déficit cero.
De esta forma queda en claro que ahora no se está tomando nueva deuda, sino que se está refinanciando la ya contraída. Es decir los nuevos desembolsos se utilizarán para cancelar las obligaciones vigentes, heredadas de la gestión de Mauricio Macri.
Desde el Gobierno se insistió siempre en que no se firmaría un “mal acuerdo” con el FMI. Pero también es cierto que el organismo multilateral tiene dos tipos de créditos, el Stand by, como el que se le otorgó a Mauricio Macri, que básicamente obliga a su cancelación o repago en un plazo que se extiende a un máximo de cinco años. En cambio los préstamos de facilidades extendidas prolongan el plazo a un período que varía de 4 años y medio a diez años, con cancelaciones iguales y semestrales.
UN ACUERDO CONVENIENTE
Y en este marco, según las explicaciones oficiales este nuevo acuerdo tendrá plazos de vencimiento de diez años en cada uno de los desembolsos, lo que en la práctica significa extender hasta el pago de la última cuota hasta el 2034, es decir algo más de 12 años y medio para la cancelación total.
Es cierto que también desde el momento en que el FMI otorga un préstamo, sea Stand by o de facilidades extendidas hay revisiones periódicas del organismo a las cuentas públicas de los países que reciben esos fondos. Es más, el crédito original otorgado al gobierno de Cambiemos fue ampliado, una vez que no se pudo cumplir con las primeras metas pautadas.
Sin embargo ahora por las características propias del tipo de crédito, los controles serán más rigurosos y se fijan pautas o si se prefieren condicionalidades que se deberán cumplir para acceder a cada tramo de los desembolsos.
Desde el Gobierno, no obstante celebran que entre las condicionalidades que establece el crédito no implica un ajuste económico, ni se restringirá la obra pública. En cambio sí estarán bajo estricta revisión el resultado fiscal, las reservas internacionales y la emisión monetaria, que en caso de no cumplirse exigirán un «waiver», una dispensa, que puede pasar también porque todo acuerdo se hace sobre ciertos supuestos en un momento dado, y no sería inesperado que todo el tiempo tuvieran que ir adaptándose las condiciones a las circunstancias que se van dando.
Las voces críticas, incluso dentro del Frente de Todos, advierten no sólo sobre las revisiones, sino también sobre las condicionalidades que implica el nuevo acuerdo e incluso los plazos de repago. Y reclaman que se podía haber apelado a la Corte Penal Internacional por las violaciones al propio estatuto del organismo que tuvieron los préstamos otorgados al país.
Esa demanda de mayor dureza en la negociación con el organismo es la que generó el alejamiento de Máximo Kirchner de la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados.
Sin embargo desde el Gobierno también se aclara que evitar el default significa no entrar en un terreno desconocido y de resultado incierto. Al respecto basta recordar la prolongada batalla judicial con los fondos buitres, donde -como en este caso- probablemente la razón esté del lado del país, pero que difícilmente encuentre tribunal alguno donde pueda lograrse un fallo favorable.
Además, como en el caso de los buitres, mientras se sustancian los pasos judiciales, las consecuencias financieras comenzarán a sentirse. Es decir en lugar de la brusca baja en la cotización del dólar paralelo y de los financieros, seguramente estos volverían a presionar la cotización del oficial con la consecuente sangría en las reservas.
El nuevo crédito, por lo demás será de algo así como 45.000 millones de dólares, es decir que se reintegrarían al país los pagos hechos durante 2021 y este año, es decir algo así como 4.500 millones de dólares que se sumarán a las reservas, con lo que virtualmente volverían al país la asignación especial hecha para paliar los efectos de la pandemia otorgada por el organismo y que Argentinas usó para cancelar deudas con el FMI.
El nuevo acuerdo también es significativo ya que no se piden modificaciones en la política cambiaria, que según el ministro seguirá apelando a las minidevaluaciones actuales. Tampoco se demanda una reforma laboral ni previsional, atento a que la situación social del país, claramente no permite apelar a esas alternativas.
Y el logro más importante y principal escollo en la negociación de acuerdo a los dichos del ministro Guzmán es el sendero fiscal, que pasará del 3 por ciento actual a 2,5 por ciento en 2022, a 1,9 por ciento en 2023 y a 0,9 por ciento en 2024, para recién en 2025 llegar al déficit cero. O sea que se apuesta al crecimiento económico del país que en 2021 superará el 10% y tiene previsto para este año un 4% en lugar del tradicional achicamiento del gasto que siempre impulsó el organismo, tema que también genera voces críticas del propio oficialismo que demandaba más flexibilidad en este terreno.
En lo que hace a la emisión monetaria el compromiso es que sea del 1 por ciento del producto en 2022, 0,6 por ciento en 2023 para llegar a 0 en 2024, una meta que fácilmente puede no alcanzarse en la medida que alguna de las variables se compliquen, como ser una merma en la recaudación o en los mecanismos de refinanciamiento en pesos que tan buenos resultados arrojaron a lo largo de 2021.
Es claro que como dice hasta el propio Alberto Fernández “no hay nada para festejar”, es el principio de una solución para la frágil situación en que dejó la economía el gobierno de Macri. Pero es un camino, donde puede verse una luz al final del túnel. Es más, le permite a la Argentina avanzar en planes de inversión y financiamiento que estarían vedados sin ese acuerdo, incluso los provenientes de Rusia y China que ahora busca en su gira el mandatario argentino.
Se trata de profundizar ahora la creatividad no sólo para cumplir las metas que este acuerdo impondrá, sino también para generar un desahogo en los mercados que permitan extender los plazos y reducir el peso de la deuda en la economía, algo que el kirchnerismo supo lograr, al mismo tiempo que mejoraba los ingresos de la población, pero que ahora genera una crisis política interna que puede perjudicar el tratamiento en el Congreso y freezar alguno de los créditos externos que ya comenzaron a llegar o que busca el Presidente en su gira por Rusia y China .