Si hay una guerra que el Gobierno no puede perder es el combate contra la inflación.
Las hiper de Alfonsín y de la primera etapa del gobierno de Menem -quien precisamente logró su reelección a raíz de la ley de convertibilidad que enamoró a los argentinos- transformaron hasta nuestros días algunas pautas de conductas y culturales. Incluso, la estabilidad en los precios generada por el estrafalario invento de Domingo Cavallo, en gran parte explica el triunfo electoral de la Alianza, que con sus caóticas consecuencias terminó con la muerte de al menos 35 manifestantes y la posterior renuncia de Fernando de la Rúa.
Por estas horas se encendieron todas las alarmas en el Gobierno, luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el nivel de inflación se ubicó en febrero en 4,7%, el pico más alto en once meses, es decir desde marzo de 2021 cuando alcanzó apenas una décima por encima (4,8%), en una tendencia a la aceleración que caracteriza a la economía argentina desde el cuarto trimestre del año pasado.
En el acumulado de los primeros dos meses de este 2022, en tanto, la inflación llegó al 8,8% y en la medición interanual trepó en 52,3%, según indicó en su informe mensual el Indec.
Así, el aumento de precios de febrero fue el segundo peor indicador del gobierno de Alberto Fernández en este rubro y hay que remontarse a septiembre de 2019, cuando el IPC creció en el mes 5,9%, para tener guarismos semejantes. Por entonces, la disparada de precios, reflejó el salto devaluatorio en el pico más crítico de la gestión de Mauricio Macri.
Pero ahora el rubro de Alimentos y bebidas, es decir el que más impacta en los sectores de menores recursos, encabezó con un 7.5% la suba de precios en febrero
Eso en un mes donde aun no se había sentido el impacto de la guerra en Ucrania en las materias primas y cuando no se había implementado la suba del 9,5 al 11,5% en las naftas por parte de YPF, al que siguieron aumentos de hasta 15% por parte de Shell, Axion y Puma.
Inflación
El anuncio de las medidas, que como era de esperarse generó la inmediata reacción adversa de las entidades agrupadas en la Mesa de Enlace (en especial de la Sociedad Rural que fue más allá y presentó un amparo judicial para derogar todas las retenciones), se produjo luego de que se supo que debido a la suba de precios de los alimentos, una familia de cuatro miembros necesitó en febrero un ingreso mensual de $83.807 para no ser considerada pobre, mientras que para no estar en condición de indigencia necesitó $37.413, muy por encima del alza de la inflación.
Es decir, la Canasta Básica Total, que define el nivel de pobreza, aumentó en febrero un 6,6%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria, que marca el umbral de indigencia se incrementó un 9,0%, duplicando la inflación del mes del 4,7% según los datos del Indec.
Según informó el Indec, la Canasta Básica Total acumula en el primer bimestre del año un aumento del 10,1% y la Canasta Básica Alimentaria del 9,0%, por encima de la variación del Indice de Precios al Consumidor en ese período del mencionado 8,8%.
Y ya se anticipa que en marzo la situación podrían empeorar por el impacto en el indicador de los aumentos en combustibles, prepagas, y colegios privados, a los que se sumarán los ajustes ya anunciados en luz y gas.
Es que la fuerte tendencia inflacionaria de febrero se prolongó en la primera quincena de marzo, según un estudio de la entidad Consumidores Libres, que orienta Héctor Polino en una investigación donde se destaca que los mayores incrementos se verificaron en frutas y verduras con un alza de 5,74%, mientras los productos de almacén subieron 2,66% y la carne avanzó 1,87%. De esta formas, el indicador que elabora esta entidad muestra un alza promedio de 2,74% para la mitad del mes, que proyectada daría por encima del 5% mensual.
La consecuencia inmediata es que la caída en los ingresos de los sectores de menores recursos se profundizará este mes, pese a la decisión de incrementar el salario mínimo vital y móvil en cuatro tramos durante 2022 hasta alcanzar $47.850 en diciembre.
EL IMPACTO DE LA GUERRA
Pese a la generalización de los aumentos en la economía argentina, fuentes oficiales atribuyeron la inflación de febrero a la suba de los precios internacionales de las materias primas agrícolas y al conflicto en Ucrania. Y agregaron que «el indicador se vio afectado por el impacto de la suba de precios internacionales de los principales commodities, debido a la sequía y al conflicto en Ucrania».
Pero si bien es cierto que productos como el trigo, el girasol, el aceite de girasol e incluso el petróleo y el gas, aumentaron de manera relevante en el marco del conflicto bélico, la tendencia alcista de los precios en Argentina excede holgadamente las variaciones provocadas por los combates en Ucrania.
De esta forma muchos sectores críticos a la gestión oficial de la economía, aun dentro del mismo Frente de Todos, cuestionaron la convocatoria a los sectores empresarios para establecer nuevos límites al avance de los precios. Sin embargo desde el Gobierno entienden que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional convertido en ley, tras la aprobación por parte del Senado, despeja incertidumbres en materia cambiaria, una de las tradicionales excusas a la hora de remarcar precios.
Lo cierto es que los sectores productores vuelven a ponerse de punta contra cualquier medida que tienda a reducir las enormes ganancias que están obteniendo de una coyuntura internacional ajena a cualquier esfuerzo adicional por mejorar su productividad, en un sector cuyos niveles de evasión y elusión son multimillonarios en dólares.
Durante la presidencia de Mauricio Macri se aumentaron los derechos de exportación de los productos agrícolas, que no tenían las ventajas de precios de estos días, pero desde los sectores ligados al campo nadie salió a quejarse y acompañaron la medida.
Mientras tanto se insiste en que se debería profundizar la investigación de elusión y evasión impositiva a nivel general e impulsar medidas como el uso de balanzas para evitar la comercialización en negro. Se trata de usar en forma rigurosa las atribuciones del Estado, para controlar cuántas toneladas de granos y otros productos agropecuarios llegan a los puertos con destino a los mercados externos.
El Gobierno enfrenta todo un desafío en una etapa muy complicada, donde se debe potenciar la producción, sin permitir una disparada de precios.
Una cuestión aun más compleja para un Gobierno definitivamente asociado a la pelea por las retenciones y a la resolución 125 que lo enfrentó al sector con una medida que eliminó las tradicionales diferencias entre las inmensas explotaciones agropecuarias y los pequeños productores. Esos chacareros “gringos” protagonistas del Grito de Alcorta, del que en este 2022 se cumplen 110 años y a los que habría que volver a seducir con medidas específicas para incluirlos.
Pero la tarea se vuelve más difícil cuando las divisiones internas en el Frente de Todos quedaron expuestas a raíz de la aprobación legislativa de acuerdo con el FMI, que el board del organismo deberá tratar el viernes próximo, aunque se da por descontada su aprobación.
Una disputa por temas financieros, que más allá de las heridas internas, quedará saldado con el nada despreciable logro de postergar hasta el segundo semestre del 2026 los primeros pagos al organismo, pero que opaca las coincidencias productivas que subsisten al igual que el modelo al que se apunta desde los distintos sectores que integran la coalición gobernante..
En cambio ahora sí}i llega la hora de la verdad. Bajar los pecios y garantizar la mejora de los ingresos de la población fueron las promesas esenciales con las que Alberto Fernández fue electo para ocupar la presidencia. Una promesa que no puede esperar por el enorme costo económico, social y político que implica. Un dilema que obliga a dejar de lado rencillas internas y agrupar fuerzas para encarar una estrategia de despegue económico que permita contener a la población o es decir en términos kirchneristas “crecer con la gente adentro”.
Claro que para enfrentar a quienes se oponen a estos objetivos se deben restañar heridas y reagrupas las fuerzas del campo popular, con el objetivo de poner en marcha el potencial productivo e intelectual que la sociedad argentina una y otra vez ha demostrado tener.