Una vez más Cristina Kirchner cambió el eje del debate nacional, cohesionó a su propia tropa y puso en apuros a una oposición a la que le cuesta asumir la defensa de un sector político y social al que es afín, pero con prácticas no sólo cuestionables legalmente, sino también repudiadas por amplios sectores de la ciudadanía.
La propuesta de los senadores del Frente de Todos de exigir un aporte – diferenciándolo de un blanqueo- a los titulares de bienes en el exterior no declarados para pagarle al FMI, opaca el debate sobre el acuerdo de refinanciación de los 45.000 millones de dólares contraído por la administración de Mauricio Macri y pone sobre el tapete una iniciativa para recuperar al menos una parte de los más de 400.000 millones de dólares, depositados por argentinos en el exterior o bien no declarados en el país (en el famoso colchón en moneda extranjera destinado al ahorro).
La medida, fue de inmediato rechazada por los halcones de Juntos por el Cambio, que no sólo pusieron en tela de juicio su legalidad, sino que también consideraron que será una propuesta infructuosa, dado que apenas moverá el amperímetro en los niveles de recaudación, argumentos siempre repetidos cuando se trata de gravar a los grandes beneficiarios de la economía argentina. Pero también ya tiene el rechazo de la izquierda, por no coincidir en que el objetivo último del fondo que prevé la ley sea para cancelar la deuda con el FMI.
UNA INICIATIVA AUDAZ
La iniciativa es audaz, porque por una parte replantea las consecuencias de la multimillonaria deuda externa argentina y sobre quienes deben hacer el mayor esfuerzo para volverla sostenible, y para ello busca derogar algunos de los pilares legales sobre los cuales se asienta la estructura económica nacional a partir de la última dictadura, como son los secretos bancario, bursátil y fiscal que encubre delitos financieros e impiden a los organismos del Estado combatirlos.
Claro no será una tarea sencilla ya que sólo, a modo de ejemplo, el periodista Néstor Espósito en Tiempo Argentino revela que el actual vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rozenkrantz, transfirió a una cuenta en Estados Unidos 650 mil dólares el 12 de agosto de 2019. Es decir un día después de las PASO, que virtualmente sentenciaba la derrota de Macri en las elecciones que finalmente consagró la fórmula de Alberto Fernández – Cristina Kirchner. Fue una operación absolutamente legal porque las normas de la administración de Cambiemos así lo permitían y porque el miembro de la Corte la declaró.
En la misma situación, siempre según los informes de Espósito, están también Bernardo Saravia Frías, ex procurador del Tesoro y asesor judicial de Macri; el procurador general bonaerense Julio Conte Grand; su ahijado Esteban Conte Grand, ex asesor del ex ministro de Justicia Germán Garavano; el ex camarista federal y ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra; los fiscales Ricardo Sáenz y Carlos Rívolo, y el juez Pablo Gallegos Fedriani, en todos los casos en forma legal y absolutamente declarada, e incluso en algunos casos explicaron que usaron sus cuentas para traer dólares y no para sacarlos del país.
Pero más allá de estos nombres, casi todos ligados al ámbito judicial, las proyecciones oficiales aspiran a recaudar un mínimo de 20.000 millones y un máximo de 70.000 millones de dólares debido a que muchos nombre de importantes empresarios figuran en el informe que el Banco Central le envió a la jueza federal María Eugenia Capuchetti y al fiscal Franco Picardi en la causa donde se investiga si los fondos de la deuda con el FMI que contrajo el gobierno de Macri se fugaron.
LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
En la práctica se busca enfrentar uno de los principales males de la economía argentina, es decir la fuga de divisas relacionada con la evasión tributaria y el consecuente endeudamiento externo del país; y se diferencia de un blanqueo tradicional en que se crearán instrumentos para que la declaración de los bienes externalizados y su regularización, no sólo sea voluntaria y acotada a un plazo de tiempo, sino que crea instrumentos para buscar a los evasores, como ser la eliminación de los secretos bancarios, fiscales y bursátiles.
También busca incorporar al Congreso Nacional como sujeto de investigación y control a través de una ampliación de facultades a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, y suma la figura del colaborador o denunciante de delitos financieros y fiscales. En todos los casos, se apuntan a personas que se encuentran fuera de la ley, lo que daría un amplio respaldo internacional a la medida, que incluso Cristina buscó ampliar con un encuentro con el flamante embajador de Estados Unidos en el país, Marc Stanley.
Es que organismos como el G-20, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Unión Europea y hasta el propio FMI impulsan el intercambio automático de información fiscal para evitar el delito de evasión a nivel global, que en el caso argentino alcanza convenios con 110 países como Uruguay, España, Bahamas, Isla Vírgenes, Suiza y Alemania, pero no a Estados Unidos, a cuyos datos sólo puede accederse en casos puntuales y por pedido expreso de la Justicia.
Fueron precisamente esos convenios de intercambio de información, los que hicieron decidir a muchos titulares de cuentas off shore a regularizar su situación en el blanqueo organizado en la gestión de Macri, que entre otras razones, como ser su baja tributación, también fue cuestionado porque no se impulsó la renacionalización de los fondos radicados fuera del país.
No se tratará de una tarea sencilla. Hay decenas de miles de operaciones de argentinos a cuentas en el exterior que deberán cruzarse con los datos de la AFIP, para determinar si esos fondos fueron declarados y tributaron lo establecido por la ley. Además, las empresas que operan mediante estos mecanismos de evasión y elusión, suelen utilizar cuentas puentes para dificultar el seguimiento del recorrido de esos fondos.
Sin embargo, la senadora Juliana Di Tullio explicó que bastará determinar el giro de dinero al exterior sin cumplir con la tributación correspondiente, para considerar que se cometió un delito, más allá del recorrido posterior de los fondos para demandar el pago del aporte, que por otro lado deberá realizarse en dólares y con el único propósito de cancelar la deuda con el FMI.
Evitar la evasión permite financiar las reformas que necesita Argentina, según estiman los técnicos del FMI en un informe donde se destaca que es necesaria la lucha contra la elusión fiscal y el lavado de dinero.
Una vez más Cristina transformó el debate nacional y puso el eje en la necesidad de cambios progresivos en el sistema tributario argentino para evitar que el tercer país del mundo con más cuentas en el exterior, detrás de Rusia y Gran Bretaña, siga cobrándole las consecuencias de esa fuga de divisas a los sectores de menores recursos.
Pero es claro que además es necesario que otros mecanismos de evasión y elusión sean implementados mediante acciones innovadoras. Así, más allá que vuelvan al país, parte de los miles de millones de dólares fugados al exterior, es importante que otros mecanismos sean desactivados o, al menos, controlados como ser la comercialización agroindustrial, otra fuente permanente de evasión.