Foucault describe el panóptico como un sistema de control y vigilancia central que puede o no estar operativo pero que permanentemente y en forma sistemática da la sensación de vigilancia sobre los sujetos sometidos a ese control. Esta estructura panóptica que fundó la fisonomía de las cárceles modernas hoy se reproduce en las ciudades a cielo abierto, sustentándose en toda una tecnología y arquitectura del control social y la vigilancia permanente. En estas sociedades disciplinarias el objetivo central es forjar conductas dóciles al poder central y evitar las disidencias a ese sistema. Estos sistemas sumados al uso de la tecnología, puede traer como resultado un salto de calidad en la criminalización de conductas y en la persecución penal vulnerando las garantías.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inmerso en su “política panóptica” implementó un sistema de vigilancia masiva de millones de ciudadanos basado en el uso ilegal de los datos biométricos y datos de los registro del RENAPER (Registro Nacional de las Personas). Este sistema de reconocimiento facial se comenzó a implementar en la Ciudad de Buenos Aires en abril de 2019 con el objetivo de perseguir y encontrar prófugos de la justicia. La distribución de equipamiento en la Ciudad es más que importante, ya que se calcula que hay alrededor de 300 equipos con los software de identificación. El funcionamiento del sistema de reconocimiento facial es el siguiente: se capta una imagen en la vía pública y se la compara con la imagen almacenada en el RENAPER mediante el análisis de los datos biométricos de la persona. Ahora bien, ese cotejo puede realizarse solamente con las personas buscadas por la justicia, o sea que estén en situación de rebeldía o prófugos. De hecho el sistema como ya se mencionò tenía ese objetivo. Este universo de personas buscadas por la justicia sería de alrededor de 40 mil, lo que torna inexplicable que la Policía de la Ciudad haya accedido, tal como se descubrió recientemente, a datos de más de 7 millones de ciudadanos.
Dicha operativa del Gobierno viola la ley de la Ciudad y la resolución que crea el sistema de reconocimiento facial, ya que solo autoriza al Ministerio de Justicia y Seguridad cruzar datos de quienes integran la lista de prófugos.
Los datos biométricos son aquellos datos personales que tienen que ver con las características físicas, fisiológicas o de conductas de las personas que son únicas e irrepetibles en cada individuo. Su singularidad es lo que permite la identificación de las personas a través de esa información que brindan los datos biométricos. Sin embargo el sistema no es infalible y está comprobado que puede fallar en la identificación de las personas.
En nuestro ordenamiento jurídico la protección normativa de los datos biométricos queda enmarcada en la ley 25326 del año 2000 de “Protección de los Datos Personales”. La propia ley establece como objetivo “…la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional…”. Asimismo se establece que “…los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas…”. La ley por lo tanto veda toda utilización de los datos biométricos sin autorización legal o judicial y que afecten la intimidad o el honor de las personas.
A pesar de esta prohibición la tecnología de reconocimiento facial pone en cuestión derechos humanos básicos y esenciales como así también libertades civiles elementales. En primer lugar se vulnera el principio de inocencia y el debido proceso ya que la sospecha de haber cometido algún delito recae sobre una porción de la población que se sustenta en prejuicios sociales y de clase, produciendo mayor criminalización en esos sectores.
Amnistía Internacional por ejemplo lleva actualmente campañas por distintas partes del mundo pidiendo la cancelación del reconocimiento facial de las personas. Al mismo tiempo esta tecnología incrementa la posibilidad del armado de causas haciendo abuso de la información recolectada. Además dicha organización también denuncia que “…los sistemas de reconocimiento facial con fines de identificación son una forma de vigilancia masiva que viola el derecho a la privacidad y amenaza los derechos a la libertad de expresión…”.
La sociedad disciplinaria y su control masivo tiene una nueva herramienta en el control de los datos biométricos y el Estado de derecho por ahora se muestra insuficiente para mitigar estas tendencias.