En menos de un mes al frente del ejecutivo brasileño, Lula da Silva ya impulsó una serie de medidas que buscan revertir el cuadro de situación dejado por el gobierno anterior. Desde antes de su asunción, el presidente insistió con la idea de retomar la senda del crecimiento con la inclusión de todo el pueblo brasileño.
Como primera medida, el gobierno impulsó la ampliación de 23 a 37 ministerios, incluyendo carteras para cultura, pueblos indígenas, mujeres, turismo e igualdad racial. La importancia de la creación de estos ministerios está en el lugar que el gobierno pretende que ocupen dentro de la agenda, algo que hasta antes de la vuelta de Lula al poder tenía poca o nula importancia para la gestión de turno.
Otra de las medidas impulsadas por el gobierno brasileño en esta primera etapa fue la recreación del programa Bolsa Familia, en sustitución del Auxilio Brasil creado por el gobierno de Jair Bolsonaro a finales de 2021 para unificar la versión anterior de Bolsa Familia y otros beneficios sociales.
La medida es importante porque, además de garantizar la continuidad del pago, el texto debe aportar cambios en el formato. El gobierno prometió reanudar el control de las condiciones que acompañaban al pago, como la exigencia para que los hijos de la familia estén escolarizados y con las vacunas al día, lo cual no aparecía en la versión impulsada por el gobierno anterior.
Con menos de un mes en el poder y enfrentando el intento de golpe impulsado por fanáticos bolsonaristas el pasado 8 de enero en las sedes del Ejecutivo, Legislativo y Corte Suprema -considerado el hecho más grave desde la vuelta a la democracia por la actuación y omisión de militares y policías- el gobierno de Lula viene impulsando un plan de gobierno que busca reconstruir al país tras los cuatro años de Bolsonaro
Otra de las medidas adoptadas fue la prórroga de la liberación de impuestos a los combustibles, algo que en las primeras semanas generó roces dentro del gobierno electo. En junio, en medio de la inflación causada por la guerra en Ucrania y en el periodo preelectoral, el presidente Bolsonaro redujo a cero las tasas impositivas sobre la gasolina, el etanol y el diésel. Las medidas, sin embargo, perdieron validez el 31 de diciembre.
El Ministro de Hacienda, Fernando Haddad (PT), pidió al gobierno actual que no prorrogara la medida. Si por un lado el retorno de la recaudación de impuestos tiene posible impacto en las bombas y la inflación, también tiene el potencial de recaudar casi R $53 mil millones en el año, en un momento en que el gobierno electo busca maneras de compensar el gasto en promesas de campaña.
Salvar el Amazonas
Una de las medidas más celebradas tanto por brasileños y brasileñas como por la comunidad internacional es el regreso de la agenda ambiental para combatir la deforestación ilegal de la selva amazónica. La indicación de Marina Silva al frente del Ministerio de Medio Ambiente ya era vista como un impulso a esta idea, la cual terminó de confirmarse con la decisión de retomar el Fondo Amazonia, creado hace 14 años para financiar acciones destinadas a reducir las emisiones derivadas de la degradación de los bosques y la deforestación.
El Fondo Amazonia se considera una iniciativa pionera en la materia, pero está paralizada desde abril de 2019, cuando el gobierno federal derogó cientos de consejos federales y extinguió así su Comité de Orientación (COFA) y su Comité Técnico (CTFA). En la época, el presidente Jair Bolsonaro consideraba la medida como un intento de intervención de gobiernos europeos en el país, acusándolos de atacar la soberanía nacional.
El jueves 3 de enero, el Tribunal Supremo (STF) determinó la reactivación del fondo dentro de 60 días. En diez años (2009 a 2018), el fondo aplicó más de R $1 mil millones en 103 proyectos de organismos públicos y organizaciones no gubernamentales.
El impulso a la preservación ambiental con medidas económicas y decisiones políticas de peso adquieren relevancia en un contexto donde la destrucción ambiental en áreas protegidas viene creciendo. La devastación causada por el garimpo (que es el dragado para la extracción de minerales) se duplicó en sólo diez años, pasando de 99.000 hectáreas a 196.000 entre 2010 y 2021, según un informe publicado por MapBiomas el martes (27). El área equivale a casi 2 mil km2 y es mayor que, por ejemplo, la ciudad de São Paulo, que tiene 1,5 mil km2.
El mismo estudio identificó que la minería industrial se ha duplicado, pasando de 86.000 hectáreas en 2001 a 170.000 hectáreas en 2021.
A su vez, otro estudio mostró que la expansión de la minería en la Amazonia fue más intensa en las áreas protegidas, como los territorios indígenas y las Unidades de Conservación. Entre 2010 y 2021, las áreas de explotación minera en tierras indígenas crecieron 632%, ocupando casi 20 mil hectáreas el año pasado.
Control de armas y ministerio de Pueblos Indígenas
Dichos datos refuerzan la decisión del gobierno de Lula da Silva de impulsar la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, que tiene al frente a la diputada electa Sonia Guajajara, considerada por la revista Times como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2022.
Otra de las medidas impulsadas por el gobierno electo fue la firma de un decreto para reestructurar la política de control de armamentos.
Lula ya había dicho en su discurso de asunción ante el Congreso que su gobierno revocaría los decretos del ex presidente Jair Bolsonaro que facilitaban el acceso a las armas de fuego y a las municiones.
La flexibilización del acceso a las armas, impulsada por Bolsonaro, ha sido blanco de críticas de expertos en seguridad, que aseguran que la medida agrava la violencia y aumenta la cantidad de armas en manos de delincuentes.
Con menos de un mes en el poder y enfrentando el intento de golpe impulsado por fanáticos bolsonaristas el pasado 8 de enero en las sedes del Ejecutivo, Legislativo y Corte Suprema -considerado el hecho más grave desde la vuelta a la democracia por la actuación y omisión de militares y policías- el gobierno de Lula viene impulsando un plan de gobierno que busca reconstruir al país tras los cuatro años de Bolsonaro.
Las primeras medidas muestran el objetivo que se busca alcanzar, lo cual sin dudas deberá ser acompañado de voluntad política y consenso dentro del frente que conforma el gobierno y que encabeza el ex líder metalúrgico en su tercer mandato.
Fuente: argmedios
Pese al boicot lanzado por la derecha y los medios de comunicación hegemónicos, la Cumbre de Relanzamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) contará con la presencia de los 33 países miembros, más un representante de los EEUU y otro de la Unión Europea. Además de Lula, llegarán a la Argentina el mandatario de Chile, Gabriel Boric; el de Bolivia, Luis Arce; el de Uruguay, Luis Lacalle Pou; el de Paraguay, Mario Abdo Benítez; el de Ecuador, Guillermo Lasso; el de Colombia, Gustavo Petro; la presidenta de Honduras, Xiomara Castro; el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y quizás el de Venezuela, Nicolás Maduro, entre muchos otros.
