Por Roberto Pascual.-
El decreto 70/2023 y la denominada Ley Ómnibus marcaron un creciente malhumor de la sociedad y de la política argentinas ya conmovidas por el “Caputazo” que de un día para otro generó una inédita transferencia de ingresos, incluso superior al tristemente recordado “Rodrigazo”.
La sumatoria de derrotas que viene cosechando la nueva administración en el mes que lleva de gestión en gran medida se explica por la amplitud de la desregulación propuesta, pero además porque se mete sin demasiados argumentos constitucionales e incluso teóricos en fundamentos constitutivos del andamiaje social argentino, como ser las indemnizaciones por despidos y aún más grave en el funcionamiento institucional de la república.
Un tema que ya provocó movilizaciones y el anuncio de un paro general de la tradicionalmente dialoguista CGT, encabezada ni más ni menos que por “los Gordos”, el sector menos combativo del sindicalismo argentino.
Pero es más, también generó amparos judiciales que virtualmente frenaron la aplicación del megadecreto 70/2023, al menos en el terreno laboral.
Mientras tanto están en la mira judicial otros tantos amparos de sectores que se consideran perjudicados por el aluvión de desregulaciones, muchas de las cuales parecen redactadas por una de las partes interesadas (en general en beneficio de los sectores económicos más concentrados), mientras se fueron retirando algunas propuestas, como ser la prohibición de reuniones de más de tres personas, que lisa y llanamente estaban condenadas al rechazo.
Los ejemplos abundan, como ser el capítulo referido a la pesca, que generó la reacción de las provincias patagónicas y del intendente de Mar del Plata, cuyas jurisdicciones se ven perjudicadas por la apertura indiscriminada a los grandes jugadores internacionales y a la depredación ictícola, lo que también obligó a dar marcha atrás en esa iniciativa.
La decisión de avanzar con la privatización o la venta de activos de empresas con participación estatal o la iniciativa de desfinanciar a las universidades nacionales y a organismos protegidos por distintas normativas legales, son otros puntos que ya generan reacciones en el ámbito de la cultura y de la comunidad artística a la espera de respuestas más contundentes cuando la actividad educativa regrese a la plena actividad.
Algo similar comienza a generarse en rechazo a los postulas de la Ley Ómnibus que provocan innumerables cortocircuitos durante su tratamiento en comisiones en el Congreso y que si bien despierta menos controversias judiciales, no por eso suma simpatías legislativas.
LA CONSTITUCIÓN Y DESPUÉS
Es claro que el decreto 70/2023 generó rechazo generalizado por parte de constitucionalistas y expertos en derecho porque avanza en fundamentos legales establecidos en la Carta Magna desde el siglo XIX. Pero además se rechaza la delegación de facultades establecidas por la ley ómnibus al no coincidir en que la emergencia pública pueda ser extendida hasta el 31 de diciembre de 2025 y la posibilidad de prorrogar el estado de excepción a sola voluntad del Poder Ejecutivo hasta el final del mandato de Javier Milei. Al punto que ya se comenzó a intentar negociar un plazo más acotado para esa delegación de facultades.
Le mera enunciación de esta posibilidad irrita a buena parte de la oposición, en especial de los sectores partidarios que han hecho de la defensa de la república a ultranza la razón de ser de su actividad política. Así, la Coalición Cívica de Elisa Carrió se sumó a la CGT en su rechazo total tanto al megadecreto como a la Ley Ómnibus.
Mientras tanto se han conocido propuestas que impulsan darle curso parlamentario a los postulados del megadecreto, que tienen dificultades crecientes en pasar el filtro de la justicia -más allá del pedido del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, de postergar toda definición jurídica antes del tratamiento parlamentario-, pero que pese a las jugarretas legislativas también tendría dificultades para lograr la aprobación del Congreso.
De esta forma, las audaces propuestas “fundacionales” de la incipiente gestión de Milei corren serio riesgo de naufragar con la consecuente pérdida de poder del Ejecutivo, precisamente lo que se buscaba cimentar con la andanada de leyes y decretos anunciada en los primeros días de la nueva gestión.
Pero si desde buena parte del arco político opositor se cuestionan las formas de la avanzada desregulatoria de Milei porque avasalla al Poder Legislativo y porque además la ofensiva ultraliberal atenta contra derechos adquiridos y principios consagrados por la Constitución y pactos internacionales con rango constitucional, también el fondo de las reformas genera rechazos.
Las movilizaciones espontáneas de sectores medios de la población demuestran no sólo la profundidad del golpe al bolsillo que se impulsa, sino que avanzar en esa dirección profundiza las diferencias sociales, al punto de generar el peligro de algún estallido, como advierte uno de los jueces que hizo lugar a los amparos contra las desregulaciones laborales.
Y es en este último punto donde las dificultades de la oposición para mostrar una posición unificada se profundizan. Es sabido que para quienes cuestionan las formas de las propuestas de Milei, algunas de las transformaciones que impulsan son ineludibles. Es más como insiste el oficialismo, son la única salida.
Y es allí donde radican las principales diferencias. No es cierto que se deba transferir al sector privado Aerolíneas Argentina, YPF o el Banco Nación, sólo por citar casos emblemáticos, para superar la crisis económica en la que está sumergida la Argentina.
INFLACIÓN SUBIENDO
Es más, numerosos especialistas sostienen que las dos principales causas del deterioro de la economía nacional se profundizaron en el último mes. Así, la inflación trepó a un ritmo más acelerado a partir del Caputazo -diciembre más del 30% de inflación en varios rubros- y con el riesgo de un desborde generalizado apenas comiencen a regir los tarifazos que ya son tramitados en audiencias públicas.
Algo similar ocurre con la restricción externa. Hasta ahora si bien Caputo logró sumar fondos en las reservas a partir de la gigantesca devaluación, hasta ahora fracasó en el intento de licitación del Bopreal, el bono destinado a los importadores que reclaman al Estado una deuda en dólares que durante 2023 se agrandó 22.000 millones de dólares.
La disparada de los dólares financieros y del riesgo país al inicio de la semana y previo a anuncio del acuerdo con el FMI demuestra que las iniciativas del experimento libertario generan más fascinación que avales concretos
Lo cierto es que una vez más en la historia política argentina se plantean posiciones antagónicas frente una propuesta de ajuste descomunal y de dudosa legalidad. Están quienes se oponen a rajatabla y quieren hacer caer tanto el decreto de necesidad y urgencia como la Ley Ómnibus en todos sus extremos y sólo estarían dispuestos a negociar algunos temas en particular, pero recién cuando tengan un tratamiento legislativo normal. En la vereda opuesta están los firmes defensores de las iniciativas del Ejecutivo, pero que son una minoría en ambas Cámaras del Congreso, y quienes -pese a sus rechazo a los puntos más espinoso de las propuestas mileistas, como ser las facultades extraordinarias prorrogables hasta el fin de su mandato o la modificación a través de un DNU de normas consagradas en la Constitución- buscan mecanismos para que la desregulación de la economía no quede en saco roto.
El tema es particularmente sensible para el radicalismo, donde una vez más se enfrentan las posiciones de Facundo Manes y de Rodrigo de Loredo, el primero que se reunió con la CGT para apoyar el rechazo tanto al megadecreto como a la Ley Ómnibus y el segundo que se muestra dispuesto a trata modificaciones que pongan a salvo la desregulación económica, mientras que el presidente del centenario partico Martín Lousteau hace equilibrios para mantener la unidad.
En síntesis frente a lo disparatado de las propuestas fundacionales de Javier Milei, la política, el sindicalismo y buena parte del arco cultural y de las organizaciones sociales están dispuestos a poner un freno contundente, mientras que otros sectores se muestran o bien dubitativos o bien complacientes a una metodología que amenaza los cimientos mismos de la vida institucional argentina.