En los poco más de 200 años de vida independiente, Argentina demoró casi medio siglo para poder establecer sus instituciones fundamentales, con la inclusión definitiva de Buenos Aires a su organización nacional.
Pasó otro medio siglo con cierta estabilidad, aunque en plena vigencia del “fraude patriótico” como mecanismo para elegir a sus gobernantes y 50 años más jaqueada por sucesivos golpes y dictaduras militares, con algunos períodos democráticos entre unos y otras.
Desde 1983, es decir ya casi cuatro décadas, se estableció un nuevo orden democrático, que con sus más y sus menos se ha reafirmado y nos ha permitido dirimir diferencias en un marco institucional.
Pero ese nuevo orden pasa por estos días por una nueva prueba. No se trata aquí de abordar las respectivas competencias judiciales, que ya analiza Paolo Zaniratto en este mismo portal (Ver El Gobierno de los Jueces), sino de advertir sobre las graves consecuencias de una pulseada contraria a toda lógica, salvo el mero interés electoral.
Tensar las relaciones entre el ejecutivo nacional y el gobierno porteño en plena pandemia se aleja de cualquier racionalidad, salvo que se crea que defender la autonomía capitalina se ubica por encima de cualquier otra necesidad en esta crítica etapa.
Se suele señalar como disparador del actual conflicto, la oposición sistemática a reducir actividades de las autoridades porteñas, enarbolando la presencialidad en las escuelas como principal bandera.
Es una postura que recibe la adhesión de una parte de la población, que suma al hartazgo propio de la cuarentena prolongada, los efectos económicos del endurecimiento de las medidas sanitarias y de algunos sectores sociales, siempre propensos a ver a cualquier decisión oficial como un avasallamiento a las libertades.
Pero se deja de lado que es esa reacción de virtual insubordinación la que obliga a adoptar esas medidas más severas, sobre las cuales se montan luego infundadas acusaciones de autocracia o totalitarismo con las que suelen caracterizar a los gobiernos populares.
Por estas horas el exponencial crecimiento de los casos de coronavirus en el ámbito del AMBA, (que siempre se afirmó que era un área sanitaria común) genera advertencias desde sectores médicos. Se señala que el sistema sanitario corre el riesgo de colapsar, según la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, mientras el Ministerio de Salud bonaerense afirma que desde el inicio de las clases presenciales se quintuplicaron los casos de coronavirus pasando de 1.911 a 9.828 contagios en el Area Metropolitana de Buenos Aires, mientras que solo en la Provincia los contagios aumentaron 184% desde entonces.
Más allá de la validez de los argumentos en el sentido de que la presencialidad en el dictado de clases no incrementa los contagios, dato que no contempla la movilización que implica la asistencia escolar, lo cierto es que la pandemia por estas horas crece en forma exponencial y requiere medidas drásticas para dar tiempo a que lleguen más vacunas y puedan aplicarse, lo que deja poco espacio para consideraciones sobre los alcances de autonomías distritales.
En Argentina rige un régimen presidencialista, que con los cuestionamientos judiciales de tribunales inferiores se está poniendo en jaque, con una oposición que promueve el rechazo a cualquier medida oficial, sin tener en cuenta que, de prosperar, este accionar, serán ellos quienes tendrán las mismas dificultades si alguna vez acceden al Gobierno.
Se insiste en calificar al gobierno de Alberto Fernández como “débil” al contraponerlo con otros ejecutivos más avasallantes que rigieron en esta nueva etapa democrática. Pero el rasgo negociador que se quiso imponer a la gestión no significa no estar dispuesto a poner sobre la mesa todas las medidas necesarias ante los requerimientos de la hora.
Por el contrario, las acciones tendientes a licuar la autoridad presidencial, encargada de la estrategia frente al avance del coronavirus, parecen totalmente desubicadas. Más aún cuando se lleva a chicos de colegios primarios a protagonizar manifestaciones a favor de la apertura de las escuelas, cuando los docentes y su huelga minimizaron la presencialidad tan proclamada.
O sea, desde CABA se insiste en aplicar medidas peligrosas desde lo sanitario y con poca efectividad práctica, convirtiéndo el tema en una condición sine qua non para poder dialogar. O sea acepta conversaciones, pero siempre y cuando se impongan sus condiciones.
Lo riesgoso de esta situación es darle atribuciones a la Justicia para condicionar las políticas públicas, que hasta ahora nadie discutía corresponden a las autoridades nacionales.
De esta forma no sólo se judicializan decisiones propias del Ejecutivo nacional, sino que también se petardea la autoridad presidencial, precisamente en el momento en que deben cohesionarse las acciones, ya que ninguna guerra se gana con generales aplicando estrategias antagónicas.