La proliferación de las redes sociales trae, como cada elemento que se vuelve masivo, aspectos tan positivos como negativos. Es así como se presencia, al mismo tiempo, una colecta millonaria para financiar un medicamento para una nena de tan solo un año, como amenazas de muerte y discursos de odio por parte de grupos de personas contra ciertas minorías. Al fin y al cabo, la culpa no es de la herramienta, sino de quienes la utilizan.
Con la llegada de los celulares a las manos de prácticamente toda la población y la indiscutible premisa de que en la intimidad todo es válido siempre y cuando exista el consenso mutuo, son cada vez más las parejas que eligen grabarse o fotografiarse teniendo sexo. Incluso la pandemia resignificó lo “virtual” dentro de la sexualidad, a tal punto que desde el propio gobierno se llegó a recomendar la utilización de la vía digital para el placer con la intención de evitar el contacto entre personas y la propagación del virus.
Dos flagelos que en los últimos tiempos azotan con fuerza en su inmensa mayoría a las mujeres son los conocidos como sextorsión y pornovenganza. Los nombres de los términos, aunque no resulten familiares, se definen a sí mismos. La sextorsión supone amenazas y el pedido de dinero o la obligación de realizar algo a cambio de no difundir las imágenes, mientras que la pornovenganza tiene la mera intención de causar daño.
“A mí no me extorsionaron, lo hicieron por pura maldad”, comienza contando Alondra S. -quien prefirió preservar su nombre completo para resguardar su intimidad-, a quien una ex pareja publicó sin su consentimiento, videos íntimos en una de las páginas pornográficas más populares del mundo. “La primera sensación fue de mucha impotencia y ganas de llorar”, admite. Una reacción que se condice con la que la mayoría de las víctimas relata: los nervios, el no saber qué hacer, una sensación total de desprotección.
Nicole M. también se anima a contar que sufrió una situación similar y desliza una frase resonante: “Te quita el poder de confiar en otra persona”. A sabiendas de que toda relación sana, ya sea amistosa o amorosa está basada en la confianza, lo que ocurre con la pornovenganza es un tema que no ha pasado desapercibido para los psicólogos.
Un estudio realizado por la doctora en psicología Andrea L. Paiva, de la Universidad de Rhode Island, en Estados Unidos, habla de la desprotección que sufre la víctima que es expuesta de este modo en Internet, ya sea en páginas de contenido erótico o a través de las redes sociales. Las consecuencias van desde ansiedad y depresión, pasando por desórdenes alimenticios e, inclusive, el suicidio. Se menciona también que las víctimas son, en su inmensa mayoría, mujeres. Socialmente, la mirada punitiva en estos casos tiende a recaer sobre el sexo femenino. Además, son las propias parejas masculinas quienes eligen difundir contenido en el que muchas veces ellos mismos participan. Para el hombre, cree la experta, la condena social no es tan grave.
LA LEY
¿Pero con qué tipo de herramientas cuenta una persona víctima de la pornovenganza? En Argentina, el código penal la considera como un tipo de extorsión, pero aún no se ha sancionado una ley que aborde directamente la situación. Sin embargo, un fallo ejemplar que tuvo lugar en la provincia de La Rioja en junio trae consigo un haz de luz para lograr cortar con esta práctica. Tras una larga disputa judicial, Patricio Pioli, conocido como “el tatuador”, fue condenado a cinco años de prisión tras la difusión de imágenes y videos sexuales con su ex pareja.
El tribunal condenó a Pioli por “coacción y lesiones leves calificadas”, entre otros delitos, por las acciones contra Paula Sánchez Frega luego de la ruptura de la pareja en 2016. Cinco largos años demoró el proceso y, si bien Mariana Barbitta, abogada de la víctima, esperaba una condena mayor, se mostró “conforme con la sentencia”, y aclaró que espera que se sancione una “verdadera ley de penalización de la violencia digital”.
Para los jueces del caso, las situaciones de violencia y hostigamiento hacia Sánchez Frega “provocaron en ella daño psicológico, quiebre en su salud mental caracterizado por sensación de desamparo, desvalimiento y sensación de encontrarse en situación de peligro real, perdiendo la confianza y seguridad en sí misma”. Sensaciones que mencionan haber padecido todas las víctimas de situaciones similares.
“Me sentí humillada, incluso menos mujer”, retoma Alondra S. al respecto, y cuenta que si bien es consciente de que existe la vía legal para afrontar estos hechos, “lo único que me importaba era que el video desapareciera de la página”, algo que logró tras enfrentar a quien había publicado el contenido. Sin embargo, las pesadillas parecieran no acabar nunca. “Entro seguido a la página para comprobar que el video no está más”, se lamenta.
Otro caso que ejemplifica que la pornovenganza ocurre más a menudo de lo que se cree, es el de Eliana M., a quien su ex pareja amenazó con “publicar mis fotos por todos lados” y a quien aseguró que “que mi papá y mi hijo iban a sentir vergüenza de mí”. A pesar de que sigue con miedo, cuenta que “logré convencerlo de que no lo hiciera”.
Con intención de reducir la cantidad de casos y apoyar a las víctimas, desde el gobierno lanzaron una serie de puntos que, obviando la recomendación de la abstención de tomar fotografías y grabar videos íntimos, pueden resultar muy útiles. En primer lugar, desde una web dedicada a este problema, piden “guardar todas las pruebas: chats, correos electrónicos, capturas de pantalla y cualquier tipo de contenido que aporte información a los peritos informáticos para presentarlas en una fiscalía. Muchas veces, los casos de pornovenganza pueden terminar en sextorsión”.
Además, se puede pedir que bajen el video o fotos de cada uno de los sitios donde fueron publicados. “El artículo 16 de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales establece que deben darlo de baja dentro de los 5 días hábiles a partir de tu denuncia”, especifica la página, si bien la realidad indica que es un tanto más difícil. Por último, recomiendan buscar asesoramiento legal.
En cualquier caso de ciberdelito, las víctimas pueden comunicarse al número 137, como también acercarse a las fiscalías del Ministerio Público Fiscal.
Resta esperar por una auténtica ley que proteja la privacidad y la integridad sexual de las personas.
