De la Redacción de 90 Líneas (Gestapo).- La fiscal Ana Russo, que entiende en la causa judicial donde ex altos funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, tres de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el intendente de La Plata, Julio Garro, y empresarios de la construcción armaban causas para encarcelar a sindicalistas, amplió la imputación a todos los participantes de la reunión de 2017 cuya grabación se conoció días atrás gracias a la interventora del organismo de inteligencia, Cristina Caamaño.
Así las cosas, se complicó sustancialmente la situación judicial de los participantes en ese encuentro, donde los funcionarios de gobierno y de inteligencia les explicaban a los empresarios qué tenían que hacer para que ellos, que ya tenían todo arreglado con jueces y fiscales -según dicen en el video-, llevaran presos a los dirigentes gremiales que les molestaban.
Ayer, el presidente Alberto Fernández opinó sobre el tema: «Es un delito utilizar la maquinaria del Estado para volcarla en perjuicio de una persona y construir las razones para poder detenerla», dijo, tras rechazar los débiles argumentos esgrimidos por Vidal en una entrevista, donde calificó al escandaloso encuentro como «una reunión de trabajo», además de decir que no sabía absolutamente nada del cónclave en el que participaron altos funcionarios íntimamente ligados a ella.
«Es muy preocupante que haya mandado a un ministro (de Trabajo, Marcelo Villegas) y a un intendente (Julio Garro) a reunirse con agentes de inteligencia y empresarios para inventar la manera de meter preso a un sindicalista«, afirmó el Presidente en alusión a Vidal en una entrevista en AM 750.
La titular de la AFI, Cristina Caamaño, definió como «una Caja de Pandora» todo el material fílmico encontrado, por lo que no descartó que puedan aparecer en el futuro nuevos videos
De aquella reunión participaron, además de Villegas, Adrián Grassi (ex subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires), Roberto Gigante (ex ministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, y cinco empresarios, según surge del texto de la denuncia.
También estuvieron en ese encuentro concretado en la sede porteña del Banco Provincia, lugar al cual se comprobó que todos entraron sin identificarse, una práctica totalmente anómala-, Diego Dalmau Pereyra, ex jefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, cuñado y ex jefe de Gabinete de Silvia Majdalani (Nº 2 de la AFI durante el gobierno de JxC), y Sebastián De Stéfano, ex jefe del área de jurídicos de la central de espías, el mismo que en su momento «apretó» al juez Carzoglio en nombre del presidente Macri para que pusiera preso a Pablo Moyano, pese a que el magistrado ni siquiera había recibido el expediente.
Ana Russo presentó el requerimiento de instrucción ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.
La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI, comandada entonces por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una estrategia para perseguir a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.
«VIDAL ERA LA JEFA DE LA MAFIA»
Ayer, lunes 10 de enero, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, consideró que la instalación de una mesa judicial durante el Gobierno de Cambiemos «no fue algo improvisado» y aseguró que el ex mandatario Mauricio Macri «viene armando esto desde que era presidente de Boca».
Caamaño, en una durísima acusación, aseguró que el lawfare tuvo a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal «como jefa de la mafia de la provincia» de Buenos Aires, del mismo modo que «tenía a Macri a nivel nacional», y advirtió que, a pesar de que Vidal negó cualquier relación con el armado de causas, la ahora diputada «sabía» lo que ocurría con la mesa judicial provincial y, por eso, «usaba un teléfono encriptado que le dio la AFI».
«Es la postura de ella de hacerse la inocente, cuando la realidad es que (Vidal) era la jefa de la banda de la provincia de Buenos Aires (…) Esta era la mafia de Vidal, la mesa de la provincia, al igual que (el ex presidente Mauricio) Macri tenía la mesa a nivel nacional» (Cristina Caamaño, titular de la AFI)
«Me parece que la couchearon durante diez días para que salga el jueves nuevamente (en la mencionada entrevista por el canal macrista La Nación+), como nos tienen acostumbrados los de Juntos por el Cambio, a negar y tergiversar todas las cosas», afirmó la titular de la AFI, quien al igual que el Presidente Fernández hizo referencia a las débiles explicaciones ofrecidas por la ex gobernadora, quien incluso en esa entrevista a todas luces preparada titubeó y se contradijo más de una vez.
AÑORANZAS DE LA POLICÍA SECRETA NAZI
En ese encuentro, el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, manifestó que le gustaría contar con una «Gestapo» (la policía política del nazismo) para perseguir y accionar contra los gremios.
«Esto no fue algo improvisado. Los que piensan que Macri es nada más que un tilingo, se equivocan«, puntualizó Caamaño en diálogo con AM 750, y en el mismo sentido profundizó: «Esto (la coordinación entre espionaje y Poder Judicial) él lo viene armando desde hace muchos años, desde que era presidente de Boca. Las causas cuando llegan a Comodoro PRO se frenan».
Además, Caamaño insistió en la sospecha de que las cámaras que grababan las reuniones en la sede porteña del Bapro «fueron puestas por la AFI» de ese entonces, al tiempo que definió como «una Caja de Pandora» todo el material encontrado, por lo que no descartó que puedan aparecer en el futuro nuevos videos.
ALLANAMIENTOS
Por otra parte, este martes 11 de enero, senadores bonaerense habilitarán formalmente el allanamiento a las oficinas del legislador Juan Pablo Allan, uno de los participantes de la mesa judicial provincial, a pedido del juez de la causa, Ernesto Kreplak.
Si bien el legislador del PRO ya había dado su consentimiento para que se realizara el procedimiento judicial, fue convocada una sesión especial a partir de las 14 para cumplir con el aval formal del cuerpo, necesario para materializar el allanamiento.
En tanto, el diputado nacional Eduardo Valdés -miembro de la bicameral de Inteligencia del Congreso de la Nación- evaluó que lo revelado en la reunión del año 2017 tuvo su correlato en acciones que llevó adelante el gobierno de Macri contra gremialistas.
«Todo lo que hablan ahí se concretó» con la prisión de distintos sindicalistas, indicó. «Se armaron esas bases de espionaje puestas en la provincia de Buenos Aires para espiar a sindicalistas y opositores», subrayó.
Asimismo, en este contexto, el Frente de Todos buscará esta semana iniciar el proceso para impulsar el juicio político del procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, uno de los mencionados en la reunión del 2017 como articulador en el armado de causas.