Recientemente la Cámara de Diputados de la Nación ha aprobado un proyecto de ley tendiente a modificar el instrumento de votación aplicado, inveteradamente, en la Argentina dando lugar a la posibilidad de utilizar el modo de Boleta Única Papel (BUP) en lugar de la tradicional Boleta Partidaria (BP) como se ha hecho hasta ahora.
Como principio se puede decir que ambos instrumentos tienen sus bondades y defectos.
Se utiliza en diversas partes del mundo e, incluso, en algunas provincias Argentinas (ya algo anuncie en la nota “Boleta Única Papel tendencia modernista..” en 90lineas.com)
El artículo 77 de nuestra Constitución Nacional determina, como principio, que: “Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras “, no sólo se refiere a la mayoría –aun circunstancial– sino a verdaderos consensos construidos por las diversas ideologías o sectores políticos partidarios. Y esto, en principio, no ha sido logrado.
Sea como sea, al resultado aritmético de la votación deviene inimpugnable (aunque si objetable a tenor de lo dicho). Ello así puesto que la Constitución establece una mayoría calificada para aprobar leyes en materia electoral y esto ha sido reglamentariamente cumplido.
DOS POSTURAS
Hubo dos posturas bien marcadas: la que defendía la BUP – y denostaban la boleta partidaria– y la que rechazaba la BUP y, por lógica consecuencia defendía, la BP.
Se dijo, por ejemplo, que la boleta partidaria era sinónimo de militancia y que la boleta única debilitaba a los partidos políticos favoreciendo a las corporaciones.
Del otro lado se invocó la procedencia política del proyecto, anudado, según se anunció, al de “ficha limpia”.
Como respuesta se señaló que venían a arreglar lo que no está roto y no quieren arreglar lo que rompieron (refiriéndose al endeudamiento con el FMI).
Hubo quién se atrevió a señalar que la boleta partidaria, y sus defensores, eran continuadores del “fraude patriótico”… (boleta partidaria en la cual el mismo fue elegido en varias oportunidades)
Incluso se llegó a afirmar que la circunstancia, comprobada, de que un solo ciudadano no pudiese elegir libremente justificaba la aprobación de la BUP, luego de indicarse, sin duda alguna según el expositor, que el fraude no era una realidad en las elecciones nacionales (SIC).
Pareciera un contrasentido con los que siguen, hoy día, negando la desaparición o muerte de más de 30.000 personas en la última Dictadura y claman por un solo elector.
Unos y otros exhibieron – como infantiles e imberbes – modelos exagerados, irreales e inverosímiles de ambas boletas para arremeter la posición contrapuesta. A mi modo de ver poco serio para un recinto de representantes del Pueblo de la Nación.
Ambos instrumentos de votación, como dije, tienen sus virtudes y defectos. Ninguno es la panacea pero pareciera, como dice el título de la nota – en rigor plagiado a un querido amigo – que vienen a buscar una solución en donde no hay problemas.
TRANSPARENCIA
A mi modo de ver, desde el 23 de setiembre de 1973 las elecciones, nacionales, han sido absolutamente transparentes, sin proscripciones, seguras y reflejan la voluntad de los ciudadanos que participaron en ellas. Ningún ganador terminó perdiendo ni ningún perdedor finalizó ganando.
Recientemente recordaba el trabajo realizado por el entonces Fiscal Di Lello, en las elecciones de 2017, en donde las denuncias y eventuales irregularidades en algunos casos concretos carecían de entidad, incidencia y/o relevancia. No obstante todas ellas fueron debidamente sustanciadas a lo largo y ancho del país.
Quedó, no obstante, en el ideario popular que, posiblemente, las irregularidades hubiesen sido reales, habida cuenta que ello se propalaba por los medios de difusión, a pesar de que todas las elecciones han sido aprobadas por la Justicia Electoral y, preciso es resaltarlo, por la totalidad de los partidos políticos intervinientes en las mismas – que las consintieron- y, como lógica consecuencia de todos los candidatos (los que perdieron, los que ganaron los que resultaron electos y los que no). Estos son hechos no opiniones.
Recuerdo en las elecciones del 11 de marzo de 1973, cuando al candidato del Frente de Izquierda Popular, el histriónico Orofesor Jorge Abelardo Ramos, le preguntaron cuál sería su primera medida de Gobierno si resultaba electo Presidente y, sin dudarlo, dijo que su primer medida sería ANULAR LAS ELECCIONES pues él solo podría ganar como producto de un fraude gigantesco y que él, en modo alguno, podía aprovecharse de esa irregular circunstancia.
De ser ciertas, al menos, la mitad de las denuncias hechas –tardíamente- en la sesión del pasado miércoles cuanto menos 132 Diputados deberían dejar sus bancas puesto que sus mandatos tienen un vicio original.
Modernidad, seguridad, transparencia o conveniencia, son vocablos presentes en esta y en toda reforma. Hay que ser serios en su utilización. Sin hipocresías.
No obstante ello, mantengo la idea expuesta (en mi caso desde hace casi 20 años [i] ) respecto a que, cualquier modificación en nuestro sistema político y/o electoral debe aprobarse con un periodo de carencia, esto es dejar pasar un turno electoral. Lo contrario arrima un “tufillo fraudatorio” que atenta sin dudas a la transparencia de nuestro sistema electoral y por ende de todo el Poder Republicano desde que ninguna reforma u oposición a ella, por lo general, resultan inocuas.
EMILIO AUGUSTO RAFFO ES EXPERTO EN DERECHO ELECTORAL
[i] CIPPEC año 2003 Observaciones y puntos de consenso de Académicos y Expertos