Por Roberto Pascual (Especial para 90 Líneas).- “La mujer del César no sólo debe serlo, sino parecerlo”, le atribuía haber dicho el filósofo griego Plutarco al mismísimo Julio César en su obra “Vidas paralelas”.
Y si en algo deben ser extremadamente cuidadosos los integrantes del Poder Judicial en la República Argentina es en las implicancias de sus fallos.
No se trata sólo de definir si Cristina Fernández de Kirchner es culpable o no de casos de corrupción. Lo único real y que se debe exigir a los miembros del tribunal que la juzga es que se logren probar las acusaciones o, de lo contrario, se las desestime.
Y es que como reclamaba Julio César este Poder Judicial desprestigiado no sólo debe ser imparcial, sino también parecerlo. Y para ello no deben quedar dudas respecto a que cualquiera sea el fallo esté debidamente probado con elementos concluyentes sobre la base de que un imputado es inocente hasta que se pruebe lo contrario.
CAUSA «ARMADA»
Y en ese sentido, el alegato de los fiscales Diego Luciani y Silvio Mola no hizo más que alentar todos los fantasmas sobre una causa presuntamente “armada” y plagada de dudas y cuestionamientos, que arrancan desde la calificación misma del delito del que se acusa a Cristina Kirchner y a otros 12 imputados, entre quienes sobresalen Lázaro Baéz, Julio De Vido y José López.
La asociación ilícita según el artículo 210 del Código Penal castiga a quienes formen parte de una “banda” de 3 o más personas “destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. En el caso de Fernández de Kirchner se pide que sea condenada en calidad de jefa de esa asociación ilícita, y por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.
Quienes cuestionan desde la carátula misma la acusación afirman que ningún gobierno -no sólo uno nacional- puede constituirse para cometer delitos. Pero por si eso sólo fuera poco, se trata de presuntos ilícitos muy difíciles de probar y de una figura penal que fue utilizada en forma recurrente en casos de profundo contenido político.
No menos difícil de probar resulta la administración fraudulenta. Sobre el final de sus alegatos los fiscales introdujeron como prueba audios de un diálogo entre Baéz y José López donde presuntamente por órdenes de “la señora” se habría decidido paralizar obras en Santa Cruz para blanquear los presuntos ilícitos, lo que generó un denegado pedido de ampliación de indagatoria y la posterior presentación vía You Tube de la Vicepresidenta. quien entendió que esos nuevos elementos no formaban parte de la acusación original sobre la cual había realizado su anterior presentación ante el tribunal.
El tema no es menor en un país donde el ex jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, fue destituido en un juicio político, pese a que posteriormente la jueza María Angélica Crotto lo sobreseyó en la causa penal del incendio de Cromañón porque consideró que no había suficientes elementos y pruebas para acusarlo de «homicidio culposo» e «incumplimiento de sus funciones públicas».
No menos preocupante fue la decisión de la Corte de aplicar lo que se conoce como el artículo 280 del Código Civil y Comercial que confirmó a condena a Amado Boudou en la denominada causa Ciccone Calcográfica. La aplicación de ese artículo le permitió al máximo tribunal del país rechazar sin dar explicaciones las apelaciones a los fallos de instancias inferiores, confirmando así la sentencia a cinco años y diez meses de prisión que convirtió al ex Vicepresidente en el primer funcionario de su rango en cumplir parte de una condena en la cárcel por un presunto hecho de corrupción.
Con lo de Boudou lo grave no fue la orientación del fallo sino no haber analizado y explicado las razones de la decisión en un caso de semejante trascendencia institucional y política como es que un vicepresidente sea encarcelado por corrupción.
Ahora el pedido de los fiscales, de prosperar, pone en riesgo cierto a cualquier titular de un ejecutivo sea nacional, provincial o municipal que podría ser condenado por posibles actos delictivos de alguno de sus funcionarios.
ELOGIOS Y FUERTES CUESTIONAMIENTOS
De este modo, la presentación de los fiscales fue elogiada por dirigentes de la oposición, pero cuestionada por el oficialismo y por algunos juristas, por considerar que faltaron en el juicio oral y público pruebas concluyentes para avalar la acusación que justifiquen el pedido de doce años de cárcel e inhabilitación permanente para ejercer cualquier cargo público a Cristina.
También advirtieron que los fiscales recortaron el diálogo entre López con Báez para su presentación, pero omitiieron otros muchos casos en que el ex funcionario del kirchnerismo dialogaba con decenas de empresarios, que también le hacían numerosos pedidos y en forma mucho más reiterada que el encarcelado empresario santacruceño.
Es decir, la presentación de los fiscales profundizó los cuestionamientos del kirchnerismo sobre la imparcialidad del Poder Judicial para juzgar las causas de la que está acusada la Vicepresidenta, considerándolo como una nueva prueba del Lawfare o guerra judicial a la que está sometida no sólo Cristina, sino numerosos funcionarios del Frente de Todos e incluso del peronismo.
De allí una reacción militante de imposible evaluación actual en cuanto a sus consecuencias electorales, políticas e institucionales,.
Pero lo que quedó en claro fue la preocupación de las principales fuerzas opositoras, claramente plasmada en los cuatro pedidos de juicio político al presidente Alberto Fernández, en menos de un mes -en un hecho sin precedentes en la historia parlamentaria reciente-. El último de los cuales fue presentado este jueves por la conducción en pleno de los diputados de Juntos por el Cambio, aún a sabiendas de que no tiene la mayoría agravada –dos tercios de los miembros presentes- para avanzar efectivamente.
Así oficialismo y oposición exhibieron sus armas ante una acusación que conmueve la vida política argentina, al punto que hasta ocultó los padecimientos económicos de miles de personas e incluso el achicamiento de partidas presupuestarias al que no se duda en calificar como “ajuste salvaje”.
El Frente de Todos volvió a demostrar su capacidad de movilización popular ante lo que consideran un intento de proscripción a su indiscutible líder política. La oposición volvió a alinearse detrás del Poder Judicial, inclusive con golpes de efecto solicitando el juicio político al Presidente.
REFORMA DEL PODER JUDICIAL
Según algunos informes el Poder Judicial está entre los sectores más desprestigiados en la vida nacional. De allí que tanto el oficialismo como la oposición hayan intentado realizar una profunda reforma, que nunca avanzó debido a las indiscutibles discrepancias sobre los alcances y modalidades de esa transformación. Así desde el regreso de la democracia contar con un Poder Judicial prestigioso y eficaz sigue siendo una gran asignatura pendiente. Y no sólo en temas políticos, sino también en cuestiones cotidianas, donde están en juego la vida y la propiedad de los hombres y mujeres de a pie.
Pero en el caso de temas políticos la situación es más grave. Fallos judiciales impidieron la aplicación de leyes de indudable trascendencia con simples cautelares e incluso se denunció la supuesta complicidad de algunos jueces en sentencias que permitieron la importación de mercaderías de dudosa procedencia y legalidad, por solo nombrar algunos casos.
Y lo más serio es que montado en alguna supuesta superioridad institucional del Poder Judicial no se mide ninguna consecuencia, como alentando a una profundización del ya crítico malestar social que atenta contra la convivencia, que debería estar al tope de las consideraciones a la hora de “hacer justicia”. Se pulveriza así uno de los principios básicos que abonaron la convivencia democrática a partir de 1983.
El discurso sobre la seguridad jurídica es uno de los caballitos de batalla a los que se suele apelar a la hora de hacer concesiones al capital extranjero para invertir en el país, pero no se advierte que también el Poder Judicial debe formar parte de esa institucionalidad que se dice querer favorecer, pero que una forma de hacer política ligada casi exclusivamente al «denuncismo» jaquea, para eludir el debate sobre qué tipo de país se puede ser y los mecanismos para lograrlo.
Por eso, como la mujer del César, el Poder Judicial en la Argentina no sólo debe demostrar que puede administrar justicia, sino también parecer que lo hace en forma imparcial.