El reciente designado ministro de Justicia Martin Soria, en reemplazo de Marcela Losardo, manifestó que su voluntad es la de «terminar con el lawfare” y «desarmar la mesa judicial que funcionaba en el despacho de Mauricio Macri». Debido al contexto actual es evidente que las nuevas tareas del Ministerio de Justicia deberán estar orientadas a cambios estructurales.
La justicia atraviesa una crisis en casi todos sus estamentos, crisis que se traduce en una constante pérdida de legitimidad social, en una mala administración de justicia y en una mayor inseguridad juridica sobre todo para los sectores más vulnerables que son los que más dificultades tienen para acceder al ejercicio real de sus derechos.
La justicia penal ocupa hoy el foco principal del debate público, en primer lugar por su propia naturaleza punitiva, con la importancia y responsabilidad que implica como función del Estado la potestad de aplicar un castigo. Pero en segundo lugar la justicia penal está en debate por el fenómeno de destrucción del Estado de derecho que trae aparejado la vigencia del lawfare con cada vez más intensidad. La persecución politica que ejercen los ejecutores del lawfare sobre dirigentes o ex dirigentes politicos, populares, opositores al anterior gobierno, etc, implica también afectar el debido proceso para toda la ciudadanía porque lo que se termina degradando es toda la administración de justicia. La manzana podrida del lawfare pudre todo el cajón de la justicia básicamente. Pero también el de la política.
Hay un interesante libro publicado hace solo unos meses cuyos autores Eugenio Zaffaroni, Cristina Caamaño y Valeria Vegh Weis plantean como idea central que el Lawfare termina demoliendo el “derecho penal verdadero” (éste sería aquel que garantiza los derechos de las personas a un debido proceso y el respeto de las garantías constitucionales). Pero además de afectar jurídicamente las bases del derecho penal, también se analiza el fenómeno como una forma de ejercicio de poder. Esto implica tener una mirada más estructural y dimensionar más acertadamente el daño que provoca el lawfare.
En el capítulo que desarrolla Valeria Vegh Weis explica la más que interesante hipótesis, en donde plantea que las denuncias penales en serie (carentes de fundamentos jurídicos) y el uso del poder punitivo se erigen en definitiva como estrategias de gobernabilidad. O sea que; en definitiva el lawfare se transformó en una técnica de gobernanza, en una forma de ejercicio de poder para aquellos que representan el capital financiero internacional y que pretenden imponer el modelo neoliberal.
Es claro por lo tanto que si el lawfare no es más que una herramienta de poder para imponer modelos neoliberales (no sólo en la Argentina sino también en otros países de America Latina) la incidencia que tiene su implementación no afecta solamente a los perseguidos politicamente, sino que afecta el rumbo politico y económico de toda la sociedad.
Tal como menciona Weis, la realidad política nos muestra que esa herramienta de poder fue ejercida en momentos políticos claves en distintos países de la región. Cristina Fernández de Kirchnner fue acusada en causas penales en momentos electorales de suma importancia (recordemos que la denuncia por dólar futuro fue realizada en medio de las elecciones presidenciales en el año 2015 por ejemplo). En Brasil la ex presidenta Dilma Rousseff fue destituida y la detención de Lula tuvo el objetivo de que no se presentara a elecciones (y así allanarle el camino a la presidencia a Jair Bolsonaro) y privarlo de sus derechos políticos, los cuales ahora recupera provisoriamente por un fallo del Superior Tribunal de Justicia Federal de Brasil. El ex presidente de Ecuador Rafael Correa también fue perseguido penalmente para privarlo de sus derechos políticos, y el caso más brutal es el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia para impedir su reelección junto a múltiples denuncias penales en su contra.
A lo largo de la región hay más ejemplos de esta clase de operaciones politicas-juridicas, que en tanto técnica de gobernanza, deja en evidencia que el problema del lawfare no es sólo una cuestión judicial de algunos funcionarios o ex funcionarios, o un debate enmarcado sólo en el ámbito del mundo jurídico de abogados jueces y fiscales, sino que por el contrario tiene una incidencia política directa sobre toda la sociedad. En síntesis: el lawfare degrada el derecho penal, el Estado de derecho, el debido proceso pero también incide sobre toda la sociedad, ya que termina siendo una herramienta de poder de los regímenes políticos neoliberales que quieren imponerse en la región.
