Por Tomás Besada (*)
Es fácil decir que la educación nos importa. Se trata de una formulación casi automática, un lugar común, una frase hecha. Queda bien decir que la educación nos importa. Es un consenso social, una salida elegante en una mesa familiar o en una conversación entre amigos. Se habla de educación en la calle, en el colectivo o en el tren: la disconformidad con el estado actual del sistema, la preocupación por los chicos y chicas cada vez más absorbidos por las pantallas, etcétera.
Decimos que la educación nos importa. Pero ¿qué tanto nos importa realmente?
Cuando la conversación abandona el terreno de las declaraciones generales y se pregunta a la ciudadanía cuáles son los principales problemas del país, la educación aparece bastante lejos de los primeros puestos.
En el último informe que realizamos desde Argentinos por la Educación analizamos la percepción social sobre la educación y las políticas educativas en Argentina y América Latina. Según los datos más recientes de Latinobarómetro, sólo el 5% de los argentinos considera que la educación es el principal problema del país. La educación ocupa el séptimo lugar en el ranking de preocupaciones, detrás de temas como la economía, la política, el desempleo y la inseguridad.
A partir de este dato pueden hacerse distintas lecturas. Una interpretación posible sería pensar que, si la educación no aparece entre las principales preocupaciones, quizás no sea percibida como un problema crítico. Sin embargo, una mirada un tanto más profunda sugiere otra explicación: en contextos atravesados por crisis económicas, pérdida de ingresos, inflación, inseguridad o incertidumbre política, las preocupaciones más inmediatas tienden a desplazar a aquellas cuyos efectos se observan en el largo plazo. La baja prioridad otorgada a la educación no necesariamente refleja la ausencia de problemas educativos, sino la competencia con urgencias que impactan de manera más directa sobre el día a día de la sociedad.
La valoración de las políticas educativas refuerza esta hipótesis. La satisfacción ciudadana con la gestión educativa se mantiene en niveles fluctuantes, pero persistentemente bajos. Según los últimos datos disponibles, apenas el 35% de los argentinos se declara satisfecho con las políticas educativas. La combinación puede llamar un tanto la atención: la educación no logra instalarse como una demanda social urgente, pero tampoco existe una evaluación positiva de las respuestas que reciben los problemas del sector.
La calidad educativa no es un tema aislado de la economía, el empleo o la movilidad social; por el contrario, está profundamente vinculada con ellos. Lograr que la sociedad perciba esa relación es una condición necesaria para construir los acuerdos y las políticas sostenidas que el sistema educativo necesita
¿Se trata de un fenómeno argentino o es necesario cruzar la medianera y mirar a nuestros países vecinos? En América Latina, apenas el 3,4% de los encuestados identifica a la educación como el principal problema de su país -cuando en Argentina alcanza un 5%-. Incluso en los casos donde la preocupación es relativamente mayor, como Brasil o Uruguay, los porcentajes continúan siendo bajos en comparación con otros temas que dominan la agenda pública.
El leitmotiv es el mismo. La educación puede ser esencial y básica, la gente incluso puede acordar con facilidad en torno a ello. Pero en sociedades signadas por la desigualdad lo urgente siempre le gana a lo importante. Y lo hace con justa razón y sólidos argumentos.
Esta baja preocupación social que despierta la educación convive con indicadores educativos que describen una situación compleja. Volviendo a Argentina, los resultados de aprendizaje muestran dificultades persistentes para que todos los estudiantes alcancen niveles satisfactorios de lectura y matemática. A ello se suman problemas vinculados con la pérdida de días y horas de clase, las dificultades para garantizar trayectorias escolares continuas, la situación salarial docente y las brechas de infraestructura que todavía afectan a muchas escuelas del país.
En este contexto, el desafío es doble. Necesitamos mejorar la educación, pero antes necesitamos volver a interesarnos por ella y recuperar su centralidad en la agenda pública.
Las sociedades suelen movilizarse frente a aquello que perciben como urgente. Es completamente comprensible que la seguridad, el empleo o los ingresos concentren buena parte de las preocupaciones ciudadanas. En esa carrera por copar la discusión pública, la educación muchas veces corre desde atrás.
Sin embargo, los grandes avances educativos de la Argentina se construyeron a partir de una mirada estratégica y de largo plazo. La educación es una inversión cuyos resultados no siempre son inmediatos, pero constituye los cimientos sobre los cuales se construyen las oportunidades futuras y el desarrollo económico y social de un país. Muchos de los problemas que hoy sí ocupan el centro de las preocupaciones ciudadanas encuentran, al menos en parte, una respuesta en una mejor educación.
¿Y cuál es el rol de los gobiernos y de la dirigencia política? Precisamente el de otorgarle centralidad a las políticas educativas incluso cuando no son las que ofrecen mayores réditos políticos inmediatos. Gobernar también implica sostener prioridades cuyos resultados se verán más adelante.
Revertir esta situación requiere volver a conectar la educación con las preocupaciones concretas de la ciudadanía. Y para eso hacen falta dos cosas: demanda social y decisión política. La calidad educativa no es un tema aislado de la economía, el empleo o la movilidad social; por el contrario, está profundamente vinculada con ellos. Lograr que la sociedad perciba esa relación es una condición necesaria para construir los acuerdos y las políticas sostenidas que el sistema educativo necesita.
(*) Economista y Analista de Datos de Argentinos por la Educación
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