Por Emilio Augusto Raffo
Se realizó ayer el primer debate de los candidatos Presidenciales en la República Argentina bajo la supervisión de la Cámara Nacional Electoral, organismo que en principio no había incluido el tema de los Derechos Humanos para ser discutido por los candidatos.
La cuestión relativa a la violación de esos derechos por parte del terrorismo de Estado que asoló nuestro país desde 1976 hasta al felizmente restaurado sistema republicano en 1983, fue incorporado por pedido expreso de más del 58% de ciudadanos que ingresaron al sitio web y así lo solicitaron.
Se indica que el desarrollo del debate obtuvo más del 40 % de rating, con lo cual es harto evidente el interés de la población en que este y otros temas fueran debatidos, esencialmente a raíz de ciertos amagues negacionistas de las atrocidades cometidas durante ese horrendo periodo, sino también hasta el presente, por tratarse de delitos de acción continuado (como lo es la apropiación ilegal de bebes) sino también por las sentencias recaídas durante los últimos años por delitos de lesa humanidad.
Nos sorprende a muchos las expresiones vertidas por los candidatos Patricia Bullrich y Javier Miel que contraría el sentir de una gran mayoría del pueblo argentino, uno de ellos señalando que la cifra de desaparecidos, torturados, muertos etc. etc. se reduce a una cifra cercana a los 8000, y la otra señalando, tangencialmente, la necesidad de “una memoria completa entre otras inexactitudes y falacias.
Respecto de las manifestaciones del candidato Milei y de su compañera de fórmula Villarroel no he de ocuparme pues excedería el estrecho marcho de estas desordenadas líneas, pero si estimo pertinente señalarle a la candidata Patricia Bullrich que durante su Gobierno de Cambiemos (Hoy Juntos por el Cambio y de su partido PRO) su compañera de espacio siendo Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, promulgó la ley 14910, sancionada el 23 de marzo de 2017, cuyo articulo primero señala:
“ Incorporase de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la Provincia de Buenos Aires, el término Dictadura Cívico Militar, y el número de 30000 junto a la expresión Desaparecidos, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983” Norma que debe ser respetada por todos y pone en evidencia la falsedad y falta ubicación de las expresiones allí vertidas.