Por Paolo Zaniratto (*).-
Rudolf Von Ihering fue un jurista y filósofo alemán que desarrolló sus ideas durante el siglo XIX en base a un postulado inicial que expresa que “la idea del derecho encierra una antítesis que nace de esta idea, de la que es completamente inseparable; la lucha y la paz; la paz es el término del derecho, la lucha el medio para alcanzarlo”. La lucha por el derecho para Ihering es la lucha contra la injusticia, pero si el derecho abandonara esa lucha se negará a sí mismo. Una sociedad organizada sin derecho es una sociedad donde rige la ley de la selva, la ley del más fuerte. Esa imposición del que detenta el poder se puede disfrazar como una relación contractual “libre”, pero siempre en la realidad detrás de ese velo emerge en verdad la imposición autoritaria de la voluntad de una de las partes.
Ihering menciona que para evitar esa negación del derecho se necesita de una “heroica resistencia” contra aquella injusticia. Suena lógico si entendemos al derecho como el resultado de resistencias, luchas sociales, defensa de los intereses populares, y no como una idea lógica y meramente normativa, encerrada en los armarios vetustos de los tribunales. La injusticia es la negación del derecho, implica en si una situación arbitraria, o sea una acción ejercida mediante el poder sin ninguna consideración sobre lo que establece el derecho. Ihering incluso va más allá y establece que “…sentir el dolor y permanecer indiferente, soportarlo con paciencia sin defenderse, constituye una negación del sentimiento del derecho…que en general no dejarían de traer graves consecuencias para el sentimiento del mismo…”.
El DNU inconstitucional emitido recientemente por el Gobierno Nacional es en sí mismo y sin lugar a dudas una negación del derecho y una antítesis de la división republicana de los poderes del Estado. Y esa negación se expresa vulnerando ya sea los derechos laborales, los derechos económicos, sociales y culturales de las mayorías: el derecho a la vivienda, a la salud, entre otros.
Intentar terminar con el estado de derecho en Argentina e instaurar una especie de totalitarismo financiero no puede ser aceptado sin más por el pueblo argentino. Los poderes monárquicos fueron durante siglos la negación de la soberanía popular, hoy esa soberanía popular está en riesgo a través del ejercicio de un poder económico concentrado que solo lucha por sus intereses corporativos.
Por todo esto, los intereses populares los derechos deben ser defendidos en tres esferas, dos institucionales y una en sintonía con lo postulado por Ihering: la vía legislativa a través de la derogación del decreto por parte del Congreso Nacional, la judicial para su formal declaración de inconstitucionalidad y posterior invalidez y, por último: la acción directa llevada a cabo por la sociedad a través de su derecho legítimo a manifestarse.
Cuando el poder gobernante se transforma en opresor (esto sucede por ejemplo cuando se produce la suma del poder público en una sola persona) nace un derecho a la resistencia popular, paradójicamente este derecho se encuentra consagrado por la Revolución Francesa (paradigma filosófico del liberalismo) en su declaración de los “Derechos y Deberes del Hombre” (art. 2°, año 1789) y por Estados Unidos en su declaración de Independencia (país modelo de muchos gobernantes actuales).
Es un imperativo ético por lo tanto para la sociedad argentina, expresando los intereses populares como única expresión legitima del pueblo, entender que la negación del derecho da nacimiento a una lucha política de defensa del estado de derecho.