Por Mg. Pablo Mesa – Coordinador Académico del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM)
La agenda ambiental en la Argentina ha tenido, a lo largo de la historia contemporánea, avances y retrocesos. La dinámica de los conflictos ambientales que nos interpelan como sociedad plantea en la actualidad dos agendas, ambas necesariamente compatibles y de abordaje urgente. Por un lado, la agenda pendiente, no resuelta, que habla de más de 5.000 basurales a cielo abierto en nuestro país y de ciudadanos que no cuentan con servicios elementales como acceso a agua segura y cloacas; por el otro, la vinculada al gran desafío que nos demanda la crisis ambiental, que no es solamente ambiental, sino que es una crisis de modelo civilizatorio, donde los patrones de producción, consumo y descarte sostenidos a través de una economía lineal están poniendo al límite la capacidad de nuestro planeta. En este escenario, la crisis climática se presenta como un desafío cercano, concreto, tangible e innegable.
Existe un consenso a nivel global, regional, y hasta hace poco nacional, que entiende necesario abordar de forma urgente estas agendas, no sólo para satisfacer las demandas de los ciudadanos, sino también para imaginar un desarrollo estratégico para nuestro país.
Los cambios propuestos por el proyecto de ley ómnibus en materia ambiental atentan contra la protección de los recursos naturales de nuestro país. Cada una de las modificaciones está diseñada a la medida de los sectores más concentrados de la economía y de intereses transnacionales
El gobierno del presidente Javier Milei deja las evidencias científicas de lado y los consensos alcanzados a la hora de tomar decisiones. No tiene en cuenta la importancia de los servicios ambientales ecosistémicos que prestan los ambientes naturales, ni el rol central que debe cumplir la protección de la biodiversidad, de los bosques, suelos y recursos. Estos elementos de análisis no impactan en sus decisiones, convirtiendo el debate racional en un debate ideológico, donde las evidencias y los datos concretos ya no son suficientes.
La teoría del riesgo
La Ley General del Ambiente Nº 25.675, sancionada en noviembre del 2002, establece los objetivos, principios e instrumentos de la política y gestión ambiental que deberán ser integrados en las previsiones de carácter ambiental por los distintos niveles de gobierno a través de todas sus decisiones y actividades, asegurando y afianzando su cumplimiento. En su artículo 4º establece los principios a los cuales debe asirse la política ambiental Argentina; entre estos se encuentran los principios precautorios y el de prevención, por citar algunos de ellos.
La ultraderecha y sus socios imponen como dogma que la preservación del ambiente y la calidad de vida de la población son escollos para salir de la actual crisis económica
La construcción normativa en materia ambiental de la República Argentina, y la adhesión y ratificación por parte del país a tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú y su posterior aplicación, han permitido (con sus aciertos y sus errores en la práctica) evitar la depredación y la degradación de los recursos naturales y, por consiguiente, evitar el riesgo para la población de vivir en ambientes degradados.
Los cambios propuestos por el proyecto de ley ómnibus en materia ambiental atentan contra la protección de los recursos naturales de nuestro país. Cada una de las modificaciones está diseñada a la medida de los sectores más concentrados de la economía y de intereses transnacionales.
Si hace pocas semanas la agenda del debate ambiental en Argentina daba cuenta de la necesidad de una transición energética promoviendo energías renovables, de contar finalmente con una ley de humedales, con una ley de ordenamiento ambiental del territorio, de evaluaciones de impacto ambiental y estratégica, de leyes de responsabilidad extendida del productor y de economía circular, lo que hoy se impone como dogma es que la preservación del ambiente y la calidad de vida de la población son escollos para salir de la actual crisis económica.
Este planteo bárbaro (en términos civilizatorios) nos obliga a asumir la totalidad de los riesgos de todas las actividades que se pretendan desarrollar en nuestro país sin ningún tipo de control ni evaluación de las posibles afectaciones al ambiente y a nuestra salud.
El Estado juega un rol determinante en materia ambiental y no puede, de ninguna forma, ser reemplazado por el mercado
Como sociedad deberíamos preguntarnos si este es el camino correcto y la magnitud del riesgo que estamos dispuestos a asumir sobre nuestra calidad de vida y nuestro futuro.
Mercado sin Estado
Como el planteo que impulsa el proyecto de DNU del gobierno del presidente Milei no se sustenta en las evidencias científicas sino que es de corte ideológico, resulta difícil debatir seriamente -con ejemplos reales y documentados- estrategias de salida a la crisis económica a costa de extranjerizar y privatizar los recursos naturales de un país.
Como aporte al debate racional y propositivo, entiendo que el Estado juega un rol determinante en materia ambiental y no puede, de ninguna forma, ser reemplazado por el mercado. Vayan algunos ejemplos:
* Fijación de límites de emisión de contaminantes.
* Fijación de estándares de calidad del medio.
* Fijación de volúmenes mínimos de stocks de recursos.
* Tasas máximas de aprovechamiento de recursos naturales.
* Obligatoriedad de la evaluación del impacto ambiental previo para determinados proyectos de obras o actividades.
* Planificación territorial de actividades y obras.
* Creación y manejo de áreas naturales protegidas.
* Poder de policía para el control y la sanción.
Finalmente, si el nuevo paradigma es el de la vieja teoría del derrame, pero esta vez en materia ambiental, no esperemos que se derramen más que pasivos ambientales, glifosato y cianuro, sin ningún control. Sin protección ambiental a través de políticas públicas eficientes e integrales, no existe desarrollo posible.