La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires Juliana di Tullio denunció mediante sus redes sociales haber sido víctima de espionaje ilegal, y apuntó contra la Agencia Federal de Inteligencia a cargo del interventor Silvestre Sívori, un ex funcionario del macrismo y persona de confianza del Jefe de Gabinete de Ministros Nicolás Posse, cuyo pliego aún queda pendiente de ingreso en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación.
“Hola Agencia AFI, ojalá que pincharme el teléfono les sirva para algo más que escuchar mis puteadas al gobierno. Amén de mis conversaciones personales, claro. Hace añares que tengo el mismo número y me niego a entregarles mi vida”, expresó Di Tullio. Luego arremetió contra Javier Milei al firmar que “esto se hace con la plata de los pagadores de impuestos, ¿por qué no corta la gran caja de los gastos reservados de la Agencia AFI y les paga los remedios a los pacientes graves?”.
Sin respuestas
Públicamente, hasta el momento ninguna autoridad del gobierno nacional intervino en el asunto. Consultada respecto de los dichos de personas cercanas a Sívori a elDiarioAR acerca de que la AFI no hace espionaje ilegal y que evalúa realizar una denuncia en la Justicia por la acusación, la senadora expresó que “Sívori no se contactó conmigo ni se puso a disposición. Es muy grave que un funcionario público en vez de querer mejorar los sistemas de control, investigar y conocer la verdad, amenace a la víctima”.
Por qué las escuchas son ilegales
Las actividades de inteligencia interna se encuentran expresamente vedadas por los incisos 2 y 3 del artículo 4° de la Ley N° 25.520; dispositivos legales que expresamente prohíben al Estado y sus Organismos la posibilidad de:
a. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.
b. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.
Del mismo modo, el artículo 42 de la Ley N° 25.520 conmina a los hechos denunciados por Di Tullio con penas de prisión de tres a diez años para sus autores.
Por tal motivo, Di Tullio afirmó que continuará el camino habitual de tratamiento de este tipo de casos ya que “toda pinchadura de teléfono es ilegal”. Además, debido a su participación en años anteriores de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, la senadora debe guardar secreto por lo que solicitará autorización expresa al Poder Ejecutivo Nacional para ser relevada de dicha obligación y, de ese modo, poder radicar la denuncia judicial en la que se dé cuenta detallada de la maniobra en cuestión y el modo en que tomó conocimiento de ésta.
Los Gastos Reservados de la AFI
Bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el 2015 el Congreso reformó la Ley de Inteligencia Nacional y creó la AFI. Algunos cambios:
a. El director y subdirector del organismo serían designados por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) con acuerdo del Senado.
b. Creó una “nueva doctrina de inteligencia nacional” que distinguía entre los fondos públicos y los fondos reservados y restringía de la protección de identidad sólo a los agentes de inteligencia.
c. Creó la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia para su control.
Mauricio Macri en mayo de 2016 dictó el Decreto 656/2016. El mismo, dejó sin efecto los principales artículos del decreto de 2015, determinó que todos los fondos volverían a ser reservados y que todos los empleados serían considerados “agentes de inteligencia”, por lo tanto, de identidad reservada.
Ya en el 2019, Alberto Fernández dicta el Decreto 52/2019, nombra a la fiscal Cristina Caamaño como interventora de la Agencia y vuelve a poner en vigencia los artículos de la reglamentación de 2015 que favorecían la transparencia del organismo.
En este marco, la Presidenta del Bloque Unión Ciudadana del Senado de la Nación realizó una presentación ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, y solicitó información sobre el presupuesto con que actualmente cuenta la AFI para cubrir los Gastos Reservados debido a que “el Ejercicio Fiscal 2024 carece de Presupuesto aprobado”.
Actualmente la AFI cuenta con $ 651.050.000 para Gastos Reservados.