Por Guillermo Torremare*
El derecho a la cultura y los derechos que de ella derivan, que podríamos llamar derechos culturales, son derechos humanos, como la vida, la integridad física, el trabajo, la salud, la educación, entre otros.
Su promoción y respeto es esencial para mantener la dignidad humana y para la interacción social positiva de individuos y comunidades en un mundo caracterizado por la diversidad y la pluralidad.
Toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural. Así lo establecen muchas normas jurídicas, entre ellas el principal tratado internacional de derechos humanos que incluye a la cultura de manera específica y se llama Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que forma parte de nuestra propia Constitución Nacional.
El derecho a participar en la vida cultural puede calificarse de libertad. Para que esa libertad exista es necesario que el Estado haga dos cosas diferentes: 1) que no interfiera en el ejercicio de las prácticas culturales y en el acceso a los bienes culturales; y 2) que tome medidas positivas para que las personas puedan participar en la vida cultural, promoverla y facilitarla y dar acceso a los bienes culturales y preservarlos.
La plena realización del derecho de toda persona a participar en la vida cultural requiere de la existencia de cuatro elementos: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Veamos cada uno:
a) La disponibilidad es la presencia de bienes y servicios culturales que todo el mundo pueda disfrutar y aprovechar (bibliotecas, museos, teatros, salas de cine y estadios deportivos; etcétera).
b) La accesibilidad consiste en disponer de oportunidades efectivas y concretas para que las personas disfruten plenamente de la cultura, lo que quiere decir que esta debe estar al alcance físico y financiero de todos y todas, sin discriminación.
c) La aceptabilidad implica que las leyes, políticas, estrategias, programas y medidas adoptadas por el Estado para el disfrute de los derechos culturales deben formularse y aplicarse de tal forma que sean aceptables para las personas y las comunidades de que se trate. Esto quiere decir que se debe consultar con esas personas y comunidades cuando se programen medidas culturales.
d) La adaptabilidad se refiere a la flexibilidad y la pertinencia de las políticas, los programas y las medidas adoptados por el Estado en cualquier ámbito de la vida cultural, que deben respetar la diversidad cultural de las personas y las comunidades.
La cultura, como producto social, debe estar al alcance de todos y todas, en condiciones de igualdad y no discriminación.
Si bien sería insensato no reconocer a los problemas derivados de la falta de recursos económicos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –que forma parte de nuestra Constitución Nacional- impone a los Estados la obligación expresa y continua de adoptar medidas deliberadas y concretas destinadas a la plena realización del derecho de toda persona a participar en la vida cultural. Eso quiere decir que se deben utilizar el máximo de los recursos económicos posibles.
Además, no es posible tomar medidas regresivas en relación con el derecho de toda persona a participar en la vida cultural. Esto quiere decir que el goce de derechos debe ir en aumento. Debe ser progresivo. Si logramos la existencia, por ejemplo, del INCAA, sería ilegal desactivarlo, desfinanciarlo o cerrarlo. Salvo, claro está, una causa muy grave y justificadísima.
El empoderamiento cultural inclusivo resultante del derecho de toda persona a participar en la vida cultural es una herramienta para reducir las desigualdades que humillan a la condición humana.
Todos estos conceptos tienen la aceptación de la comunidad internacional y han sido sostenidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas desde hace más de 15 años.
A contramano de la razón y de la historia, pero coherente con el resto de sus políticas públicas, el presidente Javier Milei ha entendido que todo lo vinculado a la cultura es un gasto superfluo y como tal debe ser sacrificado en el altar de los poderosos, para quienes el Estado solo debe gastar en la custodia de sus bienes y la represión de las protestas.
Tenemos acá otro llamador para militar en contra del gobierno que propone derechos solo para quienes pueden pagarlos.
*Presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y prosecretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).