Resulta que producir un auto en la Argentina cuesta alrededor de 16.000 dólares, cuando un auto chico se consigue a nivel internacional a unos 10.000 dólares, mientras que la balanza comercial del sector dejó el año pasado un déficit de 4.000 millones de dólares, cifra que el titular del sindicato de los mecánicos (Smata) Ricardo Pignanelli hizo subir a un promedio de 7.000 millones de dólares anuales, aunque gracias a las medidas anunciadas podría reducirse a unos 1.000 millones este 2021
¿Qué sucede?
Es simple, las terminales argentinas dependen de buena parte de los insumos importados y llegan al país más vehículos producidos fuera de las fronteras que los armados en el país, en un proceso que se agigantó durante el macrismo, ante la falta de controles e incentivos para fabricar localmente con una mayor cantidad de componentes nacionales, aunque en el último año esta tendencia se revirtió muy parcialmente.
El acuerdo sectorial
Según se informó en la presentación del acuerdo sectorial, la industria automotriz forma parte de la historia de la Argentina y se recordó que ya en 1901 gracias al impulso de Celestino Salgado se produjo el primer vehículo artesanal en el país y en 1912 Horacio Anasagasti pone en marcha la primera producción serial con componentes importados, pero también con otros producidos en el país. Y en 1925 Ford lanza la producción del modelo T, convirtiéndose en la primera fábrica de la marca fuera de Estados Unidos. También hubo modelos nacionales que hicieron historia, como ser el Rastrojero, la Estanciera y, más recientemente, el Torino.
En el país hay en este momento 12 terminales automotrices que dan empleo a 80.000 personas en forma directa y una red de 600 concesionarios que emplean a otras 150.000 personas. Además el sector representan el 7,5% del PBI Industrial y aporta U$S 2.968 millones anuales a la recaudación impositiva.
Desde la Argentina se abastece a 35 mercados en los 5 continentes (con 54% de participación en las exportaciones) con una generación de U$S 5.000 millones anuales por exportaciones, según las estimaciones para el año pasado.
Sin embargo “diversos motivos y circunstancias llevaron a la paradoja de que fabricar vehículos en Argentina se convirtiera en un pasivo cada vez más gravoso para nuestra balanza comercial. Este factor alcanzó ribetes dramáticos en el año 2017, año en el que cada automóvil que produjo la industria automotriz convencional tuvo un impacto equivalente de más de 16.700 dólares de déficit externo, un valor mayor de lo que cuesta un automóvil económico en cualquier mercado mundial y que nos obliga a replantearnos qué industria automotriz queremos, y para qué. En la pregunta o en su respuesta impera la urgencia de cualquier iniciativa que persiga atinar su solución”, señala el proyecto de ley para el sector que impulsa el Gobierno y que anunció el propio Alberto Fernández este martes.
En este contexto, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) Daniel Herrero, sostuvo que esa industria está «con niveles de producción superiores a la prepandemia», que estimó en un 30% interanual. Además, estimó que este año habrá un fuerte incremento de las exportaciones, a partir de la decisión del Gobierno de eliminar retenciones.
«La industria automotriz está trabajando a pleno. Hemos incorporado trabajadores nuevos. Estamos creciendo un 30% por encima del año pasado», destacó Herrero, quien a la vez es presidente de Toyota Argentina una de las empresas que más impulsa la participación de componentes nacionales en sus modelos
En declaraciones radiales, el dirigente empresario destacó la iniciativa del Poder Ejecutivo para impulsar a la industria automotriz: «Cuando la Argentina dialoga nos va bien. El presidente Alberto Fernández apoya el consenso». También, afirmó: «La idea es seguir creciendo. La Argentina tiene un potencial muy grande, es un productor muy importante».
Pero el crecimiento de la producción automotriz en sí misma no necesariamente es una buena noticia y ya durante el tramo final del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en medio de las restricciones externas, las terminales debieron hacer milagros como contabilizar exportaciones de soja para hacerse de los dólares necesarios para poder importar los insumos mientras se rompían records de venta y producción a nivel local.
A partir de esa experiencia, el gobierno de Alberto Fernández trabajó en la implementación de un proyecto de acuerdo para el desarrollo de la industria automotriz, con todos los componentes de la cadena productiva, que estuvieron presentes durante los anuncios y que en lo fundamental busca consolidar una industria automotriz sustentable, competitiva y con una visión de futuro. Ni más ni menos de lo que se busca implementar en otros sectores productivos y que específicamente para el sector automotriz no sólo impulsa la sustitución de importaciones sino también avanzar en la electrificación de vehículos, Es que, Argentina tiene ventajas competitivas de importancia por conformar junto con Chile y Bolivia el triángulo del litio el insumo clave para la producción de la baterías para vehículos eléctricos.
El proyecto para promover inversiones en la industria automotriz y su cadena de valor prevé, entre otros beneficios, la eliminación de los derechos de exportación, que según el decreto 150/2021 publicado en el Boletín Oficial, alcanza a las exportaciones de vehículos cero kilómetro superiores a las del año anterior, según el anuncio de Alberto Fernández junto a empresarios en el Museo del Bicentenario el martes.
“Fíjase en 0 % la alícuota del Derecho de Exportación para las exportaciones incrementales de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur, en términos de su valor FOB, realizadas por cada exportador hasta el 31 de diciembre de 2021, considerando como período base el año 2020″, según el texto oficial. En consecuencia, se mantendrán los derechos de exportación de 2020 con una alícuota de 4,5% pero se desgravarán en su totalidad las denominadas «exportaciones incrementales» es decir las que superen los volúmenes del 2020.
«Las mercaderías alcanzadas por lo dispuesto no deberán abonar ninguna otra alícuota del derecho de exportación distinta a la allí establecida», aclaró el decreto.
Por otra parte se impulsa una ley acordada con el sector por el cual las inversiones en bienes de capital nuevos, incluyendo obras de infraestructura destinadas a la actividad, podrán gozar de «saldo libre de los créditos generados por el IVA para aplicar contra impuestos nacionales, amortización acelerada en Ganancias para los bienes muebles en tres cuotas anuales e iguales, y derecho de exportación cero».
Detalles del proyecto
El proyecto anunciado por el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario incluye a las empresas productoras de automóviles, utilitarios, comerciales livianos, camiones y chasis, motores, cajas de transmisión, ejes, autopartes y piezas, o de quienes realicen determinados procesos para la producción de los bienes descritos.
Además se debe cumplir con un monto de inversión mínima en función del bien o el proceso que se trate; y a su vez, el bien o el proceso objeto del proyecto aprobado debe mantener un contenido nacional mínimo determinado durante los cinco años posteriores a la fecha de puesta en marcha del proyecto.
La coordinación entre los diferentes eslabones de la cadena de valor, el Estado Nacional, trabajadores y científicos, estará a cargo del Instituto de la Movilidad, que aportará ideas e iniciativas en el marco de las políticas públicas dirigidas a la industria automotriz y el sector autopartista.
La conducción y administración del Instituto estará a cargo de un directorio integrado por un presidente y ocho vocales: dos por la Autoridad de Aplicación, uno por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), tres por asociaciones empresarias y dos por representaciones sindicales (Smata y la UOM).
Los encuentros de la Mesa Sectorial Automotriz comenzaron a mediados de octubre del año pasado con la participación, entre otros funcionarios y funcionarias, del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario de Industria, Ariel Schale; y la subsecretaria de Industria, Julieta Lousteau.
El sector empresarial estuvo representado por las principales cámaras del sector (Adefa, Afac y Adimra), mientras que el sindicalismo participó a través de la UOM, Uomra y Smata.